Más que ofuscado nos dicen que se encontraría aliviado el procurador General Jorge Miquelarena, por los destrozos que hubo en el edificio de Fiscalía ubicado en Rawson; en el marco de los disturbios del jueves pasado por la aprobación de la Megaminería.
“Hay causas que se han perdido en su totalidad, otras que hay que reconstruir. Muchas de ellas podrían caerse porque desaparecieron las pruebas o por extinción de los plazos procesales…” dijo el funcionario, cuando le consultaron sobre las investigaciones en proceso, pero la cuestión es que entre la gran cantidad de carpetas y expedientes que se pulverizaron estarían incluidas presentaciones que lo podrían comprometer.
No queremos ser mal pensados pero, esperemos que entre esos expedientes “perdidos” que declara el procurador no se encuentre material probatorio vinculado con la detención ilegal de Darío Fernández, el dueño de Cholila Online, donde se hallan sindicados algunos miembros de la plana mayor de la policía que se fue, como por ejemplo, el ex – subjefe policial Néstor “el tero” Gómez Ocampo; el director de Seguridad Paulino Ramón Gómez y personal de alto rango de brigadas policiales como Gabriel Casalnuovo. Por otro lado están comprometidos Rodrigo Miquelarena sobrino del procurador, Federico Mariani ex subsecretario de Informática entre otros.
Esperemos que tampoco se haya perdido documentación relacionada a los casos de brutalidad policial llevados a cabo durante la primera etapa de la pandemia, bajo el régimen “tiránico” del ex – ministro de Seguridad Massoni, donde –entre otras cosas– se denunciarían las detenciones ilegales que hubo durante la primera etapa de la pandemia con presentaciones de organismos de Derechos Humanos inclusive y el asesinato de Tino John en Lago en Golondrinas.
Si le sumamos a la nula voluntad que habría demostrado Miquelarena en estos años por impulsar esas investigaciones, en razón de su supuesto vínculo con el ala de seguridad de la provincia, un incendio que hasta muchos dicen que habría sido “obra de personas infiltradas en las marchas, enviadas por el mismo poder judicial a destruir los edificios públicos”, podríamos deducir tranquilamente que estaríamos ante un “incidente feliz” para el procurador General.
En conclusión: ¿el material probatorio de graves denuncias que comprometen a importantes funcionarios policiales y autoridades estatales en el marco de espionaje, seguimiento ilegal y una detención ilegal sufrida por Darío Fernàndez y sus hijos en la causa armada contra Cholilla Online se habrá salvado? ¿O aprovecharon para que el fuego consuma las pruebas contra el Fiscal Fernando Rivarola “soldadito” y “cajero” de Jorge Miquelarena?
