Habrá quien diga que el justicialismo no traicionó a nadie, ya que, como bien lo ha dejado en claro Alberto Fernández, y como se sabe desde Carlos Menem a esta parte, el extractivismo minero es parte de la agenda del partido. Entonces, lo que está ocurriendo en Chubut no es un acto de traición sino la consumación de una decisión anunciada y conocida por todos.
Habrá quien diga que no es una responsabilidad del justicialismo, sino de uno u otro sector, de una u otra figura individual, pero que el justicialismo, como movimiento, sigue junto al pueblo, apoyando las luchas populares. Si fuera así, 13 de los 14 diputados que levantaron la mano (no contamos a Sebastián «Cien lucas» López) serían poco menos que marcianos. No habrían llegado ahí como representantes de las bases justicialistas sino que habrían caído del espacio estelar. Pero no es así. Si el justicialismo, como movimiento, se opusiera a la megaminería, no solo no se habría aprobado el proyecto de zonificación sino que, antes, se habría aprobado la Iniciativa Popular.
El justicialismo no está expulsando a sus representantes en la Legislatura ni convocando a una pueblada para revertir la situación. No dice ni hace nada. Bueno, en realidad, ya hizo.
Disculpen mis amigos peronistas si cargo las tintas sobre la responsabilidad del justicialismo, como estructura y como red de poder. Es que la mayor responsabilidad de lo que pasó ayer y de lo que viene pasando desde hace años la tiene el partido. ¿Qué es lo que une a Juan Horacio Pais, Roddy Ingram, Emiliano Mongilardi, María Cativa, Carlos Gómez, Gabriela De Lucía, Mariela Williams, Graciela Cigudosa, Pablo Nouveau, Tatiana Goic, Carlos Eliceche, Adriana Casanovas y Mónica Saso? Todos se reconocen como justicialistas. Y lo son, claro.
Y el justicialismo, como red de poder al servicio del lobby minero, trasciende el sistema de roles legislativos. También suma las burocracias sindicales comprometidas con el saqueo y el modelo extractivista. Las voces de Jorge Ávila (Petroleros Privados), Jorge Taboada (Camioneros) y dirigentes de la UOCRA intentaron construir una imagen de reclamo del pueblo trabajador a favor de la megaminería. Estaban organizando una «movilización popular» hacia Rawson. Sabemos cómo se manejan.
Y, más allá del rol nefasto que ha jugado (y juega) el justicialismo, está la cuestión de las formas, es decir, de la combinación de la legalidad y la legitimidad.
El proyecto de zonificación fue aprobado en una sesión hecha a las apuradas. Hasta unas horas antes, el gobernador repetía el cliché prominero «Hay que discutir la minería». Pero, en realidad, nunca quisieron discutir nada. Aprobaron la zonificación sin discusión, de manera exprés. Es una falta de respeto al pueblo o a cierta idea de democracia que lo hayan hecho de ese modo, como un puñal por la espalda. Esos 14 legisladores actuaron con hipocresía, amparados en el paraguas protector del gobierno provincial y nacional y de la prensa oficial (que es mucha).
Habrá quien diga que no debería sorprender que la prensa «seria» y «tradicional» no cuestione las formas utilizadas por el gobierno para imponer la megaminería, que no recuerde que Arcioni y sus diputados ganaron las elecciones hace nada más que un par de años montados sobre un discurso ecologista. Igual, que los hermanos Sastre.
¿No cree esa prensa, tan preocupada por la salud de la democracia, que está mal que un gobierno burle de manera tan grotesca su compromiso electoral? ¿Acaso cree que el proyecto de zonificación fue elaborado de manera democrática, mediante el diálogo y la consulta a todos los sectores interesados (organizaciones ecologistas, comunidades originarias, instituciones científico-tecnológicas, etc.)? ¿No ve nada extraño en el porcentaje que, a modo de extorsión, recibirían los municipios que adhieran a la ley? ¿Cree realmente que este estado provincial, que no puede sostener edificios escolares, podrá controlar la actividad minera? ¿Sabe que el gobierno nunca convocó a organizaciones sociales y científico-tecnológicas para analizar otras alternativas productivas para la Meseta y la provincia?
Habrá quien esté satisfecho con lo ocurrido. Varios estarán frotándose las manos, pensando en lo que recibirán, de un modo u otro.
Lo cierto es que el pueblo está en la calle, indignado, denunciando a un gobierno y a una legislatura que no quiere representarlos, porque se entregó en cuerpo y alma al lobby minero. Se expresa mediante una protesta que es totalmente legítima, porque sus «representantes» lo han estafado. No hay tiempo para un voto castigo de acá a dos años: hay que salir a la calle hoy.
Miseria de la democracia burguesa. Contra tantas complicidades, la esperanza, como siempre, está en el pueblo movilizado.
La historia está abierta.
*Docente e investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia.