Menos mal que este aberrante hecho no ocurrió en Rawson, Chubut; las malas lenguas dicen que el fiscal general que tenemos por estos pagos tendría cierta afinidad con los violadores, por lo cual ya nos podríamos imaginar cual hubiera sido su “línea de investigación”.
En Palermo, provincia de Buenos Aires, hace poco tuvo lugar un hecho que parece calcado a otro que ya conocemos, ocurrido en Playa Unión en el año 2012.
Un grupo de 6 universitarios de clase acomodada se habría puesto de acuerdo para abusar sexualmente de una chica de 20 años en el interior de un Volkswagen gol blanco a plena luz del día en el sector de “Palermo Soho”. Cuatro se turnaban en el interior del rodado para someter a la joven mientras los otros dos se mantenían afuera haciendo de “campana”.
Todos se encontraban bajo los efectos de las drogas y según denuncia la chica, le habrían suministrado insidiosamente también alguna dosis para doparla y poder consumar el perverso acto con facilidad.
La suerte de la joven hubiera sido mucho peor si no hubiera sido rescatada por una pareja de comerciantes que advirtió con desconcierto como se movía el vehículo estacionado mientras era “custodiado” desde afuera por dos de los acusados. El atino de los testigos fue interceder e inmediatamente llamar a la Policía, que se encargó de detener a los implicados y darle asistencia a la víctima.
Salvo por unos detalles como por ejemplo el vehículo, el lugar y la hora en los que fueron perpetrados los hechos, el número de individuos que participó y la clase social acomodada a la que pertenecen son datos que, como chubutenses, nos llevan a recordar inevitablemente al caso que tuvo lugar en Playa Unión en 2012, que se valió el mote de “el caso de la manada”.
Para cualquier investigador la escena de Palermo sería atroz, cuatro individuos sobre una chica en el interior de un vehículo y además otros dos sujetos afuera vigilando que no haya testigos, escapa de toda racionalidad que el funcionario actuante minimice las circunstancias y convierta un flagrante delito sexual agravado en un “abuso sexual simple”… bueno, eso fue lo que hizo Rivarola con el caso de Chubut.
Aquí también, un grupo de jóvenes pertenecientes a la alta alcurnia, habrían violado en grupo a una adolescente de 16 años mientras se desarrollaba una fiesta en una residencia privada a altas horas de la noche.
El hecho tuvo revuelo nacional, pero no solamente por la esencia de las conductas que se encontraban bajo la lupa del poder punitivo, sino también por los dichos de Fernando Rivarola, el fiscal general de Rawson que se encargó de investigar el hecho.
Rivarola en uno de sus dictámenes manifestó una polémica frase que lo convirtieron en el blanco de los medios nacionales de forma prolongada en el tiempo, calificó la conducta de los acusados como un “desahogo sexual”.
A esas palabras, debemos sumar el hecho de que a quienes se les acusa, son individuos pertenecientes a la clase alta, hijos de familias que mantendrían un estrecho vínculo con el poder traducido en “amistades beneficiosas”, y además debemos tener en cuenta que Rivarola encaminó sus actuaciones a llevar a los acusados a un juicio abreviado, investigación que hubiera culminado en un abuso sexual simple, excarcelable luego de pasados 3 años de prisión.
Su pasado como funcionario público tampoco lo ayuda mucho, si hiciéramos un esfuerzo desmesurado por sacarlo de la ecuación de las influencia del poder aún así nos sería muy difícil defenderlo. Es un fiscal que siempre habría tenido un licencioso vinculo con el poder público y ha estado implicado en irregularidades como, por ejemplo, el espionaje llevado a cabo por un agente de la AFI que presuntamente hacía tareas de inteligencia ilegales a medioambientalistas de Cushamen en favor de Rivarola.
El año pasado, el fiscal general volvió ser el centro de la polémica por supuestamente proteger a un médico pedófilo perteneciente al cuerpo forense del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. La organización estadounidense “National Center For Missing and Exploited Children” (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) faltó que hiciera un desfile con carteles luminosos en su despacho de Rawson informándole de lo que estaba ocurriendo, pero Rivarola “no le prestó atención” a ese informe y muy pocos creen en la teoría del “distraído”. Esto le valió ser repudiado por organizaciones nacionales como la RATT (Red alto al tráfico y a la trata de niños, niñas y adolescentes), cuyos representantes (como la licenciada Viviana Caminos) pidieron la destitución y juicio político del funcionario.
En octubre del 2021 fue denunciado por violencia de género por su propia colega y al mismo tiempo “empleada”, la fiscal María Florencia Gómez. La funcionaria rompió el silencio en los medios de comunicación tildándolo de “machista” y asegurando que ha sufrido maltratos de parte de Rivarola, quien según los dichos de la fiscal se aprovechaba de ella por ser mujer. Esas acciones que denuncia Gómez está claro que representarían actitudes contrarias al género femenino y que para nada le ayudarían a la negativa imagen que Rivarola construyó de sí mismo mediante su intervención en el caso de “La Manada”.
En conclusión, vemos tres factores claves en el desempeño de Fernando Rivarola como fiscal general que obviamente nos sumen en la preocupación como ciudadanos chubutenses:
- Una conjetural protección a amigos del poder
- Violencia contra la mujer
- Una presunta tendencia a direccionar los lineamientos de su trabajo en beneficiar a individuos sospechados de cometer delitos sexuales.
Son claramente datos que francamente nos hacen sentir incómodos y al mismo tiempo suponer que en las profundidades de la personalidad de Rivarola se encuentran reprimidos “ciertos vicios”, los que compartiría con las personas a las cuales “investiga”. ¿Se sentirá identificado con las perversiones de los sujetos que debe perseguir?
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