Este lunes el fiscal federal Diego Luciani pedirá que Cristina Kirchner sea condenada en la causa de Vialidad, donde ya la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita montada sobre el Estado, que tuvo por objetivo beneficiar al empresario Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
Es probable que Luciani pida una condena que supere los 10 años y, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A partir de ese momento y hasta que se conozca el fallo del Tribunal Oral Federal 2, el peronismo ingresará en un río revuelto -según publica Infobae-.
Esta vez la tensión que atraviese al Frente de Todos no será por el rumbo de la gestión, los nombres del Gabinete o las medidas económicas, sino por la compleja causa en la que está involucrada la Vicepresidenta y ha tomado gran parte de la escena política de las últimas semanas.
Desde hace varios días que el kirchnerismo duro, con La Cámpora a la cabeza, viene anticipando en forma pública que habrá una reacción masiva en el caso de que a la Vicepresidenta la condenen. El latiguillo que inundó las redes sociales con el sello camporista es: “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”. Simple y claro.
Además, aparecieron en distintos lugares del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, carteles y pintadas dedicas a la Justicia. La mayoría de ellas con una frase similar a la que se multiplicó en las redes: “Jueces macristas, si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”.
En Julio de este año Cristina Kirchner empezó a mover el avispero judicial y político cuando aseguró que su causa tenía la sentencia “escrita y firmada”. La Vicepresidenta tiene en claro que el fallo que se conocería antes de fin de año, no le será favorable. Como consecuencia directa, el kirchnerismo inició un proceso de cuestionamientos a los fiscales y los jueces.
Lentamente empiezan a aparecer solicitas, cartas abiertas y voces reconocidas de distintos sectores del peronismo que respaldan a la Vicepresidenta y aseguran que está sufriendo una “persecución judicial y política” y que la justicia federal y la oposición buscan “proscribirla”, para que no compita en las elecciones del 2023.
El último mensaje fue emitido por el bloque de diputados del Frente de Todos, que conduce Germán Martínez y que hasta hace poco lideraba Máximo Kirchner. Aseguraron que había una “persecución judicial” con “amplificación de los medios”, y advirtieron: “La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución”.
El mensaje más contundente fue, sin dudas, el de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, una dirigente muy ligada a Cristina Kirchner y enfrentada con Alberto Fernández. “No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo. Nosotros somos la justicia”, afirmó hace pocos días.
El mensaje de La Cámpora a la justicia federal
En ese contexto, la agenda judicial de la Vicepresidenta pasó de los medios de comunicación a la vida interna del peronismo, algo que no venía sucediendo. De hecho, el ala crítica del kirchnerismo dentro de la coalición acusaba a Cristina Kirchner de tener una agenda paralela a la de los intereses de la gente común. Ahora su proceso judicial es tema de todos.
En la coalición oficialista se empezaron a mirar de reojo por el avance de la causa que tiene a la ex Jefa de Estado bajo la lupa de la Justicia. El kirchnerismo empuja un posicionamiento público de la fuerza política, pero en el Frente de Todos muchos dudan sobre cómo reaccionar.
La señal más contundente y federal que logrearon es la firma de una carta por parte de 509 intendentes del interior del país, quienes manifestaron una fuerte “preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.
Alberto Fernández y Sergio Massa, por ejemplo, aún no se han expresaron en público sobre el accionar judicial en la causa de Vialidad. El Presidente se ha manifestado sobre la Corte Suprema y el sistema judicial, pero no sobre el fiscal Luciani y el proceso que llevó adelante.
Los gobernadores del PJ aún no se han pronunciado. Tampoco la mayoría de los ministros que conforman el Gabinete, ni los integrantes del Frente Renovador. Ni la CGT ni los movimientos sociales. La situación judicial de Cristina Kirchner genera incomodidad en las diferentes terminales del Frente de Todos.
En la Casa Rosada hay quienes temen que una posible condena de la Vicepresidenta derive un clima muy caliente en la calle y una alteración de la paz interna, y forzada, que hoy existe dentro del Gobierno. Además, de que un desequilibro de esa magnitud pueda tener un impacto negativo en el mercado cambiario.
Recuerdan la primera indagatoria de Cristina Kirchner en los tribunales federales de Comodoro Py, cuando cerca de 80 mil personas coparon los alrededores y dieron una impactante demostración de fuerza callejera. En esta oportunidad, mucha más gente en la calle escuchando el veredicto del juez, podría derivar un clima político y social complejo, y en una jornada de máxima tensión.
El futuro judicial de la Vicepresidenta marcará la agenda del Gobierno. Ya no hay margen para que no suceda, debido a la cercanía con la definición del tribunal. En el mundo K miran con atención quién apoya y quién hace silencio. Está en juego el futuro político y judicial de la líder del movimiento. Suficiente motivo para dar la pelea en todos los frentes que hagan falta.
