La condena al ex secretario general de ATECh, Santiago Goodman, pone en superficie nuevamente el rol de los poderes del Estado -con la Justicia al frente de la embestida- y deja en evidencia al servicio de quiénes operan en una sociedad conflictiva y con problemas estructurales siempre pendientes de resolución. La crucifixión del sindicalista docente es un claro mensaje apuntado al disciplinamiento y el control social de aquellos que al protestar cruzan límites que el Estado no está dispuesto a permitir. Como se sabe, ese mismo Estado y la clase política no se proponen avanzar con la misma firmeza contra aquellos que originan con su conducta la indignada reacción social.
El próximo 18 de agosto se conocerá el fallo judicial de la jueza María Tolomei y la condena contra el sindicalista docente Santiago Goodman, a quien se acusa de haber querido incendiar la Legislatura chubutense en las desbordadas protestas que se produjeron en septiembre de 2019. Aquellos episodios se desataron con especial indignación especialmente cuando se supo del accidente y posterior fallecimiento de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar.
Nada de lo que está sucediendo y lo que está por suceder constituyen hechos aislados, y obviamente forman parte de un contexto de crisis política y desmanejo gubernamental.
Es por eso que la dureza con la que avanza la Fiscalía solicitando cinco años de condena para Goodman resulta cuanto menos una decisión que parece escasamente vinculada con la realidad que desencadenaron los acontecimientos de esa noche del 17 de septiembre y la madrugada del 18.
La Justicia arremete con todo el «peso de la ley» contra un referente sindical al que culpabiliza, junto a otros trabajadores y dirigentes estatales, por la furia desatada en aquellas indignadas y trágicas jornadas de hace casi tres años.
Dónde estan los «autores» de la violencia
Se lo acusa de querer quemar el edificio legislativo, definiéndolo como «coautor» de lo sucedido y sin definir al «autor» -o al responsable que desencadenó las protestas-, pudiendo aplicarle una condena que va de los 3 a los 10 años; y superando la primera posibilidad se haría de cumplimiento efectivo tras las rejas.
El «autor» de la indignación tiene nombre y apellido, y es el poder político. Claro que en esa faceta la Justicia no tiene pensado adentrarse, ni mucho menos sentar en el banquillo de los acusados a quienes precipitaron con sus acciones y omisiones los sucesos de 2019.
Lógicamente, los incumplimientos del gobierno no constituyen motivo para la intervención judicial, ni siquiera cuando los propios damnificados se lo exigen.
Investigar el origen y destino de una gigantesca deuda provincial fraudulenta y odiosa tampoco califica para que la Justicia «haga algo».
Mientras tanto y en tono de metáfora futbolística, como decía el mandamás de la AFA Julio Grondona, «todo pasa». Lo que llamamos «realidad» se recicla de manera permanente, aunque se vuelva estúpidamente al mismo lugar.
Resolver esas problemáticas no es incumbencia judicial -menos todavía dar respuesta al dolor familiar por las docentes fallecidas-, pero condenar severamente a Goodman y a otros luchadores sociales sí.
Estructuralmente el Poder Judicial es funcional al poder político de turno, y por eso se enjuician las consecuencias y no las causas que impulsaron esas jornadas de furia.
Goodman fue hallado culpable y habrá que ver cuál es la pena para saber si finalmente terminará o no preso. Su crucifixión conlleva un claro mensaje social para todos aquellos que protestan.
«En ningún momento la Fiscalía cuestionó el derecho de todo ciudadano a realizar una protesta en relación a un hecho que necesita ejercer. Es un derecho constitucional. Pero no se podía pretender encubrir un delito penal con una protesta social», dijo la fiscal Florencia Gómez en su alegato final.
Sus dichos marcan claramente unos difusos límites establecidos por la ley. Sin embargo, la funcionaria judicial nada dijo sobre los orígenes, las consecuencias inmediatas y posteriores de los hechos no analizados en el juicio a Goodman.
La traducción más simple y llana debe leerse como «podés protestar y si no te resuelven el problema te volvés a tu casa, al día siguiente te vas a trabajar y seguís esperando sumisamente que las cosas mejoren, porque tampoco podés estar cortando las calles todos los días y debés respetar el derecho a circular».
En aquellas jornadas de 2019 los docentes y estatales -que llevaban tres meses sin cobrar sus sueldos, sin poder usar la obra social suspendida por falta de pago y no sabían cuándo el gobierno se iba a dignar a dar respuestas- debían esperar con calma y cordura que la cuestión se encaminara en algún momento. Hasta podían presentar un amparo judicial reclamando el pago de los sueldos, como lo hicieron en muchas ocasiones sin lograr la solución pretendida.
Si sentían indignación por la muerte de las dos docentes que volvían de manifestarse en Rawson y murieron en un accidente en la ruta camino a Comodoro Rivadavia, la reacción debía ser prudente y paciente. Una marcha de silencio o de antorchas alcanzaba, porque «dentro de la ley todo, fuera de la ley nada».
Lo mismo le dice la Justicia a los piqueteros, a los hambrientos, a los despedidos, a los indignados por la falta de justicia. Así funcionan estos sistemas de poder judicial y político.
En las jornadas de 2019 fueron intempestivas y virulentas las reacciones populares frente a la desesperanza y el hartazgo.
Eso sí, para alcanzar una condena «todo vale». Infiltrar policías entre los manifestantes para hacer «inteligencia ilegal» sí es una herramienta válida para una Fiscalía que encontró al sindicalista culpable como «coautor» de los hechos en la Legislatura.
Volver a marcar claramente esos límites tiene un objetivo muy claro destinado a los que protestan, pero las luchas sociales son las que han empujado históricamente la conquista de derechos.
Por más amedrentamiento y criminalización de la protesta social que se pretenda imponer, las injusticias van a ser respondidas por los indignados de la forma en que puedan. Las reacciones populares no ceden ni ante las condenas de los estrados judiciales.
La crucifixión de Goodman reencendió la mecha de la protesta. Quizás sólo haya que recordar las manifestaciones antimineras de diciembre del año pasado y la bravura con la que arremetieron contra el poder político para pensar en una escalada ante la arbitrariedad.
La solidaridad se extendió a nivel nacional, incluyendo el paro de CTERA contra la condena judicial, y lo que estaba instalado solamente en Chubut se extendió mucho más allá de los límites provinciales.
Goodman posiblemente no vaya a ser recordado como un emblema del dirigente sindical más combativo, pero si es condenado probablemente se convertirá en una especie de mártir del disciplinamiento social; más aún si termina tras las rejas. La historia se está escribiendo y las reacciones sociales se están incubando mientras algunos descansan en sus poltronas.
