No son pocos los que sostienen que el fiscal Omar Rodríguez debería dar un paso al costado y dejar que otro acusador instruya la denuncia penal que hace unos días le hicieron a Massoni, porque Rodríguez pudo haber incurrido en un “solapado” adelantamiento de opinión, cuando todavía ni había leído la denuncia y salió por una radio de Trelew quitándole peso. Afirmando, entre otras cosas, que iba a verificar si no se trataba “de un caso que ya se planteó en su momento por parte de diputados de distintos bloques, que quedó en la nada”.
En esa entrevista, en la que el medio con el que habló el funcionario consideró que “le había bajado el precio” a la presentación realizada por el sargento Luis Suárez, del Consejo de Bienestar Policial de Chubut; Rodríguez también dijo, sin haber leído la denuncia, que la misma tenía que ver “con un convenio que se firmó con la cámara de grabadores de autopartes de vehículos y motos, lo cual fue interpretado como una especie de «privatización» en la que el ex ministro Federico Massoni se habría excedido en las atribuciones de su cargo”. Casi anticipando cuál sería su dictamen al respecto.
A Massoni no solo le atribuyen haber perjudicado al Estado chubutense con supuestos negociados para hacerle ganar millonarias sumas de dinero a empresarios conocidos de él con las Plantas Verificadoras de Automotores, que desde siempre fueron administradas desde la Policía, sino que también le endilgan haber distraído en otras cuestiones determinados recursos (como móviles policiales, por ejemplo), que deberían estar disponibles para el servicio de seguridad ciudadana: “función principal de la fuerza policial”, se destaca en la presentación realizada por el sargento Suárez, que en las últimas horas ha sido ampliada por el abogado Eduardo Conde, quien denunció también al gobernador Mariano Arcioni interpretando que tiene responsabilidad en lo que hizo Massoni.
En este marco, el fiscal que debería revisar la denuncia y valorar si tiene peso o no como para instar el inicio de una causa judicial, sin leerla, ya salió a quitarle entidad y a minimizarla en declaraciones periodísticas, repitiendo casi lo mismo que dijo Massoni también públicamente sobre la cuestión; que él ya había sido investigado por ese tema y que incluso se había vindicado ante la Justicia.
Esta, si se quiere, polémica aparición pública del fiscal de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Trelew, Omar Rodríguez; hablando casi “a favor” de un eventual imputado, debería ser una causa suficiente como para pedir su apartamiento y que la denuncia la reciba otro acusador que no esté sospechado como él de ser parcial o de no tener objetividad.
Pero si se solicitara el apartamiento de “El Toto” Rodríguez como dicen que lo llama el propio Massoni: ¿quién debería analizar si ese pedido de recusación es justo o no? El mismo que lo puso al frente de la Unidad Especial Anticorrupción: Jorge Miquelarena, el procurador General, su vez jefe y hasta dicen amigo de Rodríguez y factor fundamental de que Massoni hoy tenga un centenar de denuncias cajoneadas.
¿Cuál crees entonces que puede ser el destino de la presentación del sargento Suarez, y de la ampliación que hizo hace poco el abogado Conde agregándolo en la denuncia al gobernador Mariano Arcioni?