La denunciada es Gisela Barrientos, encargada de la Agencia de Seguridad Vial de Esquel y mujer de confianza del Ministro de Seguridad Miguel Castro, que fue demandada penal y administrativamente por una joven agente de APSV que detalló en unos cuantos párrafos el calvario que habría tenido que vivir bajo las órdenes de esta mujer.
La joven detalla que desde sus inicios en el contrato con APSV comenzó a ser hostigada encarnizadamente por Barrientos, quién ha llegado a obligarla a trabajar luego de inyectarse la vacuna contra el COVID, haciéndola desempeñarse largas horas de madrugada en las rutas con altos picos de fiebre.
Barrientos conocía el dato de que la agente de APSV mantenía a un hijo en su vientre y al parecer eso no fue óbice alguno para dar riendas sueltas al conjetural hostigamiento.
La joven estuvo al borde de sufrir un aborto espontáneo producto del estrés que le generaban estas situaciones, por lo que tuvo que efectuar una gran cantidad de visitas al médico para asegurarse sobre el estado de salud de su bebé.
Mientras todo esto sucedía, según la denunciante, Barrientos sostenía delirantemente que la joven había “buscado quedarse embarazada para estar acovachada en una oficina y no estar trabajando afuera”.
La agente de la APSV describe que Barrientos se tornaba muy violenta generándole temor de lo que pudiera hacer en lo que respecta a que esta mujer portaba relajadamente un arma de fuego.
Las medidas que tomaba contra la joven iban en escalada, haciéndole pasar altos grados de estrés mientras estaba embarazada, obviamente sin importarle estas circunstancias.
Aparentemente Barrientos la hacía trabajar feriados provinciales y asuetos mientras le permitía al resto de los compañeros tomarse estos días de descanso. Violando, por supuesto de probarse todos estos actos, normas reguladas por el derecho laboral.
La agente, ni bien ingresó al servicio en 2021 tuvo que utilizar un uniforme prestado por uno de sus compañeros. Barrientos se habría enterado de esto y con aparente malicia habría hecho correr el rumor entre las autoridades de que la joven se había comprado el uniforme, quitándole el derecho a la joven de recibir la ropa de trabajo por cuenta del estado.
Cuando aumentaron la desesperación e impotencia, la joven denunciante buscó una salida formulando un pedido al ministro Castro, solicitándole que tome medidas contra Barrientos de manera urgente, algo que por supuesto nunca va a suceder dado el grado de confianza que habría entre la denunciada y el ministro de Seguridad.
La joven agente de APSV revela detalles bastante interesantes en su denuncia penal.
La agente, cansada de todo este martirio decidió denunciarla penalmente por “Incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público por Abuso de Autoridad”. Veremos cómo se resuelve este caso, uno de tantos que se viven por día puertas adentro de la administración pública por diversas razones, demás está decir que posiblemente las represalias aumenten en intensidad contra la joven luego de haber tomado estas acciones legales, la gran pregunta es ¿Castro le soltará la mano a Barrientos?
Para contestar esa pregunta conviene adentrarnos en el pasado, donde descubrimos que Barrientos habría tenido los mismos antecedentes con otra empleada. Por este caso le llovieron reclamos al ex – ministro de Seguridad Federico Massoni, todos habrían sido archivados. Nos parece que la pregunta ya está respondida. Ahora, otro dilema: ¿Por qué la estarían protegiendo?
El 7 de noviembre, la agente presentó el reclamo administrativo en mesa de entradas de la Secretaría de Trabajo de Esquel en compañía de su abogado el Dr. Alejandro J. Castillo. Ese mismo día presento la demanda penal en la sede andina del Ministerio Público Fiscal, resta ahora esperar como se desarrolla ésta historia.