Diputados le dio media sanción a la “Ley Lucio” para que los docentes y médicos puedan denunciar casos de maltrato infantil.
Hace un año, el crimen de Lucio Dupuy (5) cometido por su madre Magdalena “Magui” Espósito Valenti (25) y su pareja Abigail Páez (28) destrozó a una familia y conmocionó al país. En su memoria, el jueves Diputados le dio media sanción el proyecto de “Ley Lucio” para prevenir la violencia contra niñas y niños.
En una sesión especial, con la presencia de la familia paterna de Lucio, aprobaron con 228 votos a favor y 0 en contra el proyecto que establece un Plan Federal de Capacitación sobre derechos de los menores de edad, destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.
También las provincias, los municipios y organizaciones sociales, deportivas y recreativas podrán adherir.
“La comisión de Familia, Niñez y Juventudes y la de Presupuesto y Hacienda votaron a favor de la propuesta por unanimidad. Esperemos que el recinto le de media sanción, ya que es acompañado por todos los bloques. En esto no hay quiebras”, dijo antes de la votación el diputado del Pro Martín Maquieyra, uno de los autores del proyecto, en diálogo con Clarín.
A su vez, hubo dos iniciativas presentadas por la diputada radical Roxana Reyes y su par del Frente de Todos, Paola Vessvessian. Las tres propuestas se tuvieron en cuenta a la hora del dictamen favorable de la comisión de Familia.
“La semana siguiente al crimen visité a la familia de Lucio. Me dijeron que teníamos que hacer algo para que no pase más esa atrocidad, aunque nada iba a cambiar que Lucio no iba a volver”, recuerda Maquieyra. Y aclara: “Todo este tiempo trabajamos con ellos”.
Tres puntos clave del proyecto de “Ley Lucio”
El diputado sostiene que la ley cuenta con tres puntos clave. Por un lado, la capacitación a empleados del Estado que trabajen en relación a la niñez “para darse cuenta si un chico es víctima de abuso”.
De hecho, el papá de Lucio, Cristian Dupuy solicitó su custodia porque el nene padecía violencia física y psicológica, pero la Justicia desoyó su pedido y determinó que siga viviendo con la madre.
La segunda cuestión es que los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público podrán denunciar de forma anónima las vulneraciones a los derechos de los niños.
La ley 26.061 obliga al personal de salud y la educación a denunciar pero por miedo a posibles represalias, muchas veces no lo hacen. “De hecho, en la escuela de Lucio una docente denunció a la familia de un alumno y la madre del chico fue al colegio al día siguiente y la golpeó”, afirma Maquieyra. Por eso, el cuidado del anonimato es previsto en la propuesta.
El diputado dijo que denunciar los maltratos que recibía Lucio era una responsabilidad de los médicos y los maestros que no lo hicieron. “El nene entró a la guardia cinco veces en tres meses por presentar lesiones, algunas de ellas de gravedad, previo a que lo mataran”, aclara.
La tercera herramienta que provee este proyecto de ley es realizar campañas semestrales de concientización sobre violencia y vulneración de derechos de niños y adolescentes.
La familia de Lucio le enviará una carta al presidente Alberto Fernández para que el Senado pueda tratar el proyecto en sesiones extraordinarias. “Me dio el pésame y yo le dije que agilizara la Ley”, explicó Ramón Dupuy, abuelo del nene, sobre el encuentro que tuvo con el mandatario en mayo pasado.
La modalidad de la capacitación podrá ser online o presencial. La cantidad de horas y otras cuestiones serán definidas por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf) y la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Además, la propuesta del diputado del Pro plantea que la implementación de la línea 102 que brinda asistencia especializada sobre los derechos de los niños sea obligatoria en todo el país. “Justamente en La Pampa, donde asesinaron a Lucio, recién comenzó a funcionar en agosto de este año”, dice Maquieyra. Y aclara: “Esa fue la última provincia que faltaba adherir”.