Los docentes comenzaron a reclamar en marzo por sus salarios. Sus sueldos eran los más bajos del país. Ante la falta de acuerdo, empezaron las protestas en las calles, a las que se sumaron otros gremios con sus demandas.
En paralelo, Morales comenzó con un proceso de reforma constitucional que limita, entre otras cuestiones, el derecho a la protesta, derechos de las comunidades indígenas y el uso de recursos naturales.
El proceso de sesión de la Constituyente debía durar 90 días. Pero la Asamblea acortó el plazo a tres semanas. Algunos de sus miembros renunciaron por la falta de transparencia del proceso. Mientras, el Ejecutivo presentó un decreto para limitar las protestas que estaban sucediendo.
La reforma fue aprobada en tiempo récord, sin generar canales de comunicación con la sociedad y sin contar con la participación de las comunidades indígenas, muchas de las cuales están preocupadas por la extracción de litio en la zona que habitan.
En distintos puntos de la provincia hubo movilizaciones de rechazo. Esas marchas fueron reprimidas con balas de goma, que provocaron decenas de heridos y detenciones arbitrarias. También hubo denuncias sobre la presencia de policías infiltrados.
Morales se arrogó el derecho de retroceder con algunos puntos de la Constitución pero las demandas siguen en las calles y la represión continúa. En este momento hay detenides y las organizaciones denuncian cacerías contra les manifestantes.
Junto a otras organizaciones de derechos exigimos el cese de la represión a las manifestaciones y la suspensión de la reforma constitucional.