El intendente de Trelew, Gerardo Merino, calificó como una “mala jugada” la posición del gerente de “EL 22”, Ariel Jones, quien ratificó que no solo pidió ejecutar un embargo de $48 millones que la Justicia le falló a favor, sino que también planea avanzar con otras dos acciones que suman un total de más de 900 millones.
Los reclamos de la empresa obedecen a desfasajes tarifarios que hubo durante la gestión anterior de Adrián Maderna, desde el 2017 hasta este 2023 inclusive. La demanda millonaria la había iniciado el titular anterior de la empresa de colectivos.
En diálogo con Fuera de Hora, Ariel Jones justificó que Merino “hizo saber que sabía que en cualquier momento le caía el embargo; esto se presentó y, en estas circunstancias, hay que hacer valer la decisión que tomó un juez”.
Consultado el intendente de Trelew, repuso por Cadena Tiempo en el mismo programa, que él viene hablando con Jones desde que fue electo el 16 de abril, siempre estuvo al tanto del proceso y habían quedado en negociar el pago de esa deuda cuando asumiera el nuevo gobierno.
“Me parece una mala jugada porque esto fue hablado, está perjudicando a los municipales, a los usuarios y no vamos a poder cumplir con compromisos con proveedores. Esto dejaría un estado en quiebra”, dijo Merino molesto con la actitud intransigente del empresario.
El intendente no desconoció la deuda que arrastra la gestión anterior, pero sí dejó en claro que había quedado en renegociarla para no afectar las arcas municipales.
No obstante, sostuvo que Jones cortó el diálogo una vez que asumió el nuevo gobierno. “El 11 de diciembre me entero de que entra un embargo y (la empresa) corta el diálogo; es una mala jugada y no le hace bien a Trelew”, disparó.
Reclamos millonarios
Según detalló Ariel Jones, el primer embargo de El 22 es por 48 millones de pesos por diferencias tarifarias del período 2013-2017. La Justicia le dio la razón a la empresa que ya encauzó la ejecución.
El otro reclamo es por las diferencias tarifarias del 2017 al 2021, por un monto de unos 190 millones de pesos.
El tercero y más reciente asciende a unos $700 millones correspondiente a diferencias que vienen arrastrando de los dos últimos años. En total la cifra asciende a más de 900 millones de pesos.
“Nos encontramos con una empresa fundida, en quiebra, y llevamos seis meses del plan de normalización y necesita incorporar esos saldos pendientes por las cuestiones que ha encarado judicialmente”, justificó el empresario los reclamos.
