El fiscal federal Ramiro González imputó este martes al expresidente Alberto Fernández y a un exdirectivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, tras la denuncia que hizo el Gobierno a través del Ministerio de Capital Humano. La investigación gira en torno a los seguros que se contrataban para dar cobertura a los jubilados que tomaban créditos a través del organismo.
Se investiga el rol de D’Angelo (actual concejal de Unión por la Patria en Quilmes) para saber si “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”. También fueron imputados Alberto Pagliano (extitular de Nación Seguros), el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA y el responsable de TG Broker S.A.
Fernández y Pagliano ya están imputados en otra causa que también impulsó el fiscal González y tiene a cargo el juez Julián Ercolini. En esa línea, el lunes a la noche se ordenaron allanamientos en la casa del broker Héctor Martínez Sosa y de su esposa, María Cantero, quien fue durante tres décadas la secretaria del expresidente.
Según informó Clarín, la División de Delitos Federales de PFA también ingresó a los domicilios del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano y del intermediario Pablo Torres García, todos imputados por el delito de administración fraudulenta al igual que Martínez Sosa.
Esta segunda imputación apunta al igual que en la anterior a la contratación de seguros en los créditos que se otorgaron a partir de 2021 y que fue advertido por Osvaldo Giordano, que estuvo poco menos de dos meses al frente de la Anses en la gestión de Milei. La cifra otorgada en créditos y contratación de seguros por parte del Estado fue de aproximadamente 10.000 millones de pesos.
En este sentido, el fiscal González solicitó a Giordano que se presente como testigo, así como también pidió un informe sobre el perjuicio que generó al Estado con esta maniobra.
Alberto Fernández fue imputado días atrás por la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado. Pablo Torres García habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. La denuncia involucra también a Héctor Martínez Sosa, quien está casado con una exsecretaria del expresidente, María Cantero.
La denuncia surge de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros durante el mandato de Fernández. La normativa -que dejó sin efecto el Gobierno- ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones.
