Esta semana se revisará la prisión domiciliaria de los miembros de la cúpula del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) imputados de haber extorsionado a empresarios de la pesca de Rawson y de Comodoro Rivadavia, obligándolos a pagarles sumas ilegales para que pudieran trabajar en esos puertos. La investigación es de la fiscal capitalina Florencia Gómez.
El SUPA representa a los estibadores de los puertos de Comodoro, Camarones, Puerto Madryn y Rawson. Según la hipótesis fiscal, a través de las modalidades “Centro de Contratación” y “Bolsa de Trabajo”, controla la oferta de mano de obra en todos los muelles.
El 7 de julio de 2023, la lista “Celeste y Blanca” ganó la elección para conducir al gremio, con Alexis Gutiérrez como secretario general; Bruno Vera como secretario gremial; Juan Carlos Inalef como prosecretario; Claudio Villarroel como protesorero; Cristian Pérez Cristian como 1° vocal titular y José Zambrano como 1° vocal suplente, entre otros.
Todo se inició el 26 de julio, en una reunión paritaria en Madryn con la nueva comisión. De acuerdo a la acusación, Gutiérrez -arbitrariamente y por fuera de paritarias-, subió un 5% más a todas las empresas, excepto a las de “fresco”. Las estibadoras se negaron a firmar el acuerdo. Entonces el SUPA se negó darles el personal para descargar de los barcos la mercadería fresca para que la materia prima llegara a las plantas procesadoras. El 18 de agosto, el gremio se reunió con algunas empresas estibadoras en Trelew para intentar un acuerdo.
Por el SUPA estuvieron Gutiérrez, Vera y Villarroel. Por las empresas, Aravales e Hijo SRL, representada por Oscar y Maximiliano Aravales; Estibajes Rawson SA representada por Carlos Yañes; Estibajes Suarmo SA representada por Alejandro Suárez, y Scarico SRL y Don Gerónimo SRL, representadas por Ezequiel Jaroslavsky.
Según la fiscal Gómez, en esta reunión, Gutiérrez habría exigido que cada empresa le pagara a él, a Vera y a Villarroel $ 2.400.000 por día, bajo amenaza de paralizar el puerto, impidiendo las descargas. La reunión terminó con la negativa de cada empresario a cualquier dinero fuera del convenio.
Tras el encuentro, Suárez llamó al representante de RV SA, Raúl Matías Cereseto, y le avisó de las amenazas. Cereseto se negó y el 24 de agosto de 2023, Gutiérrez lo amenazó: “No sabés con quiénes te estás metiendo, de dónde venimos y cuánta gente somos. Si ponés la plata no van a tener problemas. Si no la ponen, te cuento lo que va a pasar, te vamos arruinar el negocio, y te vamos hacer boleta a vos y a tu familia, ustedes eligen”.
El 25 de agosto la cúpula sindical ordenó no enviar trabajadores a las estibas en Puerto de Rawson para quienes se habían negado a pagar: RV SA; Scarico y Suarmo. La Subsecretaria de Trabajo dictó una conciliación obligatoria. Estas empresas se vieron económicamente perjudicadas para operar en el puerto.
El 29 de agosto se firmó un acuerdo en Madryn donde los involucrados decían que la situación había sido un “un mal entendido”. Pero en simultáneo, Aravales, ante la amenaza que le paralizaran el puerto en forma injustificada, habría propuesto unilateralmente abonarles 1.500 cajones ($ 813, 990), a Gutiérrez, Vera y Villarroel.
No vamos a permitir que en Chubut ganen los mafiosos. En nuestra provincia se acabaron las extorsiones y los aprietes.
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— Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 15, 2024
Imputación Oficial
De acuerdo a la imputación oficial, Fiscalía detectó que el 1º de septiembre de 2023 transferencias bancarias desde la cuenta del Banco de la Nación Argentina de RV SA a las cuentas del Banco Credicoop de Gutiérrez; del Banco Nación de Vera, y del Banco BBVA de Villarroel, por $ 813.990. Las transferencias se repitieron el 4 de octubre por el mismo importe.
Así el trío intimidó a Cereseto obligándolo a pagar, creándole un perjuicio económico y obteniendo a un beneficio económico ilegal.
Las amenazas se repetían
Otro episodio ocurrió también tras la cumbre de Trelew del 18 de agosto. Gutiérrez llamó a Suárez con la misma amenaza. La pesquisa bancaria de Fiscalía reveló transferencias el 31 de agosto de 2023 de la cuenta de la empresa del Banco Nación a las cuentas de Gutiérrez, Vera y Villarroel por $ 813.990 cada una.
El tercer hecho que se investiga también data luego de la reunión de Trelew. Sergio Pantano, socio con Jaroslavsky en Scarico SRL y Don Gerónimo SRL, estaba en el muelle del Puerto de Rawson cuando apareció Villarroel. Según la imputación, le dijo que si no iban al SUPA en Madryn, y no pagaban, “la íbamos a pasar mal”.
Pantano se lo comunicó a su socio. En principio no cedieron pero ante la desesperación de que el SUPA no le mandara personal para descargar los barcos, Jaroslavsky se reunió con Gutiérrez en la Cooperativa de Trabajo Fresco Estibajes Limitada, en el barrio 140 viviendas de Madryn. El líder gremial le exigió “que le pague a él como si fuera el mejor estibador, o sea 2 millones por quincena”. El empresario le dijo que esos montos eran imposibles. Gutiérrez replicó: “Si quiere seguir trabajando tiene que pagar; si no, que no se haga problema que hay varias empresas que quieren descargar”. Jaroslavky se vio obligado a ceder.
Se detectaron transferencias de las cuentas de Scarico y Don Gerónimo a la cuenta de Gutiérrez los días 30 de agosto por $ 271.330; el 7 de septiembre por $ 300.000; otros $ 400 mil el 22 de septiembre y el 3 de octubre, $ 271.330. El 30 de agosto y el 3 de octubre hubo dos pagos a la cuenta de Vera, en ambos casos por $ 271.330. En las mismas fechas, también dos transferencias para Villarroel por $ 271.330.
De acuerdo a la imputación de Fiscalía, el último episodio ocurrió el 24 de septiembre. Ese día se interrumpió la descarga de mercadería en el Puerto de Comodoro del barco Lucas Santino, a cargo de Trekan SRL, representada por Luis Santander. Según la cúpula del SUPA, el empresario no había cumplido con el reajuste del jornal básico.
El 28 de septiembre Santander se reunió con Inalef y Zambrano en el Puerto. Éste último le dijo: “Las medidas de fuerza van a seguir ocurriendo si no acordás pagarnos a mí y al `Chu´ (Inalef) 4 jornales por mes. Y si en algún momento dejás de cumplir, se va a parar la actividad de su empresa”. Sus colegas empresarios de Rawson le confirmaron que habían sido apretados con las mismas amenazas.
La fiscal Gómez chequeó que por WhatsApp, Gutiérrez le había dicho a Santander que otros empresarios que compartían puerto de Comodoro con él ya habían cedido. Se vio obligado a transferir el equivalente a cuatros jornales cada uno.
Según la imputación, la mañana del 7 de octubre depositó en la cuenta de Gutiérrez $ 109.678,80 por septiembre y $ 109.678,80 por octubre. En la cuenta de Inalef, $ 109.678,80 por septiembre y la misma suma por octubre. Y en la cuenta de Zambrano, $ 109.678,80 por octubre y misma suma por septiembre.
Qué dijo la fiscal
De acuerdo a la fiscal, estos paros injustificados generaban un grave perjuicio económico e incumplimiento en las obligaciones comerciales asumidas con terceros. Y por temor por su integridad física y de su familia, los empresarios se vieron obligados a pagar. Fueron intimidados y les generaron un daño económico, mientras los sindicalistas obtenían un beneficio económico.
Esta semana se revisará la prisión domiciliaria de Gutiérrez, Vera, Villarroel, Inalef y Zambrano.
