En una reciente audiencia realizada en Trelew, el juez Gustavo Castro denegó la solicitud de cómputo de pena para un condenado por abuso sexual, tras descubrir que se habían presentado certificados de capacitación falsificados. Estos documentos, que pretendían avalar estudios no realizados por el solicitante, resultaron ser de Diego Miguel Correa, exfuncionario condenado en una causa por delitos contra la administración pública.
El condenado, actualmente cumpliendo una sentencia de cinco años por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal en forma continuada contra su prima menor de edad, buscaba una reducción de su pena mediante la presentación de certificados por cursos de capacitación en oficios y educación. Esto le habría permitido acceder a la libertad condicional de ser aprobado.
Sin embargo, durante la audiencia, tanto la fiscalía como la querella se opusieron a la homologación de estos certificados, argumentando la necesidad de verificar su originalidad y validez, dado que no habían sido extendidos por instituciones oficiales autorizadas.
El juez Castro solicitó la documentación original de todos los cursos presentados y, utilizando un código QR incluido en los documentos, descubrió que al menos dos certificados pertenecían a Correa. Además, en copias simples de capturas de pantalla, aparecía el nombre del condenado, revelando un intento de manipulación documental.
Estos hallazgos llevaron al juez Castro a rechazar la solicitud de cómputo de pena reducida, destacando la importancia de la integridad y verificación en el proceso de revisión judicial.