Con el objetivo de asegurar la aprobación del Presupuesto 2025, el Gobierno nacional convocó esta semana a los gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR).
El Ejecutivo convocó a los mandatarios de la UCR, con foco en temas clave como educación, obra pública y una propuesta para resolver las deudas acumuladas entre la Nación y las provincias.
La cita, originalmente prevista para la semana pasada, se reprogramó debido a tensiones surgidas tras declaraciones del presidente Javier Milei sobre el exmandatario Raúl Alfonsín.
Ahora, el Ejecutivo busca retomar la relación y avanzar en acuerdos estratégicos con los líderes provinciales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco).
El encuentro está pautado para el martes en la Casa Rosada y estará liderado por el ministro coordinador Guillermo Francos, el titular de Economía Luis Caputo, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Según fuentes cercanas al Gobierno, la agenda se centrará en discutir partidas clave para la educación y la obra pública, así como en abordar el complejo esquema de deudas entre Nación y las provincias, un tema que ha generado importantes controversias en los últimos años.
Educación y obra pública: puntos sensibles del presupuesto
Uno de los principales intereses del Ejecutivo es renegociar la asignación de fondos para el desarrollo de obras públicas y la educación en las provincias. Se busca ajustar las partidas de estos sectores y proponer un incremento de los recursos para universidades, a través de una redistribución presupuestaria que podría afectar otros gastos como los fondos destinados a partidos políticos y a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Este ajuste en las prioridades refleja un cambio en la estrategia gubernamental, orientado a fortalecer el financiamiento de proyectos educativos y de infraestructura en las provincias. “Estamos evaluando todas las posibilidades, incluyendo una revisión de los fondos de obra pública para optimizar su distribución y responder a las necesidades de cada provincia”, expresó una fuente oficial.
La deuda interprovincial, en la mira del Gobierno
El manejo de la deuda entre la Nación y las provincias será otro tema central en la reunión. A través del decreto 969/24, el Gobierno instauró un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, cuyo objetivo es establecer un marco común para resolver las deudas pendientes. El plazo para que las provincias adhieran a este régimen es de un mes, y tendrán 60 días para presentar la documentación correspondiente ante la Secretaría de Hacienda.
En palabras de un funcionario cercano a la negociación, “queremos fijar una cifra consensuada y proceder con mecanismos alternativos, como la cesión de terrenos y acciones en empresas estatales, para resolver el conflicto de deuda que arrastra años de desajustes y disputas”. Según esta misma fuente, la intención es que el Ministerio de Economía negocie cada caso en función de los papeles presentados por las provincias, a fin de alcanzar un acuerdo sólido en un plazo máximo de 90 días hábiles, prorrogable de ser necesario.