Audiencia Vaca Muerta. Organizaciones ambientales y territoriales exigen una audiencia pública para frenar un proyecto petrolero que podría afectar la biodiversidad y las comunidades locales.
¿De qué trata el proyecto?
Un ducto transportará hidrocarburos desde Vaca Muerta hasta un puerto en el Golfo San Matías, impactando aguas protegidas y ecosistemas únicos.
La Ley 3308 que protegía el Golfo fue modificada sin consulta, vulnerando derechos ambientales consagrados en el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente.
En 2023, la audiencia pública se limitó a residentes de Río Negro, dejando fuera a comunidades de Chubut y pueblos originarios directamente afectados.
Las organizaciones alertaron que este proyecto amenaza la biodiversidad marina, el turismo en Península Valdés y los derechos democráticos.
Además, indicaron que «la Península Valdés y el Golfo San Matías son patrimonio de la humanidad. Las decisiones que los afecten no pueden tomarse en secreto».
Restricciones a la participación democrática
En julio de 2023, las autoridades provinciales convocaron a una audiencia pública presencial para el 17 de agosto, en la ciudad de Sierra Grande. Donde solamente podían participar residentes de Río Negro que se desplazasen hasta alli. Esto suscitó una fuerte oposición por parte del movimiento socio-ambiental vecinal y de las comunidades de pueblos originarios de la zona. No sólo a raíz de las restricciones y obstáculos que debieron enfrentar en el acceso a la audiencia, sino también por la documentación presentada por YPF en torno al Estudio de Impacto Ambiental, las cuales viciaron el proceso democrático.
“Restringir la participación a una pequeña porción de la población donde este proyecto tiene incumbencia. Es una afrenta a los principios democráticos que nos rigen como Nación. El Golfo San Matías, la Península Valdés y el mar Argentino son patrimonio de la humanidad y las decisiones que afecten este patrimonio no pueden tomarse a puertas cerradas”, dijo Fabricio Di Giacomo, de Las Grutas.
“El retroceso en la protección del Golfo San Matías es inconstitucional y el oleoducto atenta contra la biodiversidad de Península Valdés, sitio de patrimonio de la humanidad que atrae el turismo en la provincia de Chubut, una actividad fundamental para dinamizar la economía de nuestras comunidades que desde hace 22 años le decimos no a la megaminería, no al extractivismo y sí al turismo, al agua y la vida”, agregó Cristina Aguero, de “Asamblea Esquel No a La Mina”.
Entre los demandantes, se incluyen: la Cámara de Turismo y Servicios dept Península de Valdés; la Asociación Argentina de Guías Balleneros; Península Valdés Orca Research; la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas; la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn; la Fundación Patagonia Natural; la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la Península de Valdés; la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut; la Asamblea No A La Mina de Esquel; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB); la Fundación Inalafquen y Surfrider Argentina.