Caso Libra en el Congreso. La Cámara de Diputados formalizó la citación a la sesión especial para el próximo martes 22 de abril para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a los ministros Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, por la presunta estafa de la criptomoneda Libra, promocionada por el presidente Javier Milei.
La sesión será un día antes de que se constituya la comisión que investigará cuál fue la participación del presidente Milei y de los funcionarios del Gobierno Nacional.
Mientras el Congreso aún espera que los funcionarios citados confirmen su presencia, en el Poder Judicial el caso avanza con mayor orden. En los últimos días, la Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa sea investigada íntegramente en los Tribunales de Comodoro Py por la jueza María Servini.
Con esta decisión, se resolvió el conflicto de competencia que existía en torno a la causa y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, deberá enviar el expediente a Servini.
El expediente está a cargo del fiscal Eduardo Taiano, por orden de Servini, y busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de Libra. Además, la Justicia quiere saber la fecha de registro, la dirección IP de creación y la titularidad del dominio web “Vivalalibertadproject.com”.
Para ello, pidió los registros oficiales y la titularidad del sitio web que promovió el token para poder determinar el grado de participación que tuvo el Presidente y otros funcionarios en el lanzamiento del mismo. Para ello, se pidió acceso al Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Ministerio del Interior.
La idea es evaluar toda la información que existe sobre los encuentros oficiales que Milei u otro funcionario del Gobierno hayan tenido con Mauricio Gaspar Novelli, trader financiero; Manuel Terrones Godoy, empresario; Sergio Daniel Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores; Julian Peh CEO de KIP Protocol y Hayden Mark Davis, CEO de Kalsier Ventures.
Otra de las medidas que solicitó el fiscal fue el pedido de informes a organismos públicos y privados, que se relacionan con el mundo cripto. Sumado a eso, organismos como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Inspección General de Justicia (IGJ) y Google ya están respondiendo a las consultas de la Fiscalía.
El último movimiento se detectó el 13 de marzo cuando Taiano le pidió a la jueza federal que emita un pedido de exhorto internacional para investigar a Hayden Davis en Estados Unidos.
Si avanza la medida, Cancillería será la responsable de notificar a Estados Unidos sobre la decisión.
El 11 de abril, Taiano solicitó que se levante el secreto fiscal del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y de los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.
El fiscal solicitó la medida a la jueza María Servini para avanzar en la investigación y busca obtener información para realizar un análisis de la evolución patrimonial de los hermanos Milei.
La decisión se tomó en el marco de la causa iniciada por tres damnificados por la compra de la criptomoneda $Libra y que son representados por el dirigente social Juan Grabois.
Este avance fue posible porque los jueces de Casación, Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah revocaron la decisión de Servini que había rechazado aceptarlos como querellantes, y esa decisión les permitió solicitar distintas medidas de prueba.
En el fallo, los jueces destacaron que los denunciantes “aportaron elementos específicos (links informáticos, capturas de pantalla e incluso a través de una filmación que se exhibió en la audiencia oral ante esta Sala, mostrando el procedimiento de adquisición del criptoactivo y cómo queda constancia de aquél) que demostrarían su carácter de compradores”. Según publica TN.
Este expediente, ahora, será revisado por la Sala II de Casación, a cargo de Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, tras el recurso presentado por los abogados particulares de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes cuestionaron la admisión de las víctimas como parte querellante.