Una jueza federal determinó el viernes que el Departamento de Seguridad Nacional ha realizado arrestos en redadas migratorias en Los Ángeles sin causa probable, y ordenó al departamento que deje de detener a personas únicamente por motivos de raza, idioma o profesión.
Arrestos migratorios. La jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, designada por el expresidente Joe Biden, ordenó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) desarrolle directrices para que los agentes determinen una “sospecha razonable” sin basarse en la raza o etnia aparente de una persona, el idioma que habla o su acento, su “presencia en un lugar determinado” como una parada de autobús o su ocupación. Según informa: CNN Español
Frimpong avala que el DHS ejecutó arrestos migratorios sin sospecha razonable en siete condados de California
El fallo del viernes se produce después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del Sur de California presentara la semana pasada una demanda contra la administración Trump en nombre de cinco personas y grupos de defensa de inmigrantes, alegando que el DHS –que supervisa a ICE– ha realizado arrestos inconstitucionales.
El fallo se limita a la jurisdicción de siete condados del Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles y sus alrededores.
Frimpong dijo en su fallo que el tribunal necesitaba decidir si los demandantes podían probar que la administración Trump “efectivamente está realizando patrullajes itinerantes sin sospecha razonable y negando el acceso a abogados”.
“Este Tribunal decide, basándose en todas las pruebas presentadas, que así es”, escribió Frimpong.
Frimpong continuó afirmando que la administración “no” proporcionó información sobre las bases de los arrestos. La orden de restricción temporal también aplica al FBI y al Departamento de Justicia, que también figuran como acusados en la demanda y han participado en la aplicación de las leyes migratorias.
En el fallo del viernes, Frimpong también ordenó al DHS mantener y proporcionar documentación regular de los arrestos a los abogados de los demandantes.
Frimpong cuestiona la justificación de los arrestos migratorios sin pruebas de causa probable
En una audiencia el jueves antes de dictar su fallo, Frimpong se mostró escéptica ante los argumentos del Gobierno. El Gobierno declaró ante el tribunal que los agentes del DHS inician las detenciones basándose en información de inteligencia o “análisis de tendencias”, no en la raza o la etnia. Frimpong presionó repetidamente al Gobierno para que presentara pruebas de que los arrestos se basaban en información procesable, en lugar de centrarse en zonas donde se presume que se concentran los inmigrantes indocumentados.
“Es difícil para el tribunal creer que no se pudo encontrar un solo caso con un informe de por qué alguien fue atacado”, dijo el jueves.
En una orden de restricción temporal separada, Frimpong impidió que el DHS negara el acceso de los detenidos a un abogado, incluidas visitas y llamadas, en un centro de detención denominado “B-18” en los documentos judiciales.
Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes habían expresado su preocupación por la falta de acceso a un abogado a los detenidos en la prisión B-18. También dijeron que los detenidos se encontraban en condiciones inhumanas, como la falta de acceso a camas, duchas o instalaciones médicas.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, condenó el fallo en una declaración y dijo: “Un juez de distrito está socavando la voluntad del pueblo estadounidense”.
Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha tomado medidas agresivas para acabar con la inmigración.
Gobernador y alcaldesa aplauden fallo contra arrestos migratorios excesivos
El mes pasado, la administración Trump instó al ICE a ampliar las iniciativas de deportación en ciudades gobernadas por demócratas y a hacer todo lo posible para lograr deportaciones masivas. Trump también ordenó el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles el mes pasado en respuesta a las protestas contra las redadas migratorias de su Gobierno. La administración demandó previamente a la ciudad de Los Ángeles por su política de “ciudad santuario”.
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, celebró el fallo del viernes en una publicación en X, diciendo: “California se atiene a la ley y la Constitución, y pido a la administración Trump que haga lo mismo”. De igual manera, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, elogió el fallo como “un paso importante para restaurar la seguridad y defender los derechos de todos los angelinos”.
Mohammad Tajsar, abogado principal de la ACLU del sur de California, dijo en una comunicado: “Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados derechos constitucionales para protegerlos de detenciones ilegales”.