Las provincias quedaron con la caja vacía mientras Nación mantiene congelado un impuesto que debería actualizarse cada tres meses. La decisión del gobierno de Javier Milei de postergar nuevamente la suba de los tributos a la nafta y el gasoil generó una pérdida estimada de 1.438 millones de dólares entre enero y julio de 2025.
El dato, aportado por la consultora Economía y Energía (E&E), confirma que esa recaudación no ejecutada afecta directamente a obras de infraestructura vial, eléctrica y habitacional. De ese total, unos 150 millones correspondían a provincias y debían destinarse a Vialidad y el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior. Otros 217 millones eran fondos para el FONAVI, que se ejecuta con participación de los gobiernos provinciales. El resto quedó en manos de Nación.
Congelan impuestos a los combustibles
De acuerdo con LU17. “Más del 20% del precio del combustible son impuestos nacionales que no van a ningún lado”, protestó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, durante las Jornadas de Energía en Cipolletti. Su par de Neuquén, Rolando Figueroa, pidió directamente la provincialización de rutas nacionales como la 22 y la 151.
La pérdida de ingresos se acumula. Desde hace años, y más allá del signo político de la gestión nacional, los gobiernos desdoblan o suspenden las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (CO₂), establecidos por la Ley 27.430.
Esa ley indica que los impuestos deben actualizarse trimestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En la práctica, eso nunca ocurre. Las postergaciones son la regla. Primero fue Macri, luego Fernández y ahora Milei. El argumento siempre es el mismo: evitar aumentos en los surtidores.
Pero las consecuencias ya se sienten. En 2023 se dejaron de recaudar más de 2.780 millones de dólares, y en 2024, unos 2.011 millones. La caída de 2025 ya representa el 71% de lo perdido el año pasado.
La ciudad de Neuquén implementó una Tasa Vial para cubrir parte de ese vacío. Y otras intendencias analizan replicarla. Mientras tanto, el gobierno nacional insiste en avanzar con la privatización del mantenimiento de rutas y en desactivar Vialidad Nacional. Pero las medidas están frenadas por cautelares.
Las provincias también quedaron fuera de las decisiones sobre obras eléctricas. Dos resoluciones publicadas este año (715 y 311) priorizaron 16 obras de transporte de energía y autorizaron licitaciones. Sin embargo, los mandatarios reclaman más participación y recursos para ejecutarlas.
Crece la tension
La tensión crece porque la pérdida de recaudación impacta en obras paralizadas, rutas deterioradas, planes de vivienda frenados y una mayor carga sobre los gobiernos locales. Mientras Nación muestra superávit fiscal, las provincias ajustan en silencio.
El decreto 522/2025, publicado el 31 de julio, actualizó parcialmente los impuestos, pero volvió a postergar una parte importante para septiembre. Aún así, no hay certeza de que esa actualización llegue. El mecanismo de “patear para adelante” ya es rutina.
Actualmente, los impuestos a la nafta suman 260 pesos por litro, y en el caso del gasoil, 192 pesos. Si se aplicaran todos los montos postergados, el impacto sería de 478 y 310 pesos, respectivamente. Las petroleras trasladarían ese ajuste directo al precio en los surtidores.
Paradójicamente, los combustibles ya aumentaron. Las refinadoras remarcaron por la suba del dólar, del precio internacional del crudo y de los biocombustibles. El componente impositivo es el único congelado artificialmente.
El modelo favorece al equilibrio de las cuentas nacionales pero debilita el federalismo fiscal. Sin fondos coparticipables, las provincias pierden autonomía y dependen de la voluntad de la Casa Rosada.
Los gobernadores advierten que no pueden seguir bancando el ajuste solos. En privado, varios reconocen que el recorte a los combustibles les quita margen para sostener obras y servicios. La bronca ya no se disimula.
La tensión también llega al Congreso. Legisladores patagónicos y del norte argentino reclaman mayor previsibilidad y una distribución más justa de la recaudación. Piden que se cumpla la ley o, al menos, que las provincias tengan voz en las decisiones.
En el fondo, el conflicto excede la discusión técnica. Es una pulseada política por el reparto del poder y del dinero. Nación concentra, las provincias resisten y el federalismo se vuelve un eslogan vacío si los recursos no circulan.