Causa de las presuntas coimas: extrajeron el contenido de tres celulares de un exfuncionario clave de la ANDIS
Según confirmaron a TN fuentes del caso, en las últimas horas se realizó la extracción forense de tres teléfonos celulares pertenecientes a Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud.
Los dispositivos incluyen el suyo personal, uno de su esposa y un tercero, antiguo, que al parecer ya no contenía información relevante.
Causa de las presuntas coimas
De acuerdo con TN. Las extracciones fueron únicamente de contenido digital: hasta el momento ningún aparato fue peritado.
En este tipo de procedimientos forenses, se copian los datos del dispositivo para que luego puedan ser analizados sin alterar los originales.
El análisis de ese material será parte de una segunda etapa de la investigación.
Garbellini había sido allanado semanas atrás en su oficina del programa Incluir Salud, ubicada sobre la avenida Rivadavia al 875, en pleno centro porteño.
Durante ese operativo —que estuvo a cargo del Departamento de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad— también se incautaron carpetas, documentación y dispositivos electrónicos relacionados con contrataciones de medicamentos.
Procedimientos
Antes de ese procedimiento, los agentes se presentaron en su casa de Avellaneda, donde le secuestraron el teléfono que ahora fue sometido a extracción.
La investigación por supuestas irregularidades en contrataciones públicas apunta directamente a los vínculos entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina.
Señalada por el exdirectos Diego Spagnuolo como una de las firmas que habría pagado sobornos para quedarse con contratos públicos. “Ahí va a estar el foco”, aseguran fuentes al tanto del expediente.
En paralelo, sigue el análisis del contenido del celular de Spagnuolo, pieza clave de la causa. Sin embargo, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
Dependiente de la Procuración General, ya informó al fiscal Franco Picardi que no podrá recuperar los mensajes borrados del dispositivo.
Demás datos
Se trata de un dato sensible, ya que parte de la pesquisa buscaba determinar si entre los mensajes eliminados había comunicaciones con el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el funcionario Eduardo “Lule” Menem, o empresarios farmacéuticos.
Hasta el momento, la causa continúa bajo secreto de sumario. Los imputados aún no accedieron al expediente.
Y el juez federal Sebastián Casanello tiene pendiente resolver dos planteos de los accionistas de Suizo Argentina: uno por una supuesta nulidad de la causa y otro por cosa juzgada.
En paralelo a la investigación penal, el Gobierno nacional intenta avanzar con una auditoría interna en la ANDIS.
Sin embargo, en Casa Rosada advirtieron que el proceso se demorará porque la Justicia incautó documentación clave, incluyendo facturas de compras no registradas en portales oficiales y sin trazabilidad dentro del Ministerio de Salud.
La auditoría —a cargo del nuevo director, Alberto Vilches— recién pudo comenzar esta semana, luego de que se llegara a un acuerdo con la Policía de la Ciudad para trabajar con copias de la documentación.
En Balcarce 50 aseguran que la revisión completa de procesos podría demorar hasta seis meses, y que esperan tener resultados preliminares hacia octubre.
Uno de los focos del Ejecutivo está puesto precisamente en los contratos de compra de medicamentos, donde sospechan que se aplicaron sobreprecios.
Aunque por el momento desmienten que la auditoría haya revelado aumentos del 27% en productos similares adquiridos con pocos días de diferencia, sí reconocen la preocupación por los mecanismos utilizados para contratar droguerías.
La estructura de la ANDIS también está bajo la lupa: el organismo cuenta con 921 empleados y administra un presupuesto anual de $3,74 billones, de los cuales $3,1 billones están destinados a seguridad social.
El Gobierno prevé una centralización de sus funciones bajo la órbita directa del Ministerio de Salud, pero hasta ahora no se avanzó con nuevos desplazamientos de personal, más allá de los ya concretados de Spagnuolo y Garbellini.
Por ahora, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el fiscal Picardi continúan con la recolección de pruebas y análisis de contrataciones.