Los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo solicitaron la destitución de la jueza Julieta Makintach para investigarla por cohecho pasivo, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos relacionados con su participación en el documental «Justicia Divina» sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.
Los fiscales presentaron un dictamen de 42 páginas donde afirman que Makintach «aceptó la propuesta comercial efectuada por María Lía Vidal Alemán» y bajo la promesa de obtener beneficios económicos, «decidió promover y participar personalmente en un proyecto audiovisual» que explotaba comercialmente el desarrollo del juicio donde ella ejercía como magistrada.
Acusaciones específicas y pruebas presentadas
Los representantes del Ministerio Público acusaron a Makintach de haber facilitado el acceso al edificio de Tribunales de San Isidro a un grupo de al menos seis personas para la producción del documental, sin contar con la autorización de la Suprema Corte bonaerense. También habría utilizado a la sargento Malen Itatí Romero para franquear el ingreso de los productores y evitar controles establecidos.
El dictamen señala que la jueza se valió de su llave exclusiva para habilitar el acceso al edificio un domingo, cuando se encontraba cerrado al público, y permitió la filmación en su despacho, pasillos y áreas restringidas de tribunales, destinadas únicamente al ingreso de magistrados.
Defensa de Makintach y contradicciones
En su descargo presentado ante el Jurado de Enjuiciamiento, Makintach negó las acusaciones e involucró a sus colegas del Tribunal Oral en lo Criminal N°3, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, afirmando que todas las decisiones fueron adoptadas «colegiadamente» y que las filmaciones eran «conocidas y consentidas por todos los integrantes del tribunal».
Sin embargo, durante la audiencia donde se declaró la nulidad del juicio, ambos jueces negaron categóricamente haber tenido conocimiento de la producción del documental. Savarino afirmó: «Fuimos filmados por una cámara oculta. Di Tommaso y yo no tenemos nada que ver con la filmación, con el documental».
Posibles sanciones y procedimiento
De ser encontrada culpable, Makintach enfrenta severas sanciones penales: el cohecho pasivo contempla pena de prisión de 1 a 6 años e inhabilitación perpetua; el abuso de autoridad prevé 1 a 24 meses de prisión e inhabilitación especial; y la malversación de caudales públicos establece 2 a 10 años de prisión con inhabilitación absoluta perpetua.
El dictamen fue elevado al fiscal general de San Isidro, John Broyad, para que lo derive al Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, quien deberá dar intervención al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Información extraída del medio La Nación.