El juez federal de Dolores, Martín Bava, emitió un fallo que sacude la agenda económica y política. Ordenó al Ministerio de Economía entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, que aprobó el crédito de u$s20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional.
La decisión surge a partir de un amparo interpuesto por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Ambas organizaciones denunciaron que el ministro Luis Caputo incumplió la Ley de Acceso a la Información Pública.
“En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”, sostuvo Bava en su resolución. El juez recordó que el acceso a la información es un derecho humano protegido por la Constitución y los tratados internacionales. De acuerdo con LA17.
El expediente solicitado contiene todos los archivos, anexos y documentos que respaldaron la decisión del Ejecutivo. El decreto publicado en junio aprobó el crédito, pero no incluyó detalles sobre condiciones, tasas ni plazos, lo que encendió las críticas.
Según los demandantes, Economía intentó evadir la entrega del material. Derivó el pedido hacia un procedimiento administrativo, pidió prórrogas y terminó desconociendo la aplicación de la Ley 27.275. El juez rechazó esa maniobra y dejó claro que la transparencia no admite atajos.
La resolución cita jurisprudencia de la Corte Suprema, que estableció que “la información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”. En esa línea, cualquier ciudadano tiene derecho a solicitarla sin justificar un interés particular.
El fallo también refuerza una premisa central: la Ley de Acceso a la Información, sancionada en democracia y con amplio consenso, se ubica por encima de los regímenes de procedimiento heredados de gobiernos de facto.
La decisión de Bava llega en un contexto de fuerte debate sobre la política económica. El acuerdo con el FMI no solo impacta en las cuentas públicas, también condiciona las medidas que afectan la vida cotidiana de millones de argentinos.
El magistrado destacó que “el discurso de máxima divulgación se impone con mayor fuerza en políticas económicas de alto impacto”, porque la sociedad necesita conocer qué compromisos asume el Estado en su nombre.
El fallo representa un triunfo para las organizaciones que impulsaron el amparo. Para el CAIP y el CELS, se trata de un paso fundamental para garantizar el control ciudadano sobre decisiones que involucran deudas multimillonarias.
En el plano político, la resolución abre un frente complejo para el ministro Caputo. El funcionario deberá entregar los documentos que hasta ahora se mantuvieron en reserva, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del acuerdo.
El caso también envía un mensaje más amplio: la Justicia reafirma que el acceso a la información pública es un derecho de toda la sociedad, no una concesión del poder de turno.
De cara al futuro, el fallo podría convertirse en un antecedente clave para otras causas vinculadas a la deuda externa y la gestión de fondos públicos.
