La Corte Suprema trata la extradición de Fred Machado y el presidente Milei deberá decidir.
Federico “Fred” Machado, requerido por Estados Unidos, enfrenta un proceso que podría concluir con su extradición. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que autorizar primero la entrega, pero la última palabra será del presidente Javier Milei.
“Montgomery, Edgefield o San Diego: sin importar los gobiernos de turno, en los Estados Unidos se mantiene una política firme contra los delitos de narcotráfico y lavado de dinero”.
En Argentina, la aprobación final depende del Poder Ejecutivo. Una vez autorizado por la Corte, el trámite se traslada a la Casa Rosada. Milei cuenta con asesores de confianza como Mariano Cúneo Libarona, Paul Starc y Alejandro Fargosi, mientras otros colaboradores, como Santiago Castro Videla y María Ibarzábal Murphy, tienen un perfil más administrativo. Francisco Onetto, abogado y ex candidato a vicegobernador junto a Carolina Píparo, no debería participar formalmente de estas decisiones.
El recurso que demoró el expediente
Francisco Onetto aplicó un mecanismo legal para retrotraer el expediente, obligando a la Cancillería argentina a reconfirmar el pedido de extradición con Estados Unidos. La respuesta estadounidense fue afirmativa, manteniendo vigente el requerimiento.
El caso de Machado lleva más de cuatro años en la justicia argentina y contempla delitos de narcotráfico, lavado de activos y fraude financiero internacional. Fue detenido en abril de 2021 en el Distrito Este de Texas por integrar una red que traficaba cocaína desde América Latina hacia EE.UU., mientras operaba un esquema tipo Ponzi con aeronaves ejecutivas.
El abogado Onetto intentó suspender la extradición invocando un fallo vinculado a Kayleigh Moffett, coacusada en Texas, pero Washington aclaró que el pedido sigue activo y los cargos no fueron retirados.
Fallo de Villanueva y sentencia de Neuquén
El 12 de abril de 2022, el Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, a cargo del juez Gustavo Villanueva, declaró procedente la extradición de Machado. En su fallo de 48 páginas, Villanueva verificó la doble incriminación de los delitos —tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude electrónico—, descartó que fueran delitos políticos o militares y confirmó que el tratado bilateral con EE.UU. cubre los cargos imputados.
Según Noticias Argentinas, El juez rechazó los planteos de inconstitucionalidad y mantuvo el arresto domiciliario de Machado en su finca, considerando informes médicos que acreditaban estrés postraumático y tratamiento psiquiátrico. El acusado reside en “La Gringa”, propiedad ubicada en Ruta Provincial N.º 1, kilómetro 20, en Viedma, junto a su madre y hermana, designadas como guardadoras legales.
La finca “La Gringa”
La chacra de Machado abarca unas diez hectáreas con muros de hormigón, casa principal, piscina y parque. El empresario permanece bajo vigilancia electrónica mediante tobillera, sin custodia policial permanente. La situación genera incomodidad local y complica la atención de otros asuntos familiares y políticos en la región.
Caso judicial en Texas
El expediente estadounidense “United States vs. Mercer-Erwin et al.” (Case 4:20-CR-00212) acusa a Machado de liderar una organización que traficaba cocaína y lavaba dinero mediante operaciones de aviación privada. Desde Florida dirigía las empresas South Aviation y Pampa Aircraft Financing, usadas para registrar aviones empleados por cárteles latinoamericanos. Los cargos incluyen:
- Conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína
- Conspiración para importar cocaína a EE.UU.
- Lavado de activos internacionales
- Fraude electrónico
- Violaciones a normas de exportación aeronáutica
Las pruebas incluyen aeronaves incautadas en México, Guatemala, Belice y Honduras con más de dos toneladas de cocaína y un fraude financiero superior a 250 millones de dólares. Entre sus socias figura Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada en 2024 a 16 años de prisión.
Relevancia y próximo paso
El caso Machado demuestra la complejidad de la extradición y la influencia directa del presidente Javier Milei en la decisión final. La Corte definirá los aspectos judiciales, pero la firma del Poder Ejecutivo será determinante para el traslado a Estados Unidos y el curso de la justicia internacional en este proceso emblemático.