La jueza estadounidense Loretta Preska, que lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, ordenó que la Argentina entregue antes de fin de mes todas las comunicaciones oficiales y no oficiales de funcionarios del actual Gobierno y del anterior, como parte del proceso judicial que busca determinar si el Estado y la petrolera actuaron como una misma entidad legal.
La disposición alcanza los chats, correos electrónicos y mensajes privados de los dos últimos ministros de Economía: Sergio Massa, quien ocupó el cargo durante el final del gobierno de Alberto Fernández, y Luis Caputo, actual titular del Palacio de Hacienda. Según la resolución, la medida apunta a acceder a los llamados “off-channel communications”, es decir, decisiones y conversaciones mantenidas fuera de los canales institucionales. De acuerdo con LA17.
El Estado argentino había solicitado quedar exento de la entrega, argumentando que los mensajes eran personales y que no existía un mecanismo institucional para recuperarlos. Sin embargo, Preska rechazó el pedido y ordenó que el país “los consiga de cualquier manera y los entregue antes del 30 de octubre”, en cumplimiento del proceso de discovery, etapa previa a la apelación.
El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo de primera instancia, busca demostrar que el Estado argentino y YPF operaron como “alter ego”, es decir, como una misma entidad a efectos legales. Esa interpretación permitiría hacer responsable directamente al país por las decisiones empresariales vinculadas a la expropiación de 2012.
El fallo original condenó a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares, cifra que con intereses supera los 18.000 millones, y motivó una apelación que será tratada en una audiencia prevista para dentro de dos semanas en el tribunal del Segundo Circuito de Nueva York.
Según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, la jueza advirtió que, en caso de incumplimiento, podría declarar el “desacato”, lo que agravaría la situación legal del país en territorio estadounidense y dificultaría la estrategia de defensa argentina.
La medida representa un nuevo revés judicial para la Argentina en el caso YPF, uno de los litigios más costosos de su historia, y reaviva las tensiones diplomáticas y económicas en torno a la expropiación de la petrolera.