El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, giró al Senado el proyecto que propone restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo.
El envío, que se concretó este jueves por la tarde, se realizó tras varios días de demora, lo que generó reclamos de la oposición, que lo acusó de intentar retrasar el debate legislativo en la antesala de las elecciones del 26 de octubre.
La iniciativa había sido aprobada por Diputados la semana pasada, pero con modificaciones en uno de sus artículos, lo que obliga al Senado a realizar una nueva revisión antes de su eventual sanción definitiva.
Según DW, la oposición sospecha que Menem habría dilatado el trámite para evitar una discusión incómoda para el oficialismo en plena campaña electoral.
Paso al Senado y estrategia política
El expediente fue girado a la Comisión de Asuntos Institucionales, presidida por la senadora Alejandra Vigo (Provincias Unidas), una de las impulsoras de la reforma. Desde allí deberá emitirse un dictamen que habilite el tratamiento en el recinto, ya sea para ratificar los cambios introducidos en Diputados o insistir con la versión original aprobada por el Senado.
Sin embargo, todo indica que el debate formal recién comenzará la próxima semana, lo que aleja la posibilidad de que el proyecto sea discutido antes de los comicios. El oficialismo lograría así ganar tiempo y evitar un escenario adverso que la oposición buscaba aprovechar para exponer fisuras internas en el Gobierno.
Qué propone la reforma de los DNU
El proyecto modifica la Ley 26.122, sancionada en 2006 durante la gestión de Néstor Kirchner e impulsada por Cristina Fernández de Kirchner.
El cambio más relevante es que ambas Cámaras del Congreso deberán pronunciarse para convalidar un DNU, cuando actualmente alcanza con la aprobación de una sola.
Con esta modificación, la oposición podría anular decretos presidenciales con mayoría simple en cualquiera de las dos Cámaras.
No obstante, el artículo más polémico —finalmente rechazado en Diputados— establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se expida, tras lo cual los decretos perderían validez automática.
Esa cláusula generó tensiones incluso dentro del oficialismo, y su eliminación fue clave para destrabar el dictamen.
Un debate que se pospone hasta después de las elecciones
Con el calendario electoral encima y la atención política concentrada en los comicios legislativos, el tratamiento del proyecto quedaría postergado hasta después de las elecciones.
La oposición, que buscaba forzar una sesión extraordinaria, no cuenta con los dos tercios necesarios para apurar el debate sin el dictamen previo.
De esta forma, la discusión sobre los límites al uso de los DNU pasará al siguiente capítulo político, con un Congreso que se reconfigurará tras las urnas y un Gobierno que intenta preservar su margen de maniobra institucional.