La Comisión de Juicio Político de la provincia de Buenos Aires confirmó que el próximo 6 de noviembre comenzará el proceso contra la jueza Julieta Makintach, señalada por su presunta participación en la producción del documental Justicia Divina.
La magistrada, actualmente suspendida, asegura ser víctima de persecución política y cuestiona la rapidez del procedimiento.El jury contra Makintach fue dispuesto por la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que determinó su suspensión preventiva mientras el gobernador Axel Kicillof analizaba su renuncia.
Según LA17, la jueza considera que el proceso avanza de manera irregular y sin respetar las garantías básicas.
“Falta un miembro del jurado, hay una recusación pendiente y un recurso de inaplicabilidad de ley. La velocidad que le imprimen al proceso no sería posible en un Estado de Derecho”, declaró Makintach.
Su abogado, Darío Saldaño, calificó la medida como “excesiva e injustificada”, sosteniendo que su defendida no cometió ninguna irregularidad funcional y que se busca dañar su imagen pública.
Acusaciones en el fuero penal
De forma paralela al juicio político, la magistrada enfrenta una causa penal en el fuero de San Isidro, investigada por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.
Se la acusa de cohecho pasivo, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, violación de deberes y peculado de servicios.
La investigación se centra en el proyecto audiovisual Justicia Divina, que Makintach habría impulsado presuntamente para obtener beneficios económicos vinculados con su intervención en el expediente “Maradona”.
También fueron imputados José María Arnal Ponti, dueño de la productora Ladoblea S.A.; el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio; y María Lía Vidal Alemán, amiga de la jueza y autora de la idea original del documental.
Entre las medidas judiciales, el juez Esteban Rossignoli ordenó el secuestro de dos computadoras de la oficina de la magistrada, cuyos discos duros Hikvision y Seagate Barracuda podrían contener pruebas clave.
La defensa de Makintach y su contraofensiva judicial
Makintach sostiene que el registro audiovisual no fue clandestino y que contaba con conocimiento institucional. Además, lanzó una contraofensiva judicial con pedidos de nulidad, recusaciones a los fiscales y denuncias por presunto espionaje ilegal y manipulación mediática.
“Soy víctima de una persecución política y mediática”, reiteró la jueza, quien actualmente percibe el 40% de su salario y no puede formalizar su renuncia mientras dure la suspensión.
Un caso que marca precedente
El proceso contra Julieta Makintach genera una fuerte repercusión en el ámbito judicial bonaerense, no solo por su exposición mediática sino también por el debate que plantea sobre los límites institucionales entre la justicia, la política y los medios de comunicación.
Con las audiencias del jury previstas para noviembre, el caso promete convertirse en uno de los más observados del año dentro del Poder Judicial provincial.
