El Gobierno oficializó el calendario educativo 2026 con un consenso unánime entre todas las provincias.
El Ministerio de Capital Humano confirmó que las 24 jurisdicciones educativas del país ratificaron un calendario escolar de 190 días de clase para el ciclo lectivo 2026, según informó ADN Sur. La decisión se adoptó en la asamblea N.º 147 del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
La medida busca garantizar la continuidad pedagógica y mejorar la planificación anual, asegurando el cumplimiento de la carga horaria mínima establecida por la normativa educativa nacional.
Estructura del calendario escolar 2026
De acuerdo con el Ministerio, se considerará como día de clase efectivo aquel en el que se completen al menos cuatro horas reloj de actividades pedagógicas con los estudiantes.
- Nivel primario: mínimo de 190 días de clase, equivalentes a 760 horas reloj.
- Nivel secundario: mínimo de 900 horas reloj.
- Nivel inicial: mínimo de 570 horas reloj.
En caso de no cumplir con estas horas mínimas, los establecimientos deberán implementar medidas de recuperación para garantizar la cobertura pedagógica.
Implementación y monitoreo
El calendario escolar aprobado será distribuido próximamente a todos los establecimientos educativos. Además, se coordinará estrechamente con cada jurisdicción para acompañar el desarrollo del ciclo lectivo de manera eficiente.
La resolución también establece que la medición en horas permitirá un monitoreo más preciso del tiempo de clases, asegurando comparabilidad con estándares internacionales. La Secretaría del Consejo Federal de Educación publicará oficialmente el calendario a partir de diciembre de 2025.
Cambios en la educación privada
En paralelo, el Gobierno oficializó mediante el Decreto 787 la desregulación de los aranceles en colegios privados. Las instituciones podrán fijar libremente las cuotas y matrículas sin autorización estatal, un cambio que no se daba desde hace 30 años.
La medida busca adaptar los precios a la realidad económica de cada institución, garantizando la sostenibilidad de los colegios privados y la continuidad del derecho a una educación de calidad.