El fondo Burford Capital, representante de los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF, presentó una carta ante la jueza Loretta Preska rechazando el pedido de Argentina de suspender (“stay”) la etapa de “discovery” o búsqueda de pruebas.
La presentación argentina que busca frenar el avance del expediente se realizará el 19 de febrero, y luego la magistrada decidirá si lo concede o no, según Noticias Argentinas.
La Postura del Fondo: Acusaciones de Dilación y Mala Fe
En su carta del 6 de febrero, los abogados de Burford argumentan que el pedido de suspensiónpresentado por Argentina es una “maniobra estratégica” para eludir responsabilidades a pocos días de que se resuelvan posibles sanciones por desacato. Acusan al gobierno argentino de una “conducta de dilación” sistemática, con “retrasos, incumplimientos y producción incompleta de documentos”.
Sostienen que Argentina no cumple con los cuatro criterios legales para obtener una suspensión, ya que “no demuestra probabilidad de éxito” en su apelación de fondo y que cualquier daño es consecuencia de sus propias acciones. Como ejemplo, cuestionan que, pese a haberse entregado 115.000 páginas de documentación, solo unos 13.500 documentos serían relevantes, muchos de ellos ya públicos.
La Estrategia Argentina: Réplica y Posible Apelación a una Instancia Superior
Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación, que representa a Argentina, mantiene su postura. Fuentes oficiales señalaron a la agencia que el proceso de “discovery” se ha vuelto “insólito y desproporcionado”, calificando los pedidos de información sobre funcionarios y activos (como el oro del BCRA) como “hostigamiento”.
La estrategia legal argentina tiene dos pasos claros: primero, presentará su réplica formal a los argumentos de Burford el 19 de febrero. Luego, la jueza Preska resolverá. Si la magistrada rechaza el “stay”, Argentina elevará inmediatamente el reclamo a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, tal como hizo en instancias previas del juicio. Este escenario refleja la batalla por detener la búsqueda de activos embargables mientras avanza la apelación contra el fallo condenatorio de US$ 16.100 millones.
