Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que provee servicios esenciales a la Capital Federal y 26 distritos del conurbano bonaerense.
El Decreto 805/2025, firmado por el presidente Javier Milei y todo su Gabinete, establece el marco regulatorio que regirá el proceso de venta de la compañía estatal. La cual se extrae este análisis, el oficialismo fundamenta la medida en la necesidad de inversiones que «exceden las posibilidades» de la empresa.
El Marco Legal para la Venta
El decreto publicado este jueves recuerda que la Ley Bases ya había declarado a AySA «sujeta a privatización». El texto establece que el proceso deberá desarrollarse bajo los principios de «transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia». Además, se define que el futuro Contrato de Concesión podrá incluir un régimen de transición de hasta 5 años para una implementación ordenada y progresiva de las nuevas disposiciones, buscando mantener el equilibrio económico-financiero del servicio.
Los Plazos y el Proceso de Enajenación
El camino hacia la privatización comenzó en agosto, cuando el Ministerio de Economía, a través de la Resolución 1198/2025, instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a llevar adelante el proceso. La cartera económica dispuso que se contrate a un banco estatal para valuar el paquete accionario y se concrete la venta en un plazo máximo de ocho meses. Cabe destacar que el 10% del capital accionario permanecerá en manos de los trabajadores de AySA, dentro del programa de propiedad participada ya vigente.
Fundamentos y Reacciones Políticas
El Gobierno justifica la privatización argumentando que la intervención estatal «no ha dado los resultados esperados» y ha sido «incapaz de brindar una solución eficiente» en la gestión del servicio. Se enfatiza que se requiere «un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos» de la empresa. Frente a esta medida, diputados de Unión por la Patria ya presentaron un proyecto para rechazar los decretos que reforman el sistema de provisión de agua e inician la venta de la empresa pública. Información extraída del medio C5N.
