El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) presentó una denuncia ante la Justicia federal por una estafa multimillonaria vinculada a la emisión de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de jubilados.
Las maniobras, detectadas mediante auditorías implementadas desde el año pasado, habrían perjudicado gravemente tanto las cuentas del organismo como a los propios afiliados, quienes figuraban como pacientes atendidos sin haber recibido consultas ni tratamientos reales.
Según fuentes del Instituto, las auditorías internas revelaron “maniobras que podrían configurar delitos de defraudación contra la administración pública”, lo que derivó en la apertura de causas penales en el Ministerio Público Fiscal por distintos tipos de irregularidades.
Desde la conducción que encabeza Esteban Leguizamo señalaron que “esta gestión asumió el compromiso de terminar con los intentos de fraude sistemático, la simulación de consultas, la falsificación documental y la vulneración del sistema de trazabilidad”, en referencia al paquete de medidas aplicadas para reforzar los controles.
El organismo implementó un sistema actualizado de supervisión de prestaciones, monitoreo permanente de umbrales, obligatoriedad del turnero digital y auditorías constantes sobre la conducta de los prestadores, medidas que —según afirmaron— buscan “fortalecer la transparencia y racionalizar el gasto, sin afectar la continuidad de la atención”.
Entre las irregularidades detectadas figuran órdenes médicas electrónicas generadas sin atención efectiva, recetas emitidas a nombre de jubilados que nunca solicitaron medicamentos y manipulaciones del sistema informático que permitieron falsificaciones y emisiones múltiples desde un mismo usuario.
Las causas judiciales ya en curso —entre ellas las N° 148738/2025, 168278/2025 y 194691/2025— exponen desde la emisión de OME a afiliadas que nunca recibieron atención hasta la distribución de recetas falsas a terceros desconocidos, casos que podrían involucrar complicidades internas y externas.
La denuncia se suma a los antecedentes informados en mayo del año pasado, cuando el Gobierno expuso un grave cuadro de recetas truchas, órdenes dudosas y gastos políticos excesivos que habían dejado al PAMI “al borde de una debacle financiera”, según expresó en ese momento el vocero presidencial Manuel Adorni.
Con un déficit que llegó a los 92 mil millones de pesos en noviembre de 2024 y con antecedentes de hackeos que expusieron datos de más de 5 millones de afiliados, el PAMI busca ahora blindar el sistema prestacional y garantizar un esquema de control “para que cada peso se destine al beneficio de los afiliados y no a estructuras de privilegios o irregularidades”, remarcaron desde el organismo.