La Justicia Federal de Lomas de Zamora allanó las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, en una causa que investiga una presunta mafia de la comida contaminada en la cárcel de Ezeiza.
La investigación, a cargo del juez Federico Villena, revela un escandaloso entramado donde los internos comían alimentos con bacterias fecales, empresas sancionadas operaban con empresas pantalla y el máximo responsable del sistema penitenciario está sospechado de encubrir el esquema. Según Noticias Argentinas.
El escándalo de la «comida podrida» que el juez probó personalmente
El caso estalló con denuncias de los propios internos, que se negaban a comer la comida por ser «asquerosa». Los peritajes del ANMAT confirmaron que los alimentos superaban ampliamente los niveles permitidos de Escherichia coli, una bacteria fecal, y no eran aptos para el consumo humano. La gravedad llegó a tal punto que el juez Villena, durante una inspección en la cárcel, probó la comida. Horas después sufrió una fuerte descompostura, que describió como un cuadro «vomitivo».
Originalmente, la proveedora era la empresa Foodrush, a la que el juez le prohibió volver a licitar por las mismas faltas. Sin embargo, poco después, el contrato fue ganado por la empresa Bio Limp, que solo tenía experiencia en limpieza. La investigación descubrió que Bio Limp usaba los mismos camiones, empleados y hasta facturaba a Foodrush sumas millonarias. Para Villena, era evidente que Bio Limp era una «fachada» o empresa pantalla creada para burlar su propia sanción judicial.
La sospecha de cartelización y el «teléfono extraviado» del director
El juez Villena considera que este esquema de «cartelización» del negocio de la alimentación en la prisión no podía funcionar sin el conocimiento o el guiño de las altas autoridades del SPF. Por eso ordenó allanar la oficina del director, Fernando Martínez.
El procedimiento estuvo marcado por un hecho que levantó aún más sospechas. Cuando los agentes judiciales le solicitaron su teléfono celular, Martínez entregó un aparato viejo y en desuso. Al ser intimado por el que usa habitualmente, alegó haberlo «extraviado» esa misma mañana. Sin embargo, un informe técnico mostró que el dispositivo había estado activo una hora antes del allanamiento en Barracas. El juez sospecha que el director recibió una filtración y destruyó pruebas.
Vínculos preocupantes y tensión institucional
La investigación sacó a la luz otros datos alarmantes. Se supo que el director del SPF se movilizaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique «Quique» Antequera, un reconocido referente de la feria La Salada que se encuentra prófugo de la Justicia.
El caso también generó una puja interna en el sistema judicial. Mientras el juez Villena avanzó con el allanamiento, la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la nulidad de todo lo actuado, argumentando defectos de procedimiento. En contraste, el juez contó con el respaldo explícito de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien le dio su «excelente predisposición» y apoyo para la investigación. Villena definió al sistema que está investigando como «mafias enquistadas hace muchos años» en el corazón del servicio penitenciario.