El juez federal Daniel Rafecas dispuso nuevas medidas probatorias en el marco de la denuncia por presunto lavado de dinero vinculada a la compra de una mansión en Pilar.
La causa involucra a presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, y avanza con pedidos de informes fiscales, tasaciones y controles policiales en el lugar.
Levantamiento del secreto fiscal y acceso a documentación clave
La investigación sumó impulso luego de que Rafecas ordenara el levantamiento del secreto fiscal de Luciano Pantano, Ana Conte, Lucas Labbad y de la firma Real Central SRL. El objetivo es acceder a la información tributaria y contable vinculada tanto a los involucrados como al inmueble señalado en la denuncia.
Según informó Noticias Argentinas, estas medidas buscan determinar si existieron maniobras incompatibles con el origen declarado de los fondos utilizados para adquirir la residencia ubicada en Pilar.
Tasación oficial de la mansión y controles en accesos
El magistrado también solicitó una valuación exhaustiva del inmueble. Para ello convocó a un perito tasador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a otro especialista del Colegio de Martilleros de San Isidro. La intención es establecer el valor real de la propiedad y evaluar si coincide con las operaciones económicas declaradas.
De manera complementaria, Rafecas instruyó a la Policía Federal a instalar consignas en los accesos de la mansión. Allí deberán identificarse personas, registrar movimientos y tomar fotografías de bienes muebles de valor que puedan resultar relevantes para la causa iniciada a partir de una denuncia de la Coalición Cívica (CC).
Un expediente que podría cambiar de jurisdicción
Mientras avanzan las diligencias, el juez tiene previsto elevar el expediente el próximo martes a la Cámara Federal. Será ese tribunal el que determine si la causa seguirá en la órbita de la justicia federal o si debe pasar al fuero penal económico, dada la naturaleza de los delitos investigados.
