Causa Vialidad: el fiscal pide ejecutar bienes de los hijos de Kirchner.
La disputa judicial por el patrimonio de la familia de la expresidenta Cristina Kirchner ha ingresado en una etapa de definiciones críticas. Mientras la exmandataria cumple con su condena de prisión domiciliaria en el domicilio de San José 1111, el foco de la Justicia se ha desplazado hacia el alcance del decomiso patrimonial dispuesto en el marco de la causa Vialidad. El fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, ha solicitado formalmente rechazar los planteos de la defensa y habilitar de manera inmediata la ejecución de las propiedades.
Esta intervención endurece significativamente la situación procesal de Máximo y Florencia Kirchner, quienes figuran como titulares de gran parte de los activos en discusión. Según La17, el dictamen de Villar sostiene que el decomiso no es una figura jurídica en debate, sino una consecuencia firme de la condena dictada en junio del año pasado. Para la fiscalía, el proceso debe avanzar sin más dilaciones hacia la tasación, el remate o la inscripción de los bienes a nombre del Estado.
El patrimonio en disputa: de Río Gallegos a Pinamar
El paquete de activos que la Justicia pretende ejecutar incluye propiedades de alto valor estratégico y simbólico. Entre los bienes heredados por los hijos de la expresidenta se encuentran 10 departamentos situados en Río Gallegos, otros dos inmuebles adicionales en la misma ciudad santacruceña y una serie de terrenos ubicados en la zona de Lago Argentino. La defensa, liderada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostiene que estas propiedades tienen un origen lícito y que sus representados no fueron parte del proceso penal, por lo que consideran la medida como una «confiscación política».
Sin embargo, el reclamo judicial se extiende más allá de la Patagonia. El expediente detalla propiedades en la localidad balnearia de Pinamar, específicamente en las calles Hélades 297, Troya 783, Poseidón 449 y Goleta Hércules 424. A esto se le suman fondos en moneda extranjera a nombre de Florencia Kirchner y un universo de 141 inmuebles y 46 automotores vinculados también a Lázaro Báez. El monto total que la Justicia busca cubrir mediante estas ejecuciones supera los 684.000 millones de pesos, una cifra que la defensa cuestiona por considerarla mal calculada.
Argumentos fiscales y el rol de la Cámara de Casación
El fiscal Villar fue tajante al rechazar el efecto suspensivo que busca la defensa de la familia Kirchner. En su dictamen, explicó que el decomiso no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la operatividad de una sentencia ya establecida. Ante la imposibilidad de reconstruir en ocasiones el circuito exacto de los fondos ilícitos en causas de corrupción, Villar recordó que los magistrados pueden valorar incrementos patrimoniales vinculados temporalmente con las maniobras delictivas investigadas.
La definición final está ahora en manos de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, integrantes de la Cámara de Casación. El tribunal deberá resolver la próxima semana si permite que el Estado avance con el remate y la inscripción de los bienes o si da lugar al recurso de queja de los abogados defensores. Esta resolución definirá si la pelea patrimonial de la causa Vialidad entra en su fase más concreta, transformando la condena penal en un impacto material directo sobre la herencia de los hijos de la exjefa de Estado.
