La semana cerró con un movimiento poco habitual en Puerto Rawson: un grupo de inspectores nacionales llegó a la terminal portuaria para mirar de cerca algunas descargas. Encabezó la comitiva el director Juan Pablo Sciuto, con una sospecha de base: en ese puerto, los controles venían flojos.
En Rawson ya hay una dotación nacional chica y, por lógica operativa, el peso del control diario cae sobre la Provincia. Justamente por eso, el desembarco de Nación no pasó inadvertido y encendió discusiones desde el arranque.
El clima se puso áspero. Hubo caras largas, cruces verbales y una actitud hostil de algunos estibadores del SUPA hacia los enviados nacionales. No escaló, pero dejó una escena inquietante: los pesadores se negaron a trabajar y además bloquearon que los inspectores manipularan cajones para hacer pesajes aleatorios.
La tensión bajó cuando apareció el referente gremial conocido como “Gallo” Gutiérrez, que descomprimió el momento y permitió que siguiera el operativo. Igual quedó flotando una pregunta incómoda: ¿cómo puede un grupo de estibadores frenar, sin consecuencias, una tarea de control nacional en un puerto pesquero?
En los muelles de Rawson, la estiba suele moverse con márgenes amplios. En la práctica, esas atribuciones crecen con acuerdos de hecho y con una relación aceitada entre parte del empresariado y el gremio, que muchas veces aparece como fuerza de choque cuando conviene.
A esa postal se suma el negocio del pesaje. En el puerto, la pesada aleatoria consiste en separar algunos cajones de una lingada para pesarlos. Ese servicio ronda los 700 mil pesos por descarga, una cifra que en el muelle describen con ironía: demasiado dinero para “emprolijar y pesar un cajón cada tanto”.
Más allá de las rispideces, el dato duro llegó en las actas: sobre 23 barcos inspeccionados, ocho desembarcaron cajones con sobrepeso. En algunos casos el registro trepó a 32 kilos por cajón, cuando 18,3 kilos ya configura infracción. Mucho. Demasiado.
Con el revuelo instalado, aparecieron los reclamos. Desde la Secretaría de Pesca provincial, CAPIP y CAFACH cuestionaron el operativo. El secretario Andrés Arbeletche habló de doble control, gastos para el Estado, discusiones procesales y posibles controversias por la duplicidad de inspecciones.
Las cámaras empresarias también se plantaron. En su mensaje, marcaron que “ningún armador de barco ni planta se hará cargo del costo adicional del pesaje en puerto” y exigieron a Nación que haga inspecciones con fondos propios.
Ese punto tiene lectura directa en el muelle: si el costo extra es el de los pesadores, el enojo apunta a esos 700 mil pesos. Y también deja una obviedad operativa: ese pesaje lo pueden realizar los propios inspectores, con un procedimiento simple y visible.
La discusión se volvió más pesada cuando llegó la respuesta oficial. La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera envió una nota a las autoridades de CAPIP y CAFACH para recordar que la ley habilita a Nación a controlar en cualquier puerto del país y fija quién asume los costos.
En ese documento, Nación rechazó el planteo empresario y disparó una frase que cambió el eje del debate: “Esta Dirección Nacional rechaza categóricamente la aseveración de esa Cámara sobre la supuesta implementación de un «doble redundante pesaje» que generaría un «costo adicional», afectando la rentabilidad del sector.”
Y agregó un dato que cayó como piedra: “en el operativo de fiscalización llevado a cabo (…) durante los días 1 al 3 de diciembre de 2025 (…) se constató la total ausencia de agentes de control y fiscalización de la Provincia de Chubut”. Dicho sin vueltas: dos días de temporada alta y no vieron inspectores provinciales.
Ahí aparece la línea fina entre el reclamo formal y el mensaje político. Si la Provincia no controla, el operativo nacional no duplica nada: reemplaza un vacío. Y si hay sobrepesos grandes, el problema ya no es “quién paga” sino “qué pasa con lo que se deja pasar”.
En paralelo, el negocio del pesaje sigue bajo la lupa. Pagar 700 mil pesos por un trabajo de pocas horas, limitado a manipular y pesar algunos cajones, suena a caja fácil. Y si encima se exige un “doble” pesaje para Provincia y Nación, la discusión roza el absurdo.
El muelle dejó una escena completa: tensión gremial, reclamos empresarios, reproches cruzados y actas con sobrepeso. Puerto Rawson quedó en el centro de una pelea que va más allá de la balanza: quién controla, quién cobra y cuánto langostino sale realmente de cada barco. Información extraída de LA17.
