La causa por la lujosa mansión de Pilar sumó en las últimas horas un movimiento decisivo. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky dispuso que la DGI realice un análisis profundo del entramado de sociedades que participaron en la compraventa del inmueble, señalado por presuntos vínculos con altas autoridades de la AFA.
La decisión se tomó tras una reunión de trabajo entre el magistrado y el titular del organismo recaudador, Mariano Mengochea. El encuentro se realizó en la sede del juzgado y permitió formalizar el pedido judicial para avanzar sobre aspectos económicos, tributarios y financieros de las firmas involucradas.
Entre las sociedades bajo análisis figuran Real Central SRL y Malte SRL, anterior propietaria de la casaquinta. El listado incluye al menos cinco empresas que participaron en distintas operaciones inmobiliarias dentro del exclusivo barrio privado Ayres del Pilar.
De acuerdo con LA17. La investigación apunta a reconstruir el recorrido del dinero utilizado en cada transacción. El foco se centra en determinar quién aportó realmente los fondos y si existieron maniobras para ocultar a los beneficiarios finales de los bienes.
La expectativa inmediata está puesta en las declaraciones previstas para el próximo lunes. Ese día deberán dar explicaciones Luciano Pantano, monotributista, y su madre, la jubilada Ana Conte, señalados como presuntos testaferros y actuales titulares formales de la sociedad dueña del predio.
Ambos podrán declarar de forma virtual o presentar un descargo por escrito. La modalidad fue definida por el juzgado, que busca acelerar el proceso sin afectar garantías procesales.
El expediente incluye elementos que refuerzan las sospechas judiciales. En la mansión se secuestró una flota de 54 vehículos de alta gama, además de detectarse un helipuerto operativo y caballerizas dentro del predio.
Los investigadores también analizan los gastos cotidianos de las propiedades. La línea central busca establecer quién paga expensas, servicios y mantenimiento, con datos que indican abonos en efectivo y consumos concentrados en una sola tarjeta de crédito.
Otro punto sensible es el perfil económico de los imputados. Pantano registraba deudas bancarias millonarias y su madre percibió asistencia estatal durante la pandemia, datos que contrastan con la rápida capitalización de la sociedad y la compra del terreno.
Para los denunciantes, la secuencia societaria refuerza la sospecha de lavado de dinero. “La estructura habría funcionado como una pantalla para ocultar bienes de terceros”, señalaron desde la Coalición Cívica, que impulsa la investigación penal.
