Justicia investiga hostigamiento coordinado contra Victoria Villarruel.
La interna dentro del Poder Ejecutivo Nacional ha cruzado la barrera de las declaraciones políticas para instalarse en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Sebastián Casanello ha decidido avanzar en una investigación penal para determinar si los ataques digitales sufridos por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, responden a una estructura de hostigamiento organizado. La medida busca identificar si existe un plan sistemático de desprestigio y amenazas ejecutado por cuentas de redes sociales presuntamente vinculadas al entorno directo del oficialismo.
El magistrado ordenó que la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina realice un análisis exhaustivo sobre los perfiles denunciados y los patrones de interacción entre ellos. Según La17, el expediente se inició tras una presentación de Villarruel donde advirtió sobre la gravedad de los ataques, vinculándolos incluso con intentos de desestabilización institucional. La decisión de Casanello de aceptar a la vicepresidenta como querellante marca un giro en la causa, que anteriormente había sido minimizada por la fiscalía al considerarla una cuestión de calumnias e injurias de carácter privado.
Los implicados y el rol de las redes sociales en la interna
En el centro de la denuncia aparecen figuras de alto perfil dentro del ecosistema libertario. Entre los señalados se encuentran la diputada nacional Lilia Lemoine y el escritor Nicolás Márquez, biógrafo personal del presidente Javier Milei. La Justicia busca determinar si las intervenciones de estos actores en plataformas como X (antes Twitter) forman parte de una «estrategia común» para vulnerar la imagen pública de la titular del Senado. La denuncia sostiene que el acoso no es espontáneo, sino que responde a una lógica de disciplinamiento político.
El juez Casanello argumentó que fragmentar los mensajes para analizarlos individualmente, como pretendía el fiscal Franco Picardi, podría «desdibujar su real dimensión y gravedad». Por el contrario, la Justicia federal ahora propone un abordaje integral, entendiendo que la dinámica de las redes sociales permite que una sucesión de agresiones aparentemente aisladas constituyan, en conjunto, un fenómeno de violencia política por razones de género en el entorno digital.
El trasfondo de una relación rota en la cima del poder
La investigación judicial se desarrolla en un clima de hostilidad pública sin precedentes entre la Casa Rosada y la Vicepresidencia. Este enfrentamiento alcanzó su punto máximo cuando el propio presidente Javier Milei calificó a su compañera de fórmula como «bruta traidora» durante un acto partidario. Villarruel, por su parte, ha endurecido su postura, incluso arrobando a funcionarios del Ministerio de Seguridad en sus redes para cuestionar por qué se naturalizan las amenazas de muerte contra su persona.
La División Ciberpatrullaje de la PFA tendrá ahora la tarea de rastrear direcciones IP, analizar la sincronización de las publicaciones y detectar posibles granjas de «trolls» que pudieran haber sido activadas para esta campaña. El desafío técnico y legal será probar si existió una «intención destituyente» o si se trata de un ejercicio —aunque agresivo— de la libertad de expresión. Mientras tanto, la resolución de Casanello garantiza que el hostigamiento contra la segunda autoridad del país sea tratado como un posible delito de orden público y no como una simple pelea de redes.
