Reforma laboral: el Gobierno cede y elimina la baja de Ganancias.
En el último tramo de las negociaciones para asegurar la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el Poder Ejecutivo tomó una decisión drástica para garantizar el acompañamiento de los bloques aliados. El oficialismo retiró del dictamen final el polémico artículo 190, una pieza clave del capítulo fiscal que buscaba reducir la carga tributaria sobre las grandes corporaciones. La medida, que inicialmente fue pensada como un incentivo para la inversión, terminó convirtiéndose en la moneda de cambio necesaria para destrabar el tratamiento legislativo y evitar una derrota en el recinto.
Este giro en la estrategia oficial responde a la presión ejercida por los mandatarios provinciales sobre sus representantes en la Cámara Alta. Según Infobae, la iniciativa contemplaba una reducción del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, pasando de una alícuota del 30% al 27%. Sin embargo, al tratarse de un tributo coparticipable, el rechazo de los gobernadores fue rotundo, advirtiendo que la medida desfinanciaría directamente las arcas provinciales en un contexto de extrema fragilidad económica.
El impacto fiscal y los argumentos de la Casa Rosada
Desde el equipo económico del Gobierno se defendía la rebaja bajo la premisa de que la Argentina debe equiparar su carga tributaria con los estándares de competitividad de la región. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el costo fiscal de esta reducción se estimaba en un 0,65% del Producto Bruto Interno (PBI). De ese total, la mayor parte (0,5%) sería absorbida por la Nación, mientras que el 0,15% restante impactaría en los ingresos de las provincias.
A pesar de esta caída en la recaudación nominal, la Casa Rosada sostenía que el beneficio se compensaría rápidamente mediante el aumento de la actividad económica y, fundamentalmente, por la formalización de aproximadamente 400.000 trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad. No obstante, los gobernadores mantuvieron su postura, argumentando que no existía una compensación clara ni inmediata para cubrir la pérdida de recursos destinados a gastos corrientes.
Quiénes ganan y quiénes pierden con la eliminación del artículo
La decisión de retirar la rebaja de Ganancias del proyecto de reforma laboral dejó un escenario de ganadores y perdedores claramente definidos en el tablero político y económico:
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Las Provincias (Beneficiadas): Los gobernadores lograron blindar una fuente de ingresos esencial. Al mantenerse la alícuota en el 30%, se disipa el riesgo de un recorte adicional en las transferencias de coparticipación, permitiendo a las jurisdicciones mantener cierto margen de maniobra financiera.
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Sector Empresario (Perjudicado): Las grandes compañías y cámaras industriales expresaron su decepción. Para este sector, la reducción del impuesto era un reclamo histórico y una oportunidad para aliviar la presión fiscal. La quita del artículo 190 posterga, una vez más, la discusión sobre la competitividad impositiva del país frente al mercado global.
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El Gobierno (Equilibrio político): Si bien el oficialismo debió sacrificar una bandera económica importante, la eliminación del artículo le permitió asegurar los votos necesarios para avanzar con el resto de la reforma laboral, que incluye cambios profundos en las indemnizaciones y las obras sociales.
El Senado y el futuro de la reforma laboral
La eliminación de este punto crítico permitió que la sesión extraordinaria del Senado se encaminara hacia una votación favorable. Al despejar el capítulo fiscal más resistido, el Gobierno logró que la discusión se centrase en los aspectos vinculados a la relación trabajador-empleador y la estructura sindical. La resistencia, que no reconoció banderas partidarias, unió a mandatarios de diversos espacios en la defensa de sus recursos, demostrando que la caja coparticipable sigue siendo el límite infranqueable en las negociaciones entre el Ejecutivo y las provincias.
Tras el paso por la Cámara Alta, la reforma laboral —ya sin el beneficio para las grandes empresas— deberá regresar a Diputados para su sanción definitiva, donde se espera que el consenso alcanzado en el Senado se mantenga firme para dar cierre a uno de los debates legislativos más intensos del año 2026.