El oficialismo obtuvo dictamen en el Senado para la Ley de Inocencia Fiscal, que será votada el 26 de diciembre junto al Presupuesto 2026.
La iniciativa busca cambiar la relación entre el fisco y los contribuyentes, elevando los montos para que una infracción se considere delito y creando un régimen tributario simplificado.
Tras obtener media sanción en Diputados, el proyecto de «Inocencia Fiscal» logró dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Con el apoyo del interbloque oficialista y aliados como la UCR y el PRO, el Gobierno busca convertir en ley esta reforma tributaria antes de fin de año, en una sesión extraordinaria pactada para el 26 de diciembre.
Los pilares del proyecto: un cambio de paradigma tributario
La ley introduce un cambio conceptual fundamental: establece que los contribuyentes deben ser considerados cumplidores salvo que la administración tributaria (ARCA) demuestre lo contrario con pruebas concretas. Esto modifica el enfoque tradicional, descrito por el oficialismo como «persecutorio».
Entre sus puntos clave, el proyecto propone:
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Actualización de umbrales penales: El monto para configurar el delito de evasión simple se eleva de $1.5 millones a $100 millones. Para la evasión agravada, el piso pasa de $15 millones a $1.000 millones.
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Régimen Simplificado de Ganancias: Crea un esquema opcional para personas con patrimonio de hasta $10.000 millones. Quienes se adhieran no deberán justificar variaciones patrimoniales ni consumos, y pagarán impuestos solo sobre los ingresos facturados.
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Reducción de plazos: El plazo de prescripción para contribuyentes cumplidores se reduce de cinco a tres años.
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Posibilidad de regularización: Extingue la acción penal si el contribuyente paga la deuda y los intereses antes de una denuncia. Si la denuncia ya existe, se puede extinguir pagando un 50% adicional.
Críticas y el apuro por la sanción antes de fin de año
El tratamiento exprés del proyecto generó reparos, incluso entre algunos aliados. Se advirtió que la velocidad del trámite impidió introducir modificaciones clave, como un mecanismo de actualización automática de los montos por inflación y una escala diferenciada de sanciones para no equiparar a pequeños contribuyentes con grandes empresas.
Desde la oposición, el bloque Unión por la Patria (UxP) presentó un dictamen de minoría y cuestionó la iniciativa. Algunas críticas señalan que la norma relaja controles financieros, al eliminar o elevar los montos de los regímenes de información que obligan a bancos y otros actores a reportar operaciones de sus clientes. Sectores gremiales del organismo recaudador han expresado su preocupación, argumentando que esto podría complicar la lucha contra la evasión y el lavado de dinero.
Pese a los cuestionamientos, el oficialismo mantiene el objetivo de sancionar la ley en 2025, abriendo la puerta a futuras correcciones en 2026. El Gobierno fundamenta la urgencia en la necesidad de «actualizar un sistema desactualizado» por la inflación y de brindar mayor seguridad jurídica para reactivar el ahorro en la economía formal. Informo el medio Política Argentina.
