Para despejar sospechas de que la elección ya estaba direccionada, el Consejo de la Magistratura debió anular un concurso para un cargo de fiscal en Lago Puelo.
Se decidió el miércoles 7 de junio tras una sesión extraordinaria por videoconferencia, que se volcó en una acordada.
La gravedad del caso radica en que el propio secretario del Consejo, Diego Cruceño, se había inscripto para el cargo y según un informe del Consejo, el abogado ya se presentaba ante empleados y magistrados cordilleranos como el nuevo fiscal, cuando los exámenes ni se habían iniciado.
Los consejeros Esteban Defelice, Jorge Fruchtenicht y Raúl Fourgeaux viajaron para tomar entrevistas sobre la conducta de Cruceño.
Dialogaron con Carlos Díaz Meyer, el fiscal de El Hoyo quien reveló que el secretario del Consejo se había entrevistado con integrantes de su equipo.
“Se le había dado permiso para presenciar una audiencia en esa Fiscalía pero no estaba autorizado ni pidió autorización para poder entrevistarse con quienes la integran”, dice el informe.
Los consejeros hablaron con seis trabajadores de la Fiscalía de El Hoyo.
Cruceño les había dicho que cuando asumiera el cargo “era su intención realizar algunos cambios, como el sistema de turnos; manifestaba `Deberíamos hacerlo de tal o cual manera”. Lo notaron muy seguro”.
Hasta le preguntaron: “¿Estás seguro de que vas a ganar? Y respondió sin dudar: sí. Les daba la sensación que hablaba como si estuviera de fiscal”.
A una empleada que le cuestionó algunos dichos, Cruceño le manifestó que “no tenía que pedir permiso para participar de las audiencias”.
“La sensación que dejó en varias trabajadoras y en particular en la jueza penal de Puelo, Silvana Vélez es que parecía que todo ya estaba decidido”, dice el informe.
La magistrada hasta mencionó la palabra “arreglado”.
En cuanto a Vélez, contó que el 11 de mayo Cruceño se presentó en su despacho como secretario del Consejo.
“Ante su sorpresa le manifiesta que él iba a ser el próximo fiscal general y quería ponerla al tanto de cómo iba a ser su trabajo; entre otras cosas le manifestó que le iba a requerir que los resultados de las audiencias se las pasara por escrito, pero la jueza le manifestó que no lo haría de esta manera pues la oralidad es la regla en su fuero”.
Como si ya fuese fiscal, Cruceño “planteó diversos cambios que haría, como por ejemplo que las mediadoras participen de las audiencias y que las funcionarias debían ir a las comisarias”.
Cuando la jueza le cuestionó ese tipo de decisiones ya que eran propias del fiscal jefe, “manifestó que el rango con el actual fiscal general era el mismo”.
“Las entrevistas –escribieron los consejeros en su informe- nos dejaron la sensación de que la mayoría de aquellos con quien hablamos está descreyendo del proceso de selección de magistrados y que este Consejo quedó involucrado como parte de un proceso viciado de favoritismo”.
Otra situación opaca involucra a Cruceño.
Es que la abogada Silvina Mendoza se inscribió para fiscal en Puelo.
El concurso cerraba el 9 de febrero.
El secretario le pidió revisar documentación incompleta. La postulante denunció al Consejo que nunca fue notificada de ninguna resolución en cuanto a si su postulación había sido aceptada.
Sorpresivamente para el Consejo, Cruceño había firmado un acta de cierre de concurso según la cual no había postulantes, que se había rechazado la inscripción de Mendoza por no acreditar 7 años de ejercicio profesional y que al avisarle por teléfono, la postulante comprendió la situación “y se comprometió a remitir la acreditación a los fines de futuros concursos”.
Sin embargo, “contrariamente a lo que dice el acta sí hubo inscripción”, se dijo en la sesión extraordinaria. Además el rechazo a la postulación debió ser una resolución fundada firmada por el presidente del Consejo, Tomás Malerba, no del secretario. Nunca ocurrió.
Mendoza debió ser notificada para, en todo caso, ejercer su derecho a impugnar.
