La captura de Nicolás Maduro no dio paso al sueño democrático de la oposición venezolana.
En su lugar, la administración Trump ha priorizado una transición de «bajo ruido» que asegure el control sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, dejando a un lado a figuras como María Corina Machado y negociando directamente con el chavismo residual liderado por Delcy Rodríguez. Según Noticias Argentinas.
La Doctrina Trump: Administración, no Liberación
Desde su anuncio en Mar-a-Lago, Donald Trump dejó en claro que su objetivo en Venezuela no era una cruzada por la libertad, sino un ejercicio de administración. «Vamos a dirigir [Venezuela] hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y juiciosa», declaró. Este enfoque práctico y desprovisto de épica refleja una estrategia donde la estabilidad funcional prima sobre la transformación política.
El núcleo de esta estrategia es inconfundible: el petróleo. Con reservas estimadas en 300 mil millones de barriles, la industria venezolana, colapsada y corrupta, es vista por Washington no como un problema humanitario, sino como una oportunidad geopolítica y económica de primer orden. La promesa de inversión de «miles de millones de dólares» por parte de empresas estadounidenses busca reactivar el flujo de crudo, influir en los precios globales y enviar un mensaje contundente a Rusia y China, aliados tradicionales de Caracas.
Machado excluida, Rodríguez en la mesa: el cálculo del poder
En esta nueva configuración, María Corina Machado emerge como la figura más incómoda. Aunque acumula legitimidad como líder opositora y acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz, la administración Trump la excluyó deliberadamente de los planes de transición. ¿La razón? Para Washington, una transición que lidere la oposición conlleva rupturas muy profundas, genera gran incertidumbre y, sobre todo, crea un proceso muy difícil de controlar.
Por eso, Estados Unidos prefirió sentarse a negociar con Delcy Rodríguez, a quien el Tribunal Supremo de Justicia, aún controlado por el chavismo, designó como presidenta encargada. Este movimiento genera continuidad institucional, pero sin Maduro: renueva el rostro público del régimen, baja la tensión inmediata y, lo más importante, preserva intactas las estructuras de poderdentro del Estado. Se trata de un pacto claro de conveniencia: Estados Unidos asegura previsibilidad para sus intereses en el petróleo, mientras la cúpula chavista garantiza su supervivencia política, aunque sea desde un lugar subordinado.
El silencio de Milei y la tensión del alineamiento automático
El gobierno de Javier Milei optó por un alineamiento sin fisuras con la posición de Estados Unidos. Aunque gran parte de la sociedad argentina celebra el fin del régimen de Maduro, este respaldo incondicional revela una contradicción notable en el discurso libertario: festejan la caída de un tirano, pero callan frente a una fórmula que posterga la democracia, pacta con los herederos del autoritarismo y reduce una nación a un mero activo estratégico para administrar.
Este precedente tiene un peso concreto para Argentina. Implica aceptar un orden regional en el que las transiciones de poder las deciden acuerdos entre potencias extranjeras y élites locales, no la voluntad ciudadana ni la legitimidad institucional. Así, se erosionan los principios de soberanía y autodeterminación. Milei espera que su alineamiento le traiga réditos económicos y diplomáticos. Sin embargo, el precio es alto: renuncia a toda capacidad crítica y termina validando reglas que, en cualquier otra circunstancia, un defensor de la libertad denunciaría sin vacilar.
Para toda América Latina, la intervención envía una señal clara y preocupante: cuando los recursos son lo suficientemente estratégicos, la soberanía nacional se pone en la mesa de negociación. La gran pregunta que hoy recorre la región no es si el plan de Trump logrará extraer petróleo, sino cuál será el costo democrático de esta operación y quién terminará pagando realmente la factura del «nuevo orden» impuesto.
