Caso Agostina Páez: denuncian «extrema severidad» de la justicia brasileña.
El proceso judicial contra la joven argentina Agostina Páez en Brasil ha tomado un rumbo de alta tensión legal y diplomática. Investigada por un presunto acto de racismo tras la viralización de un video en Río de Janeiro, Páez se encuentra actualmente bajo un régimen de libertad restringida, monitoreada las 24 horas mediante una tobillera electrónica. Su defensa técnica ha calificado las medidas impuestas como desproporcionadas, asegurando que se está utilizando el caso de manera ejemplificadora más allá de lo estrictamente jurídico.
La situación se agravó el pasado viernes cuando, tras una orden de prisión preventiva que fue revocada a los pocos minutos, la joven fue trasladada a una dependencia policial en un procedimiento que su abogado consideró «arbitrario y sin fundamentos». Según Lu9, en declaraciones vertidas en el programa «Pasen y Vean», el letrado Sebastián Robles denunció una «violación flagrante del debido proceso», subrayando que su defendida se sometió a derecho desde el primer día y nunca intentó eludir la acción de la justicia brasileña.
Hostigamiento y uso de imagen institucional
La defensa de Páez sostiene que la joven no solo enfrenta la rigurosidad del sistema judicial, sino también un constante acoso social y mediático. Robles detalló que, desde que el video se hizo público, la argentina ha sido víctima de ataques verbales en la vía pública e incluso denunció que personas desconocidas ingresaron al departamento donde se alojaba haciéndose pasar por efectivos policiales. Este clima de inseguridad ha dificultado las tareas cotidianas de la joven, como salir a comprar alimentos.
Un punto de especial controversia es el uso de la imagen de Agostina Páez por parte de la Policía Federal de Brasil. Según el abogado, el Estado brasileño incluyó fotos de la joven en un spot institucional publicitario sobre el combate al racismo. «Es el mismo Estado que investiga el que está usando su imagen en un video publicitario», cuestionó Robles, argumentando que este hecho compromete seriamente la objetividad del proceso y vulnera la presunción de inocencia.
Estrategia legal ante la CIDH y contrademuncia por acoso
Ante lo que consideran una vulneración de garantías fundamentales, la defensa elevó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Estados Unidos. Asimismo, han solicitado una intervención más activa de la Embajada Argentina. Si bien el consulado brindó asistencia el día de la detención, la familia busca que el seguimiento diplomático garantice que no se cometan atropellos procesales en un sistema que Robles describió como «muy inquisitivo».
En paralelo al expediente por racismo —delito que en Brasil incluye el gesto de «macaco» desde 2023—, la defensa radicó una denuncia por «inoportuno sexual» contra el individuo que inició el altercado. Sostienen que Páez reaccionó ante gestos obscenos de carácter sexual realizados por esta persona. «La intención es que el contexto completo de lo ocurrido esa noche sea incorporado al expediente principal», afirmó el letrado, buscando probar que no hubo un dolo específico de discriminación racial.
Un proceso incierto y el pedido de repatriación
A pesar de la exposición mediática, el proceso judicial formal apenas está en sus etapas preliminares. En Brasil, la defensa debe presentarse por escrito antes de que el juez resuelva la elevación a juicio. Mientras tanto, la defensa solicita que se le permita a Páez regresar a la Argentina para continuar el trámite de forma virtual, bajo el compromiso de comparecer ante cualquier requerimiento.
Robles advirtió que cualquier expresión de arrepentimiento prematura podría ser utilizada como una confesión en el sistema brasileño, lo que obliga a la defensa a mantener una postura cautelosa. Por ahora, Agostina Páez permanece en Brasil, aguardando una resolución que equilibre la gravedad de la acusación con sus derechos civiles básicos, en un caso que ya escaló a los organismos internacionales de derechos humanos.