Extorsión y muerte en Olivos: cae banda que operaba desde cárceles.
Una profunda investigación judicial ha desarticulado una organización criminal, definida por las autoridades como una «pyme del delito», que operaba desde penales bonaerenses. El caso cobró relevancia nacional al confirmarse que esta red de estafas fue el motor del trágico suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un granadero de 21 años que cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos. El joven se quitó la vida en diciembre pasado tras verse sumergido en un laberinto de deudas y amenazas virtuales.
El Gobierno nacional y la Justicia Federal presentaron los resultados de los operativos que culminaron con la detención de siete personas. Según Infobae, la banda utilizaba aplicaciones de citas para captar víctimas y luego extorsionarlas mediante perfiles falsos y la usurpación de identidades policiales. Durante la presentación, el vocero presidencial Manuel Adorni fue tajante sobre la gravedad de la situación: “Un celular en una cárcel es un arma”.
La trama del engaño: del «audio del terror» a la tragedia
La modalidad delictiva comenzaba en la aplicación de citas «Evermatch», donde los delincuentes creaban perfiles falsos, como el de una supuesta joven llamada Julieta Ayelén Cardozo. Una vez entablado el vínculo con la víctima, se activaba el «audio del terror»: una supuesta madre indignada acusaba al usuario de ser un «degenerado» por contactar a una menor de edad. Acto seguido, aparecía un falso policía —usurpando el nombre real del agente Matías Nahuel Conti— quien exigía transferencias de dinero para frenar una causa judicial inexistente.
El impacto psicológico en el soldado Gómez fue devastador. En una desgarradora carta de despedida encontrada tras su muerte, el joven relató el calvario: «Esto parece ser estafa, porque solo piden más y más plata… Nunca creí que mi vida fuera a terminar así». La jueza Sandra Arroyo Salgado destacó que el nivel de presión financiera y el miedo a decepcionar a su entorno llevaron al granadero a tomar la drástica decisión con su propio fusil de guardia.
Celulares en las cárceles: una «pyme del delito» con estructura
La investigación permitió identificar que el centro logístico de la banda se encontraba en las Unidades 36 de Magdalena y 26 de Olmos. Los cabecillas, identificados como Francavilla, Sandoval y Duarte Arecó, coordinaban las estafas desde sus celdas mediante el uso sistemático de teléfonos móviles. La jueza Arroyo Salgado denunció una «corrupción estructural» dentro del sistema penitenciario que permite que estas prácticas persistan a pesar de los antecedentes.
Tras la caída de la organización, los líderes que ya se encontraban detenidos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo un régimen de alto riesgo y aislamiento tecnológico. El Ministerio de Seguridad aseguró que se han bloqueado las cuentas bancarias utilizadas para dispersar el dinero recaudado y se han secuestrado numerosos dispositivos móviles que funcionaban como las herramientas principales para estas extorsiones masivas.
El debate sobre el control digital en el sistema penitenciario
Este trágico suceso ha reabierto la discusión sobre la conectividad irrestricta de los presos en Argentina. Las autoridades señalaron que la habilitación del uso de celulares, surgida durante la pandemia por razones humanitarias, hoy carece de una regulación clara y efectiva. Para los investigadores, la privación de la libertad pierde todo sentido si los internos mantienen una «libertad digital» que les permite seguir delinquiendo con alcance nacional.
La desarticulación de esta banda no solo busca hacer justicia por la muerte del soldado Gómez, sino también alertar a la población sobre estas nuevas modalidades de estafa virtual. El compromiso del Estado, según afirmaron en conferencia de prensa, es garantizar que las cárceles dejen de ser plataformas operativas para el crimen organizado, asegurando que los responsables de estas maniobras extorsivas no vuelvan a tener acceso a un dispositivo móvil.