El gobierno de Gustavo Petro aseguró que la emergencia «no ha desbordado las capacidades nacionales» y que no está «técnicamente justificada» la asistencia externa. Las lluvias ya dejaron 18 muertos, 4.300 viviendas destruidas y 300.000 hectáreas bajo agua.
Mientras las inundaciones más severas de los últimos años siguen castigando a Colombia, el gobierno nacional tomó una decisión que generó controversia: descartó solicitar ayuda internacional para enfrentar la emergencia. A través de un comunicado, la Cancillería aseguró que «la situación actual no supera la capacidad operativa y funcional del Estado para la fase de respuesta inmediata», por lo que «no procede activar mecanismos internacionales de ayuda».
El anuncio se da en medio de una catástrofe que ya deja 18 muertos, 4.300 viviendas destruidas, cerca de 120.000 personas damnificadas y unas 300.000 hectáreas inundadas en seis departamentos del país. Según DW.
Un frente frío atípico desató la emergencia
Desde finales de enero y durante las primeras semanas de febrero, un frente frío atípico causó lluvias intensas, especialmente en el norte del país. Los departamentos más afectados son Córdoba, Sucre, Magdalena, La Guajira, Chocó y Antioquia, donde decenas de municipios sufrieron desbordamientos de ríos y anegamientos masivos.
Ríos como el Sinú se desbordaron, y la saturación de cuencas que tradicionalmente no registran precipitaciones tan severas en esta época del año agravó la situación. Habitantes de las regiones afectadas debieron ser evacuados o desplazarse por sus propios medios ante el avance del agua.
El argumento oficial: «No está técnicamente justificada la ayuda externa»
La Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que explica los motivos de la decisión. Según el texto, el gobierno trabaja en coordinación permanente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y considera que las capacidades nacionales son suficientes para responder a la emergencia.
«La situación actual no supera la capacidad operativa y funcional del Estado para la fase de respuesta inmediata, por lo que no procede activar mecanismos internacionales de ayuda», señala el documento.
La Cancillería precisó además que el llamamiento internacional es un instrumento «técnico, subsidiario y excepcional» que solo procede cuando las capacidades nacionales han sido «materialmente superadas», algo que, según su evaluación, no ocurre en el escenario actual.
Contacto con Naciones Unidas y declaratoria de emergencia
Pese a la negativa a solicitar ayuda externa, el gobierno mantiene contacto con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas y se declara «en plena disposición de activar mecanismos internacionales si la evolución de la situación lo requiere y media la recomendación técnica correspondiente».
El presidente Gustavo Petro ya había declarado el miércoles pasado la Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días, una medida que permite agilizar recursos, garantizar seguridad jurídica y fortalecer la respuesta frente a la amenaza derivada de las inundaciones.
Una decisión que abre interrogantes
Mientras las cifras de damnificados y damnificadas siguen en aumento, la decisión del gobierno colombiano de prescindir de la ayuda internacional abre interrogantes sobre la capacidad real de respuesta del Estado. Las imágenes de pobladores con el agua hasta la cintura intentando rescatar sus pertenencias contrastan con la evaluación oficial de que «no está técnicamente justificada» la asistencia externa.
Por ahora, la emergencia continúa y los organismos de socorro trabajan contrarreloj en los territorios anegados, mientras las comunidades afectadas esperan soluciones concretas más allá de los comunicados oficiales.
