La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública solicitó el sobreseimiento total del ex titular del ISSyS tras revisar contratos, actas e informes. La investigación por la mudanza de la obra social en Comodoro no encontró ni delito ni perjuicio. La jueza Eve Ponce tiene la última palabra.
Lo que empezó como una denuncia que prometía estallar en los tribunales, terminó desinflándose como un globo pinchado. La UFE-DAP, la unidad de élite de la fiscalía especializada en delitos contra la administración pública, pidió archivar para siempre la causa contra Alfredo Omar Prior, el ex presidente del ISSyS acusado de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de sus deberes de funcionario.
El giro es tan contundente como inesperado: después de revisar cada contrato, cada acta, cada informe técnico y cada testimonio, la fiscal Julieta Gamarra concluyó que no hubo delito. Que no hubo perjuicio. Que no hubo nada. Y ahora, la jueza Eve Ponce tiene en sus manos la decisión de cerrar el capítulo de una vez por todas.
Una denuncia que encendió la mecha pero se apagó sola
Todo comenzó cuando el contador Rodrigo San Martín, ex interventor del organismo, puso bajo la lupa la mudanza de la delegación del ISSyS a un inmueble de la Asociación del Personal Jerárquico Municipal. La denuncia apuntaba a un contrato de comodato y a las obras de adecuación realizadas. Las sospechas: que detrás de ese movimiento había un beneficio indebido para la entidad sindical.
La entonces fiscalía abrió el legajo y la jueza Ponce dio vía libre a la investigación. Prior quedó en la cuerda floja, acusado de delitos que podían costarle años de prisión. Pero la realidad, dicen ahora los fiscales, era otra.
La fiscalía revisó todo y no encontró nada
Durante la etapa preparatoria, la UFE-DAP no dejó cabo suelto. Incorporó documentación administrativa, actas de Directorio, informes técnicos, declaraciones de funcionarios, asesores legales, contadores, proveedores y hasta especialistas en obras civiles. Un rompecabezas de pruebas que, al final, no armó la figura delictiva que se buscaba.
La conclusión del dictamen es lapidaria para la acusación original: la decisión de celebrar el comodato se adoptó dentro de un órgano colegiado, con autorización expresa del Directorio del ISSyS. No hubo un hombre solo manejando los hilos. No hubo una maniobra oscura.
Además, la fiscalía sostuvo que el estado del inmueble era conocido por las autoridades y por las áreas técnicas intervinientes, lo que desactiva cualquier teoría de engaño. Las obras de adecuación, lejos de ser un capricho, respondieron a necesidades funcionales propias de una delegación sanitaria.
El «perfecto estado» que no fue delito
Uno de los puntos más calientes de la causa era la cláusula contractual que exigía el «perfecto estado» del inmueble. Para los denunciantes, eso escondía una trampa. Para la fiscalía, fue apenas una fórmula estandarizada dentro del instrumento legal, confeccionado y visado por el área jurídica del organismo.
«No se demostró dolo específico ni incidencia causal determinante que genere un perjuicio», sentencia el dictamen. En criollo: no hubo intención de dañar, no hubo daño, y la cláusula no fue más que un sello de goma administrativo.
Prior habló y los fiscales escucharon
En la audiencia de apertura, Prior tomó la palabra y explicó el contexto institucional de la mudanza. Mencionó la intervención del Directorio y de las áreas técnicas y legales. Negó haber tenido interés en beneficiar al sindicato. Esa versión, que en su momento pudo sonar a defensa desesperada, terminó siendo respaldada por la evidencia.
El expediente, que alguna vez pareció un tobogán hacia la condena, se convirtió en una montaña de papeles que no logró probar nada.
El deber de objetividad: cuando la fiscalía dice basta
La fiscal Julieta Gamarra invocó el deber de objetividad que rige al Ministerio Público para explicar su pedido de sobreseimiento. La investigación no permitió corroborar, con el estándar de probabilidad exigido en esta etapa procesal, la configuración de los delitos imputados.
Ahora la pelota está en la cancha de la jueza Eve Ponce, que deberá decidir si acompaña el cierre total del legajo. Si lo hace, Prior quedará limpio de acusaciones y la causa pasará a ser un recordatorio de cómo una denuncia puede encender un incendio que después se apaga solo.