Avance judicial por Los Alerces: el Parque prepara informes clave.
La investigación por el manejo del incendio que devastó miles de hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces ha ingresado en una etapa técnica fundamental. Tras la denuncia penal presentada por la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva, la Justicia Federal ha comenzado a solicitar documentación específica para reconstruir la cadena de decisiones tomada durante las primeras horas del siniestro, ocurrido en diciembre de 2025.
El proceso se centra en determinar si existieron fallas en la planificación o demoras en el ataque inicial del fuego en la zona del Lago Menéndez. Según EQS NOTAS, el actual interventor del Parque, Ariel Rodríguez, confirmó que el organismo ya se encuentra abocado a responder los requerimientos judiciales. «Se están librando oficios, a los cuales ya empezamos a elaborar la respuesta. Siempre son con plazos perentorios, así que estamos trabajando para preparar la documentación y remitirla de manera urgente», explicó el funcionario.
Requerimientos documentales y el foco de la fiscalía
Por el momento, la causa no ha avanzado hacia la instancia de declaraciones testimoniales o indagatorias, sino que se mantiene estrictamente en la recopilación de material probatorio. Rodríguez detalló que el procedimiento judicial se desarrolla exclusivamente por la vía documental: “No hay llamados ni citaciones personales; son notas y oficios que llegan al parque. A través de las distintas áreas se busca y recaba la información, se prepara, se documenta y se envía de manera digital”, señaló.
La Fiscalía Federal de Esquel busca desentrañar cómo se compone la estructura de combate a incendios, qué procedimientos se aplicaron y cuáles fueron las decisiones estratégicas adoptadas apenas se detectó el foco ígneo. La denuncia original apunta a presuntos delitos de abuso de autoridad, negligencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, alegando una «falta de acciones oportunas» que permitió la propagación del fuego.
El rol de la intervención en la causa
Ariel Rodríguez, quien asumió la intervención del Parque en medio de la crisis, ha optado por mantener una postura técnica frente a la disputa legal. El funcionario sostuvo que su prioridad actual es garantizar que la información brindada a la Justicia sea exacta y refleje fielmente lo ocurrido desde el inicio de la emergencia.
“No me estoy involucrando más que en la preparación de las respuestas para los oficios, que tienen que ser precisas y veraces, con toda la documentación que se originó desde el primer día del foco ígneo”, sostuvo Rodríguez. Esta recopilación de datos abarca desde los registros de comunicaciones internas hasta los partes de disponibilidad de recursos y medios aéreos al momento de iniciarse el incendio que puso en grave riesgo a la flora, fauna y a los propios pobladores del área protegida.
Una denuncia impulsada por los pobladores
El trasfondo de esta investigación judicial es el profundo malestar de los habitantes de la Reserva Nacional, quienes sostienen que la destrucción de grandes superficies de bosque nativo podría haberse evitado con una planificación preventiva adecuada. La denuncia advierte sobre la vulnerabilidad a la que se vieron expuestos tanto los trabajadores como los bienes materiales de las familias que residen históricamente en el lugar.
Mientras la Justicia analiza si hubo omisiones por parte de las autoridades anteriores o actuales, el Parque Nacional continúa operando bajo un esquema de alerta, con el compromiso de que los datos aportados sirvan para esclarecer las responsabilidades en uno de los desastres ambientales más dolorosos de la región en los últimos años.
