La parálisis de la obra pública y el alarmante atraso estructural de la Argentina encendieron las alarmas del poder económico y sindical.
En una cumbre de extrema tensión en el predio de La Rural, las principales cámaras empresarias y los gremios más poderosos del país unificaron posiciones para exigir un cambio radical. El diagnóstico es demoledor: sin una transformación inmediata que garantice estabilidad y reglas claras, el país está al borde de un cuello de botella que neutralizará cualquier intento de crecimiento, sepultando las promesas de despegue de la gestión actual.
El pacto secreto entre el G6, la CGT y la UOCRA en La Rural
El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) —el bloque multisectorial que nuclea al influyente Grupo de los Seis (G6) junto a la cúpula de la CGT y la UOCRA— se congregó de urgencia para definir una estrategia común ante la crisis. Los líderes corporativos y sindicales concluyeron de forma unánime que la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la previsibilidad contractual son condiciones de vida o muerte para destrabar el financiamiento privado de megaproyectos. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), reveló que disponen de más de 250 estudios técnicos que detallan las obras urgentes para abaratar costos logísticos, advirtiendo que sin una infraestructura moderna, el desarrollo nacional será una utopía.
Desde el sector financiero, Francisco Gismondi (director ejecutivo de ADEBA) remarcó que para captar capitales a largo plazo es indispensable consolidar una moneda fuerte y expandir las fuentes de crédito, apostando a esquemas de participación público-privada. En sintonía, Natalio Mario Grinman (titular de la CAC) defendió el rumbo de los cambios económicos actuales a pesar del severo esfuerzo social que implican. Sin embargo, la vereda sindical marcó un límite estricto: Cristian Jerónimo (CGT) y Martín Rappallini (UIA) alertaron que el orden fiscal no puede edificarse sobre el sufrimiento de los sectores vulnerables y exigieron que un Estado eficiente no abandone la planificación estratégica, mientras que Gerardo Martínez (UOCRA) sentenció que el consenso es la única salida para resolver este desorden histórico.
Alerta máxima por Vaca Muerta y el apagón de Extra Alta Tensión
El debate técnico sumó dramatismo con la exposición del economista Ariel Coremberg, quien sacudió al auditorio al demostrar que la productividad de la Argentina se encuentra estancada en los niveles del año 1950. Coremberg advirtió que para crecer a una tasa mínima del 2,9% anual es obligatorio elevar la inversión del 16,6% al 23,3% del PIB de manera inmediata, priorizando de forma absoluta el transporte y la conectividad. Las alertas sectoriales se multiplicaron: Roberto Cacciola (CAEM) exigió obras anticipadas en energía para evitar el colapso de la actividad minera, mientras que Alberto Calsiano (UIA) disparó una advertencia feroz al señalar que, a pesar del fenomenal avance de Vaca Muerta, las redes de transporte eléctrico de Extra Alta Tensión están al límite de su capacidad y amenazan con colapsar el sistema si no se refuerzan con urgencia.
En paralelo, se expuso la crisis del Norte Grande. Edgardo Castellanos (COREBE) urgió la ejecución de un plan hídrico para el NOA que contempla la postergada obra de San Juancito en Jujuy, un acueducto de 210 kilómetros en la provincia de Salta y la contención de los peligrosos excedentes de las cuencas Bermejo-Bermejito para evitar desastres productivos.
Rutas y trenes a manos privadas: el masivo plan de privatización por 50 años
El cierre de la jornada estuvo a cargo del secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Fernando Herrmann, quien expuso la hoja de ruta oficialista asentada sobre una agresiva desestatización. El plan gubernamental se enfoca en tres reformas inmediatas: la concesión inmediata de 9.154 kilómetros de rutas nacionales por un período de 20 años bajo un esquema financiado 100% por privados y con eliminación total de subsidios del Estado; la privatización total por 50 años de las estratégicas líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza para abaratar los costos de flete; y la continuidad estricta de las obras hídricas del Río Salado, esenciales para contener inundaciones que golpean a 59 municipios bonaerenses.