A pesar del sobreseimiento definitivo dictado por la jueza María Tolomei, la docente Roxana Ortega decidió no volver a ejercer la enseñanza en el sistema educativo público
La resolución judicial puso fin a dos años de prisión preventiva y estigmatización por una denuncia de abuso infantil sin sustento, pero evidenció la falta de reparación moral por parte de las instituciones estatales.
El impacto institucional y familiar del proceso
La absolución plena no vino acompañada de un reconocimiento oficial sobre las falencias cometidas durante la etapa de instrucción:
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Ausencia de disculpas institucionales: Ninguna autoridad del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Educación ni del Poder Judicial se contactó con la docente o su familia para ofrecer un pedido de disculpas formal. «Nadie le pidió disculpas», ratificó su abogado defensor, Facundo Bonavitta.
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Detención y condena social: Ortega permaneció encarcelada en una dependencia policial mientras amamantaba a su bebé de nueve meses y posteriormente cumplió cuatro meses de prisión domiciliaria estricta sin pruebas sólidas en su contra.
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Renuncia a la docencia: El letrado confirmó que la profesional no regresará a las aulas debido al quiebre emocional provocado por el accionar judicial. «No voy a volver al aula en este momento, no es mi deseo», sostuvo la defensa respecto a la postura de la maestra.
Reclamo de mayor rigurosidad en las investigaciones
Frente a las graves deficiencias detectadas en la investigación preparatoria, la defensa legal enfatizó la necesidad de establecer filtros más estrictos antes de solicitar la privación de la libertad de un trabajador de la educación.
Bonavitta instó a las fiscalías a utilizar los plazos legales para verificar los testimonios y consultar al personal escolar antes de formular imputaciones apresuradas que destruyan trayectorias profesionales, buscando evitar que se repitan casos similares en la provincia.