La delegación nacional expuso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar la suspensión inmediata del proyecto extractivo Sea Lion en el archipiélago. La representación británica desconoció la competencia de la corte para intervenir en la controversia.
En la sede central del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, ubicada en la ciudad de Hamburgo, Alemania, dio inicio este martes 10 de noviembre la primera audiencia del litigio formal que enfrenta a la República Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña por la ejecución unilateral de proyectos de prospección e hidrocarburos en el Atlántico Sur.
El reclamo promovido por el Estado argentino busca la adopción de medidas cautelares urgentes para paralizar el desarrollo del yacimiento petrolífero Sea Lion, emplazado en la plataforma continental correspondiente a las Islas Malvinas, territorio cuya soberanía permanece en disputa bajo el mandato de las Naciones Unidas.
Durante la apertura de las presentaciones orales, el consejero de la Cancillería argentina, Mario Oyarzábal, precisó ante los magistrados internacionales que la demanda cautelar no busca resolver el diferendo de fondo sobre la soberanía, sino preservar los recursos naturales y la jurisdicción territorial en el área litigiosa:
«La protección de los derechos soberanos de Argentina sobre la plataforma continental a la espera de la resolución de la disputa, no su determinación», enfatizó Oyarzábal en el estrado.
En esa misma línea, el diplomático remarcó la existencia de «el derecho de Argentina y la correspondiente obligación del Reino Unido de que no se tome ninguna acción unilateral que altere irreversiblemente la plataforma continental en disputa solo para la explotación de sus recursos no renovables».
Fundamentos de las medidas precautorias y postura británica
La delegación argentina —respaldada por los juristas internacionales Marcelo Kohen y Nico Schrijver— requirió de manera formal al tribunal la aplicación de cuatro ejes precautorios de cumplimiento obligatorio:
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Suspensión de obras: Paralización inmediata de todas las actividades vinculadas al proyecto extractivo Sea Lion.
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Resguardo ambiental: Implementación de protocolos estrictos para prevenir eventuales contingencias que afecten el ecosistema marino del Atlántico Sur.
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Protección de datos: Restricción sobre el uso o transferencia de información geológica recabada de manera unilateral sobre la plataforma continental.
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Congelamiento de acciones: Abstención de impulsar nuevas medidas unilaterales que modifiquen el estado del territorio en disputa.
Por su parte, la representación legal del gobierno británico centró su defensa inicial en cuestionar la jurisdicción del fuero internacional, alegando que el Tribunal de Hamburgo carece de competencia legal para expedirse sobre el asunto y ratificando la potestad del Reino Unido para otorgar concesiones de exploración petrolera en el archipiélago.
El cronograma del tribunal internacional prevé el desarrollo de la segunda audiencia del proceso para este miércoles 11 de noviembre, completando la fase inicial de alegatos entre las partes.