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El 29 de agosto es el Día del Abogado. Esta fecha fue elegida por la Federación de Colegios de Abogados (FACA), que comenzó a adoptarla desde 1958 bajo la presidencia de Arturo Frondizi. Ahora bien: ¿A qué se debe?

Para encontrar la explicación hay que remontarse al 29 de agosto de 1810, día del nacimiento de Juan Bautista Alberdi en San Miguel de Tucumán.

Considerado uno de los pensadores más importantes del siglo XIX, este abogado fue parte de la «Generación del 37», un grupo de jóvenes intelectuales -entre los que también estaban Domingo Faustino Sarmiento, Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría, entre otros- que se consideraban «hijos» de la Revolución de Mayo y opositores al gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Este enfrentamiento con Rosas tuvo como consecuencia el exilio de Alberdi, que dejó Buenos Aires y partió a Montevideo, donde trabajó como abogado y periodista apoyando la intervención francesa contra el gobierno de Buenos Aires. Luego, logró escaparse del Sitio Grande de Montevideo (1843) y se reubicó en Francia, donde conoció a José de San Martín.

Tras la caída de Rosas en la Batalla de Caseros (1852), Alberdi escribió la que sería su principal obra: Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina.

Ese libro fue, al cabo, una de las principales fuentes de consulta para la elaboración de la Constitución Argentina, que se sancionaría en 1853.

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De vuelta en Argentina en 1878, tras varios años como diplomático en Europa, Alberdi fue elegido Diputado Nacional por la provincia de Tucumán. Pero nuevas disputas políticas (esta vez con Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca) derivaron en un nuevo exilio, por lo que Alberdi regresó a Francia.

Alberdi falleció el 19 de junio de 1884, a los 73 años, en Neuilly-sur-Seine (París), pero su obra perduró a lo largo del tiempo, a tal punto que la Federación de Colegios de Abogados eligió el día de su nacimiento para celebrar el Día del Abogado.

El abogado Gastón Bordier, que el último miércoles denunció penalmente junto a su colega Cynthia Castro al ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, realizó un análisis sobre los motivos que derivaron en la denuncia al funcionario público.

Los abogados consideran que el ministro Massoni incumplió en reiteradas ocasiones con la ley y que violó sistemáticamente los derechos de la ciudadanía, cometiendo excesos y además imponiendo legislación en el territorio provincial, algo que está prohibido por la Constitución, ya que las leyes solo pueden ser emitidas o sancionadas por el Poder Legislativo, y en segunda instancia, por el Poder Ejecutivo a través de Decretos de Necesidad y Urgencia.

El abogado comodorense explicó que la denuncia presentada el miércoles amplía la cantidad de personas investigadas por la comisión de delitos. En total, los denunciados son cinco: el ministro de Seguridad, Federico Massoni, el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal, Federico Pérez Mariani, el ministro de Salud, Fabián Puratich, la subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud, Jimena Marcos, y el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini.

La polémica por los certificados de circulación de Massoni

“He visto la titulación que hicieron algunos medios sobre este tema. Quizá hablar de espionaje es un exceso en la interpretación, pero es algo cercano. Una de las acusaciones que hacemos, específicamente al ministro de Seguridad Massoni, a Pérez Mariani y al ministro Grazzini, tiene que ver con que, ellos, en la audiencia de Hábeas Corpus que se desarrolló en Trelew, fueron notificados in situ por la jueza de que debían cumplir con el protocolo nacional, con lo establecido en el decreto 297/20. Ese protocolo establecía que solo había un certificado de circulación válido en toda la República Argentina.

Nosotros hemos visto notas periodísticas en donde Grazzini y Massoni insistían con esto de que, en Chubut, primaba frente al certificado único de validez nacional, el certificado de Chubut para cualquier persona que circulara por la provincia, y que cualquiera que deseara ingresar a Chubut debía obtenerlo a través de dos plataformas digitales que estaban bajo la órbita del Ministerio de Seguridad”, señaló el letrado.

En esta línea de análisis, Bordier resaltó que, en determinado momento, durante una entrevista televisiva, el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal, Federico Pérez Mariani, afirmó que una de las plataformas podía incluso hacer geolocalización de personas.

“El ministro Grazzini luego receptó dentro del ministerio de Gobierno la plataforma que emitía los certificados de circulación para los automotores, esto, en violación del protocolo nacional.

Durante el momento más estricto de la cuarentena se persiguió a mucha gente. Hubo cerca de cuatro mil denuncias hechas por los agentes federales en los juzgados federales. Se persiguió a las personas por la presunta comisión de los delitos establecidos en los artículos 205 y 239 del Código Penal. Y acá viene la paradoja, ahora ellos son acusados por haber violado el artículo 239 del Código. Esta disposición, lo que penaliza es incumplir con una sentencia judicial.

Ellos se habían comprometido frente a la jueza a cumplir con el protocolo nacional. Pero desconocieron por completo que existía un solo certificado para todo el país. Entonces, violaron lo que se comprometieron a cumplir”, argumentó el abogado.

Fabián Puratich, el denunciado inesperado

En otro tramo de la entrevista con este diario, el abogado que el último miércoles denunció a cinco funcionarios del gabinete provincial puso el foco de análisis en el ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, y explicó por qué también fue denunciado.

“El único poder del Estado que puede emitir leyes con alcance general es el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo tiene prohibido esto como principio básico, no puede emitir normativa.

La Constitución Nacional solo lo autoriza en el Artículo 99, y en la Provincial en el 156, a emitir Decretos de Necesidad y Urgencia cuando por alguna cuestión de urgencia se deba sancionar un decreto de este tipo, pero esto es algo que debe ser debidamente fundamentado.

Si alguien puede fundar esa urgencia, esto es solamente otorgado en cabeza del titular del Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador. Esto es algo que nunca se delega, y de hecho está prohibido por la Constitución, en otras autoridades, en este caso ministros”, explicó Gastón Bordier.

En esta línea, el letrado indicó que los ministros, en tal caso, solamente pueden emitir normativa para el manejo interno de las carteras que conducen, pero nunca para toda la provincia. “La acusación se extiende a Puratich y Jimena Marcos porque hay una resolución conjunta que emiten Massoni y Puratich, que es la Nº 1542, en la que además empiezan a tener sustento el resto de las resoluciones emitidas por el ministro de Seguridad.

Acá no se trata de que nosotros tengamos algo en contra de los ministros, lo que estamos juzgando son las conductas como funcionarios públicos. No deben olvidar que tienen que respetar la Constitución”.

Además, Bordier destacó que en el caso puntual del ministro Massoni hay un agravante que, valga la redundancia, agrava todavía más su situación. El ministro de Seguridad es abogado, por lo tanto es un técnico del derecho, un absoluto conocedor de las mandas constitucionales y obligaciones legales que pesan sobre él.

Entonces, es ilógico que desconozca la Ley. “Al haberse formado como profesional, la pena es más rigurosa”, remató el abogado local.

Lo afirmó su abogado Fabián Gabalachis quien ratificó que la ex ministra provincial quiere dar una conferencia de prensa e insiste en que de lo que se acusa es “normal” en la administración pública.

“El mejor de los supuestos que yo puedo avizorar es comprometer a más gente”, sostuvo esta mañana Fabián Gabalachis, abogado de la exministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola, según publica diario El Patagónico.

Además, el letrado consideró que los organismos de contralor del Estado no funcionan, recordando que en el pasado “he visto al Tribunal de Cuentas Provincial haciendo inspecciones semestrales en municipios” que no encontraban irregularidades que a él le tocó comprobar. “No funcionaban antes y ahora veo que tampoco”, acotó en diálogo con La Cien Punto Uno.

Además, sostuvo que Torres Otarola “entiende que es normal y pasa a diario en la administración pública, por más que algunas cosas son difíciles de comprender para el resto de los ciudadanos y hasta nos chocan, pero en el ámbito de la administración pública ella interpreta que no constituye delito”, por ejemplo, contratar empleados que no asisten a sus lugares de trabajo, ya que “incluso se logran mejores objetivos con personas que no están todo el día en sus despachos”.

Cabe destacar que la ex funcionaria debe comparecer ante el juez el martes 11 de agosto próximo para ser notificada de las acusaciones que pesan en su contra por defraudación al Estado, tanto cuando era diputada como siendo ministra de Mariano Arcioni entre el 10 de diciembre de 2019 y el 30 de junio último.

“A quien tenemos que convencer es al fiscal, no al juez, en estos seis meses. No creo que sea tarea fácil, ya que por sus declaraciones en los medios lo veo decidido a ir al hueso”, dijo Gabalachis respecto a Omar Rodríguez.

“Veremos qué es delito y qué es falta administrativa”, añadió el letrado, quien aseguró que su representada se halla en óptimas condiciones anímicas y que “cuando escucha lo que dice el fiscal tiene ganas de hacer una rueda de prensa. Yo le expliqué que ahora conviene darlas dentro del ámbito de la justicia, evaluando en qué oportunidad, porque no hay que convencer al juez, si no al fiscal y caerían en saco roto porque lo veo convencido”.

Alberto Gilardino es el abogado que se mencionaba en la causa «ñoquis calientes» como beneficiario de un alto salario que desde el Ministerio de Desarrollo Social se pagaba a su propia madre, ya que él aún debe responder por su responsabilidad la causa Revelación.

Como se sabe, aquella causa judicial también incluía sobresueldos aunque todavía no fue llevada a juicio.

Otarola y doce imputados más

«Cecilia Torres Otarola y otros p.s.a fraude a la administración pública» se denomina la causa que este miércoles elevó el titular de la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Omar Rodríguez. A través de la misma, se imputó a la ex funcionaria y a otras 12 personas.

En concreto, lo que está en duda es la idoneidad y la efectiva prestación de servicios por parte de quienes dependían laboralmente de Torres Otarola desde la época en se desempeñaba como diputada provincial.

El arrepentido Gilardino

En este contexto reapareció el «arrepentido» Alberto Gilardino, fugaz jefe de Gabinete que últimamente habría accedido a un salario del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud a través de su madre, Patricia Claudina Antonio, ahora también imputada en esta causa.

Gilardino -que antes de ser jefe de Gabinete fue secretario de Pesca de Chubut- se halla impedido de ejercer cargos públicos en función de las imputaciones que pesan sobre él en el marco de una de las causas de corrupción que estallaron en Chubut cuando cayó en desgracia Diego Correa.

Se trata de la denominada «Revelación», que justamente comprende el pago de sobresueldos, uno de cuyos beneficiarios fue en su momento Gilardino, según él mismo admitió ante dos fiscales buscando mitigar la pena que podría caberle cuando se lleve a cabo el juicio, sucesivamente pospuesto desde comienzos de este particular año 2020.

«Garganta Profunda»

Pocos días después de que estallara la causa «Revelación» -el 22 de mayo de 2018- se supo que un ex alto funcionario del gobierno provincial que encabezó Mario Das Neves había brindado un testimonio clave para entender cómo era el mecanismo de cobro de los sobresueldos. Se trataba ni más ni menos que de Alberto Gilardino, el hombre que sucedió a Víctor Cisterna como ministro Coordinador de Gabinete en noviembre de 2016 y que había renunciado un mes y medio antes de la muerte de Mario Das Neves, ocurrida el 31 de octubre de 2017.

«Empecé a tener ‘ruido’ de los manejos de Correa sobre el final. De hecho, vino (Pablo) Durán, que era el ministro de Gobierno, y me dice ´Beto, hay mucho ruido con Diego (Correa), de que está viniendo gente a dejarle cosas a Casa de Gobierno (plata concretamente); que lo tienen grabado; que lo tienen filmado; que las pide de su teléfono particular´. Como que él tenía el dato de que andaba dando vuelta eso», declaró Gilardino ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz.

Contó también que a Cisterna «se lo acusaba de manejar cuestiones de plata y se hizo público que le decían ´toallón´ (porque te abrazaba y quedabas seco), así que parecía que había un sector que lo quería afuera… Das Neves nos convoca a Pablo Oca y a mí. Le dice a Pablo que prefería que él siguiera manejando los números y que yo sea el próximo jefe de Gabinete».

Una vez en el cargo, Gilardino se reunió en la Secretaría Privada con Correa y Gonzalo Carpintero. «Correa me dice: ´no hables nunca de plata con Mario; no se habla de plata con él; todo eso lo manejo yo; a vos te vamos a dar un monto fijo por mes porque hay que venir todos los días, todas las tardes… los sábados nosotros venimos a trabajar; tu teléfono tiene que estar prendido 24 horas por cualquier eventualidad».

Gilardino explicó que «estaban divididos; Gonzalo hacía la parte política y Diego era la parte administrativa y la parte concreta de los pagos. De hecho cada vez que se viajaba Diego era el que pagaba los gastos de Mario. Me dicen que me iban a dar $ 100.000 por mes en concepto de horas extras o algún motivo así, como que venía estipulado. Yo acepté». Dijo que cobró en diciembre de 2016 y en enero, febrero y marzo de 2017.

Cuentas claras

Llegó el recambio de autoridades de las sociedades de las cuales el Estado participa y Transpa era una. «Estaba (Hernaldo Pedro) Crisci, quien se fue junto a Cisterna porque era su mano derecha en la Coordinación de Gabinete».

Gilardino pidió blanquear la plata que recibía porque «me trasladaban el problema a mí donde yo tenía plata que no la tenía blanqueada». Aceptaron su idea. «Hacen renunciar a Crisci y me nombran a mí en una sesión extraordinaria, y también en Hidroeléctrica Futaleufú. Entre los dos eran más o menos 15 (mil) de uno y 30 y pico de otro, casi sumaba 50 mil pesos entre los dos, más allá de que me tenía que pagar los autónomos todos los meses, quedando blanqueado así 50 mil y empiezan a darme 50 y no 100».

Sus declaraciones se hicieron públicas porque desde la misma Fiscalía se hizo circular el video donde era interrogado por los fiscales.

La nueva imputación

«Siguiendo con el relato de los hechos, también debemos mencionar la situación de Antonio, Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020 le efectuó transferencias bancarias al CUIL 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 peso, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada», sostiene la presentación hecha este miércoles por el fiscal Rodríguez.

El abogado Gastón Bordier, quién inició el pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad Federico Massoni por presuntos abusos durante la cuarentena, calificó al funcionario de “dictador”, por las medidas que tomó “desde el 12 de marzo hasta el hábeas corpus, cuando esa normativa se dejó de lado”.

Bordier destacó que Massoni “violó todo el plexo normativo constitucional de Nación y de Provincia. La gravedad es increíble. No tenemos antecedentes en Chubut de que haya sucedido una cosa así antes”.

“Lo padecieron en Trelew más que nadie en la provincia, con las 5 mil detenciones y la cantidad de secuestros de automotor, que no estaban ordenadas por el Juzgado Federal, pero el ministro lo ordenaba como si fuera un juez, sólo porque a él se le ocurría”, descargó. “Se lo comió el personaje del comic y se llevó puesta la división de poderes”, manifestó en alusión a la comparación con el Capitán América.

“Vimos videos en los que ordena detener personas sin orden judicial. Pidió un gimnasio de la Municipalidad de Trelew para convertirlo en centro de detención, clandestino no porque no se supiera dónde estaba, sino porque no es el fin de ese inmueble. Un gimnasio no es una comisaría”, indicó. “Usurpó funciones de otros poderes. La Constitución Nacional dice que nadie puede ser detenido sin orden de un juez. El ministro no podía haber estado en los operativos que él armaba deteniendo gente. Según policías de su fuerza, en algunos actuó armado. Una locura que solo puede ocurrírsele a Massoni”.

Bordier explicó que “las resoluciones ministeriales las emanaba Massoni junto con su ladero, Pérez Mariani. Del 12 de marzo al 1º de abril no hubo una sola publicación de las normas que él, por los medios, ordenaba. El ‘yo,yo,yo’, siempre estaba en su discurso, arrogándose facultades que corresponden, en una emergencia, al gobernador, como emitir un DNU. Emitió tres o cuatro resoluciones por día. Inclusive reguló un tratado internacional por el paso de los camioneros en la Cordillera, cuando no los dejaban parar en todo Chubut. Esa regulación corresponde al Congreso de la Nación, no a un ministro, aún más en una ruta nacional como la 40”.

Esas decisiones “corresponden al iscal de Estado, Giacomone, o pudo actuar la Defensora del Pueblo. Es una vergüenza para los abogados ver que quienes comparten nuestra profesión en el ámbito público no hayan hecho nada, viendo todas las barbaridades que se padecieron. Al ministro todo el mundo lo dejó actuar. Hay un silencio de la autoridades que no se entiende”.

El pedido de juicio político el 4 de junio ingresó en la Legislatura: “Escuchamos otros pedidos de juicio pero los legisladores están de vacaciones. Escuchamos a muchos decir que no sesionan por solidaridad con los empleados legislativos. Están dejando a la provincia sin división de poderes y que se dejen de ser solidarios porque no fueron votados para eso, sino para cumplir su tarea. Nos preguntamos qué pasa en la provincia que hay dos poderes que no funcionan y un tercer poder constantemente atacado”.

Bordier alertó a Legislatura “de que al momento de juzgar a este sujeto no crean que todo lo que hizo fue por error o desconocimiento de la ley. Precisamente por ser abogado se lo tiene que exigir con la máxima dureza, porque actuó a sabiendas de que violó la Constitución con dolo”.

En cuanto al caso de la comisario de Rawson, Laura Mirantes, separada del cargo por un sumario administrativo luego de que se negara a detener a un grupo de vecinos, Bordier contó que “los fiscales desistieron de la denuncia. Sin embargo Policía la volvió a suspender por otros 60 días sin goce de haberes y preventivamente. Siguen con un sumario para destituirla, cuando ya la justicia se expidió. Es raro que una mujer haya sido denunciada por un subcomisario siendo ella Comisario”, añadió.

Otra denuncia

Gabriel vive en el barrio INTA de Trelew y denuncia que el domingo recibió diez disparos de la Policía, dos de ellos directos en la cara. La Policía se paró enfrente de su casa y, sin mediar palabra, disparó, denunció el hombre a la revista Cítrica, un medio cooperativo surgido tras el cierre del diario Crítica y que desde 2012 cubre historias de las causas sociales, entre otras.

“Mis vecinos me dijeron que estaba el ministro de Seguridad, Federico Massoni, en el operativo. Yo no lo vi porque ya estaba herido, pero ellos lo reconocieron, estaba en un auto atrás de la camioneta blanca de la Policía y me contaron que cuando me pegaron y caí al piso, él se fue”, relató Gabriel a Cítrica.

“No puedo entender por qué la Policía es tan violenta con nosotros. Ayer no había nadie en la calle, los vecinos salieron cuando escucharon los disparos. Una vecina recibió un montón de balas de goma en la espalda”, agregó.

“Delincuentes”

“Hace un tiempo el ministro de Seguridad dijo que en este barrio éramos todos delincuentes. La Policía viene y tira y si ven que no hay nadie en la calle les tiran a los perritos, vienen para provocar. Si ven un chico en la calle enseguida lo ponen contra la pared y le pegan”.

“Desde que empezó la cuarentena esto se puso peor, la semana pasada volvía de mi trabajo y me pidieron el permiso que me dio la empresa para circular y toda la documentación y me dijeron que estaba vencido. Una policía me apuntó con su arma y me dijo: ‘Callate, negro de mierda’”.

“Vinieron otros oficiales, hablaron con mi esposa y conmigo y dijeron que no saben nada de lo que pasó. Tenemos miedo, pero queremos denunciar públicamente lo que pasa porque si nos callamos cada vez va a ser peor, la gente está muy cansada de esta violencia”. Resta aguardar el resultado de la investigación por estos episodios.

A partir de lo decidido por el Juez Gustavo Castro en una audiencia realizada el 24 de este mes cuando resolvió rechazar la morigeración de la medida de coerción que lleva adelante el imputado por tentativa de homicidio Bruno Edgardo Oscar Romero, la defensa que ejerce Laura Fernández pidió revisar la decisión del magistrado en el marco del artículo 236 del código procesal penal y pidió cesar la medida de coerción amparándose en la situación de pandemia. Cabe destacar que la audiencia fue por sistema de videoconferencia con la negativa a participar del propio imputado.

La fiscal general Carolina Marín solicitó la confirmación de lo decidido por Castro dado que se ajustaba a derecho y de acuerdo a los hechos imputados, cuya causa ya fue elevada a juicio oral y público que ha debido postergarse debido a la situación existente, además de reiterar que se mantienen los peligros procesales fundados debidamente en la resolución y no existen riesgos para Romero en relación al covid 19 encontrándose actualmente adecuadamente contenido en tal sentido.

Así lo entendieron los Jueces revisores Fabio Monti y César Zaratiegui quienes ratificaron lo dispuesto por Gustavo Castro. Para Monti la medida se encuentra amparada por la Ley XV número 4 que menciona los tiempos máximos de prisión preventiva y no existen hechos nuevos que impacten o conmuevan los riesgos procesales que persisten.

En tanto Zaratiegui reafirmó la posición de su colega agregando que existen resoluciones respecto a la situación de los detenidos frente a la pandemia que además está expuesta en el escrito de Castro cuando menciona lo determinado por la Jueza María Tolomei en cuanto a la contención y el trato adecuado que debe existir para con los alojados en centros de detención, además que no hay antecedentes de casos en ninguna dependencia de esta ciudad. Por lo tanto, el abogado Bruno Oscar Romero deberá continuar esperando el juicio en prisión preventiva.

El hecho por el cuál se encuentra acusado remite al 16 de abril de 2019 cuando siendo aproximadamente las 20:15 horas, Edgardo Oscar Bruno Romero munido de un arma de fuego tipo pistola semiautomática completamente limada sin número de serie ni marca, con supresor de sonido adosado al caño del arma de fabricación casera calibre 45, se hizo presente en el domicilio sito en Avenida Hipólito Irigoyen 1015 de esta ciudad de Trelew, ingresó al mismo, se dirigió hacia el fondo del predio, en el que se encuentra el taller de tapicería de Horacio Pavés y conociendo el poder vulnerante del arma que portaba, gritando «te voy a matar hijo de puta» le realizó al menos 2 disparos de arma de fuego, alcanzando uno de ellos a la víctima en la región dorsal baja derecha de la espalda, momento éste en que Pavés se gira hacia Romero, se trenza en lucha con el mismo y para resguardar su integridad, con el destornillador que estaba utilizando en el arreglo de una silla se defiende, dándole con el mismo en la cara a su agresor, mientras forcejeaba con éste a fin de evitar que continuara con su ataque y lograra darle muerte.

Romero no logró su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad dado que la víctima ante gritos de auxilio advirtió a una transeúnte ocasional, la que de manera inmediata dio aviso a los empleados de la carnicería lindera a la tapicería, y provocó la reacción de dos empleados, quienes se hicieron presentes en el predio, siendo uno de ellos quien le saca de la mano a Romero el arma de fuego y llama de inmediato a la policía y a la ambulancia, dado que tanto víctima como victimario se hallaban heridos y fueron trasladados ambos al hospital zonal de la ciudad de Trelew.

La calificación es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, en calidad de autor, en el marco de los artículos 79, 41 bis, 42,45, 54 y 189 bis inciso segundo, párrafo cuarto del código penal y artículo 4 inciso 3 b) del decreto 395/75 y la pretensión punitiva alcanza a los siete años de prisión de ejecución efectiva.

Se trata de un profesional que trabaja con la comunidad china, aunque no con la embajada de ese país. Los análisis se llevan a cabo en el Hospital Zubizarreta, en el barrio de Villa Devoto.

Un abogado porteño era sometido esta tarde a diferentes análisis en el Hospital Zubizarreta del barrio de Villa Devoto debido a que presenta síntomas compatibles con coronavirus, informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Los voceros explicaron que se le aplicó el protocolo para casos de alerta y que “se le están realizando los estudios correspondientes».

“Puede ser gripe también”, explicaron desde la repartición porteña, desde donde agregaron que “el hombre es un abogado que trabaja con la comunidad china, pero no en la embajada”.

La guardia del Hospital Zubizarreta se mantiene activa y abierta al público, y aclararon que el paciente ingresado con síntomas compatibles a coronavirus está aislado hasta tener los resultados de los estudios que se le realizaron.

Desde la guardia del centro de salud informaron a Télam que tienen instrucciones de no aportar información “hasta mañana”, presumiblemente el tiempo que demoren los resultados de los análisis y estudios realizados.

Por último, desde el Ministerio de Salud no confirmaron la identidad del paciente.

El hecho ocurrió este martes al mediodía en el acceso norte a Caleta Olivia. El abogado radicó una denuncia por el delito de “amenazas de muerte” y el agresor quedó demorado.

El hecho ocurrió poco antes del mediodía de este martes y tuvo como principal protagonista a un camionero que se equivocó de calle e ingresó a contramano por una avenida del acceso norte de Caleta Olivia.

Según destaca El Patagónico, primero increpó verbalmente a varios automovilistas que le reprocharon la maniobra pero luego se bajó portando un cuchillo de grandes dimensiones y amenazó de muerte a uno de ellos, tratándose de un conocido abogado: Ismael Machuca.

El conductor fue identificado como Marcelo Barberich, de unos 35 años de edad, quien conducía un camión con jaula marca Volvo FH 12, dominio FFE 758 de color azul, perteneciente a la empresa de Transportes Thomas, con la leyenda “Mi pingo azulado” pintada en el frente de la cabina.

Procedía de la localidad bonaerense de Coronel Dorrego (ubicada al sur de la Sierra de la Ventana) y se dirigía hacia Río Gallegos transportando ganado en pie, precisamente decenas de ovinos.

De acuerdo a datos obtenidos y por el testimonio del abogado Machucha, el Volvo ya había traspuesto la playa de tanques petroleros de Termap y 300 metros más adelante giró hacia la izquierda pero en vez de seguir por la calle Primeros Pobladores (que es la continuación de la Ruta 3) giró hacia la derecha y avanzó unos 100 metros a contramano por uno de los carriles de la avenida Leandro Alem.

Discusiones y agresión

Fue así que se encontró de frente con tres vehículos particulares cuyos conductores frenaron y accionaron bocinas exigiéndole que diera marcha atrás, pero Barberich se negó a ello a los gritos desde la cabina, generándose fuertes discusiones.

Luego, para sorpresa de todos, se bajó del camión con enorme chuchillo del tipo carnicero con mango blanco y se acercó hasta la camioneta que conducía Machuca a quien le dijo que “te voy a cagar matando”, según los dichos del letrado.

Luego volvió a subir al camión en el que viajaba con una mujer (supuestamente su esposa), avanzando hasta ensamblar correctamente otra avenida, la San Martín, pasando por la zona céntrica y continuando viaje hacia el sur.

Tras reponerse del susto, el abogado alertó a la policía contando lo sucedido y rápidamente patrulleros las comisarías Primera y Tercera salieron en búsqueda de Volvo, al cual interceptaron en la avenida Eva Perón, a unos dos kilómetros del sitio del incidente.

Más tarde pudo saberse que fue trasladado hasta el Hospital Zonal para practicársele un dosaje de sangre y si bien no hubo otra información adicional, habría quedado demorado por varias horas hasta tanto se sustanciaran las actas y se pusiera en conocimiento del caso a un juzgado de instrucción, en tanto que el abogado Machuca confirmo que radicó una denuncia por el delito de “amenazas de muerte”.

El abogado Marcelo Hertzriken Velasco denunció ante el Colegio de Abogados a su propio colega, Nicolás Suárez Colman, al entender que se “inmiscuyó” en un proceso con el objetivo de continuar con el patrocinio de un vecino de Roca, quien perdió a su esposa en un caso de mala praxis que ocurrió en el hospital Francisco López Lima.

La nota fue presentada ante el Tribunal de Conducta donde Hertzriken Velasco solicitó no sólo la investigación sino también la sanción de su colega “por inmiscuirse, a sabiendas, que el letrado interviniente de la querella en autos ALVAREZ CANTUARIAS, VICTOR ISRAEL S/HOMICIDIO CULPOSO” era él.

En la presentación, el abogado asegura que Suárez Colman asumió el patrocinio del marido de la víctima sin haber sido revocado previamente el que tenía con su estudio jurídico, “sin haber mediado la comunicación de estilo que entre colegas debe efectuarse”. Asegura que esta obligación “está prevista en el Código de Ética profesional que los letrados honramos diariamente”.

“El letrado Suárez conoce mi teléfono, mi estudio, mi mail y no había ninguna circunstancia contingente o de apuro, que autorizara excepcionalmente adoptar el temperamento, primero de inmiscuirse en asunto ajeno ofreciéndose frente a mi cliente Víctor Álvarez en estado de absoluta vulnerabilidad y luego de presentarse sin dar noticia al colega”, dijo en uno de los párrafos de la nota.

Y aseguró que “es una práctica desleal ante la inminencia investigativa del suscripto de formular cargos a los cuatro médicos, pedir detención por entorpecimiento investigativo y rechazar, a cambio de la impunidad absoluta de los cuatro galenos (médicos) cualquier indemnización económica”.

La situación judicial del cantante Axel podría agravarse, según lo confirmó el abogado José D´Antona, quien representa a la joven de Río Negro que lo denunció este miércoles por abuso sexual simple, ocurrido en 2017. Según el letrado, hay otros cuatro casos de mujeres que podrían denunciarlo en las próximas horas.

D´Antona, quien también representó a Calu Rivero en la demanda que Juan Darthés le inició por calumnias e injurias, explicó que tras el testimonio de la periodista Paula Galloni, quien contó que se sintió «incómoda» con el cantante durante una entrevista, «se inició todo un movimiento que hizo que se contactaran con ella varias personas» y que la panelista de Pampita Online (Net TV) se solidarizó con ellas ofreciéndoles un abogado.

El letrado explicó que hace cuatro semanas estas cinco mujeres se contactaron con él pero que esta semana solo una se animó a presentar la denuncia. «Las otras personas que se comunicaron no tomaron esa decisión. La víctima tiene tiempos particulares, queda en estado de shock por eso muchas veces denuncia años después o nunca», aclaró D´Antona.

De ser encontrado culpable, el abuso sexual simple puede tener una pena de hasta 4 años de prisión. Según describió el abogado, esta carátula describe «todos los tocamientos inapropiados que el código prevé», y aclaró: «De leve y no grave no tiene nada».

Sobre las causas que pueden llegar a ser noticia en las próximas horas, D´Antona afirmó que no puede garantizar que las otras mujeres se van a presentar ante la justicia.

De cara a la acusación formal por «violación agravada» que inició la justicia de Nicaragua esta semana contra Juan Dartés. D´Antona opinó: «Todos los ataques que recibió Calu Rivero y Thelma Fardin, que operaron como una especie de freno, hoy tienen un aliciente de decir que hay cosas que van llegando a un destino».

Además, explicó que la prueba por la cual se decidió dar este paso fue por la pericial psicológica. En esta línea, el letrado concluyó: «Las secuelas de Thelma Fardin están intactas y se pueden ver con una pericia psicológica».