El abogado Gastón Bordier, que el último miércoles denunció penalmente junto a su colega Cynthia Castro al ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, realizó un análisis sobre los motivos que derivaron en la denuncia al funcionario público.
Los abogados consideran que el ministro Massoni incumplió en reiteradas ocasiones con la ley y que violó sistemáticamente los derechos de la ciudadanía, cometiendo excesos y además imponiendo legislación en el territorio provincial, algo que está prohibido por la Constitución, ya que las leyes solo pueden ser emitidas o sancionadas por el Poder Legislativo, y en segunda instancia, por el Poder Ejecutivo a través de Decretos de Necesidad y Urgencia.
El abogado comodorense explicó que la denuncia presentada el miércoles amplía la cantidad de personas investigadas por la comisión de delitos. En total, los denunciados son cinco: el ministro de Seguridad, Federico Massoni, el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal, Federico Pérez Mariani, el ministro de Salud, Fabián Puratich, la subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud, Jimena Marcos, y el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini.
La polémica por los certificados de circulación de Massoni
“He visto la titulación que hicieron algunos medios sobre este tema. Quizá hablar de espionaje es un exceso en la interpretación, pero es algo cercano. Una de las acusaciones que hacemos, específicamente al ministro de Seguridad Massoni, a Pérez Mariani y al ministro Grazzini, tiene que ver con que, ellos, en la audiencia de Hábeas Corpus que se desarrolló en Trelew, fueron notificados in situ por la jueza de que debían cumplir con el protocolo nacional, con lo establecido en el decreto 297/20. Ese protocolo establecía que solo había un certificado de circulación válido en toda la República Argentina.
Nosotros hemos visto notas periodísticas en donde Grazzini y Massoni insistían con esto de que, en Chubut, primaba frente al certificado único de validez nacional, el certificado de Chubut para cualquier persona que circulara por la provincia, y que cualquiera que deseara ingresar a Chubut debía obtenerlo a través de dos plataformas digitales que estaban bajo la órbita del Ministerio de Seguridad”, señaló el letrado.
En esta línea de análisis, Bordier resaltó que, en determinado momento, durante una entrevista televisiva, el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal, Federico Pérez Mariani, afirmó que una de las plataformas podía incluso hacer geolocalización de personas.
“El ministro Grazzini luego receptó dentro del ministerio de Gobierno la plataforma que emitía los certificados de circulación para los automotores, esto, en violación del protocolo nacional.
Durante el momento más estricto de la cuarentena se persiguió a mucha gente. Hubo cerca de cuatro mil denuncias hechas por los agentes federales en los juzgados federales. Se persiguió a las personas por la presunta comisión de los delitos establecidos en los artículos 205 y 239 del Código Penal. Y acá viene la paradoja, ahora ellos son acusados por haber violado el artículo 239 del Código. Esta disposición, lo que penaliza es incumplir con una sentencia judicial.
Ellos se habían comprometido frente a la jueza a cumplir con el protocolo nacional. Pero desconocieron por completo que existía un solo certificado para todo el país. Entonces, violaron lo que se comprometieron a cumplir”, argumentó el abogado.
Fabián Puratich, el denunciado inesperado
En otro tramo de la entrevista con este diario, el abogado que el último miércoles denunció a cinco funcionarios del gabinete provincial puso el foco de análisis en el ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, y explicó por qué también fue denunciado.
“El único poder del Estado que puede emitir leyes con alcance general es el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo tiene prohibido esto como principio básico, no puede emitir normativa.
La Constitución Nacional solo lo autoriza en el Artículo 99, y en la Provincial en el 156, a emitir Decretos de Necesidad y Urgencia cuando por alguna cuestión de urgencia se deba sancionar un decreto de este tipo, pero esto es algo que debe ser debidamente fundamentado.
Si alguien puede fundar esa urgencia, esto es solamente otorgado en cabeza del titular del Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador. Esto es algo que nunca se delega, y de hecho está prohibido por la Constitución, en otras autoridades, en este caso ministros”, explicó Gastón Bordier.
En esta línea, el letrado indicó que los ministros, en tal caso, solamente pueden emitir normativa para el manejo interno de las carteras que conducen, pero nunca para toda la provincia. “La acusación se extiende a Puratich y Jimena Marcos porque hay una resolución conjunta que emiten Massoni y Puratich, que es la Nº 1542, en la que además empiezan a tener sustento el resto de las resoluciones emitidas por el ministro de Seguridad.
Acá no se trata de que nosotros tengamos algo en contra de los ministros, lo que estamos juzgando son las conductas como funcionarios públicos. No deben olvidar que tienen que respetar la Constitución”.
Además, Bordier destacó que en el caso puntual del ministro Massoni hay un agravante que, valga la redundancia, agrava todavía más su situación. El ministro de Seguridad es abogado, por lo tanto es un técnico del derecho, un absoluto conocedor de las mandas constitucionales y obligaciones legales que pesan sobre él.
Entonces, es ilógico que desconozca la Ley. “Al haberse formado como profesional, la pena es más rigurosa”, remató el abogado local.
