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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con cortar los fondos federales a las escuelas si no reanudan las clases presenciales a partir de otoño, al tiempo que criticó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) por no ser más firmes con las directrices que regulan este proceso.

«En Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia y en muchos otros países, las escuelas están abiertas sin problemas. Los demócratas piensan que sería malo para ellos políticamente si las escuelas estadounidenses abren antes de las elecciones de noviembre, pero es importante para los niños y las familias. ¡Podría cortar la financiación si no abren!», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

«No estoy de acuerdo con los CDC en sus muy difíciles y costosas pautas para reabrir las escuelas. Si bien quieren que se abran, están pidiendo a las escuelas que hagan cosas muy poco prácticas. ¡Me reuniré con ellos!», añadió.

El país norteamericano registró este miércoles un total de 3.009.611 contagios por coronavirus, según los datos presentados por la Universidad Johns Hopkins. Hasta la fecha, la pandemia en el país norteamericano ha dejado cerca de 131.600 víctimas mortales. El Instituto de Evaluación y Métrica de Salud de la Universidad de Washington estima que las muertes por la enfermedad en EE.UU. podrían llegar a la cifra de 208.255 para el 1 de noviembre.

 

La Fiscalía de Puerto Madryn coteja información brindada por dos policías al presidente de la Legislatura, que lo alertaban de que estarían armando una causa por drogas en su contra. El misterioso Renault Sandero negro en la puerta del domicilio del exintendente.

Un efectivo policial que trabaja en una dependencia pública en la zona cordillerana y otro que reviste en la ciudad de Rawson, enviaron varios mensajes de WhatsApp al vicegobernador Ricardo Sastre en los que lo alertaban sobre la presunta intención de algunas personas de armarle una causa por drogas en su contra para perjudicarlo políticamente.

Los hechos ocurrieron hace unos diez días y fueron denunciados de manera inmediata por el vicegobernador ante la Fiscalía de Puerto Madryn, aportando como pruebas los chats con estos dos policías que le hacían las advertencias de lo que se estaría gestando en su contra.

El fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, abrió una investigación por presuntas “amenazas” y según pudo confirmar Jornada, al menos uno de los efectivos policiales involucrados –el oriundo de la zona cordillerana- ya prestó declaración testimonial en sede judicial. El otro, según trascendió, estaría de vacaciones y será citado en los próximos días.

Según los primeros datos, no está probado que ambos policías se conozcan entre sí, aunque genera curiosidad que ambos advirtieran a Sastre de lo mismo.

El sargento primero de la Policía del Chubut que reviste en una localidad cordillerana, llegó hasta Madryn en los últimos días y no habría podido aportar muchos elementos sobre el origen de la información que le había mandado a Sastre vía WhatsApp.

El efectivo no pudo precisar quién le había pasado la información y sólo se limitó a decir que era una persona que conocía, que no recordaba su nombre ni tenía su teléfono. Que sólo lo había contactado en la Plaza de Esquel y que luego de darle esa información sobre la causa que alguien le quería armar a Sastre, decidió contárselo al vicegobernador.

Otras fuentes, en cambio, indican que este efectivo habría aportado la identidad del informante y que el mismo estaría o habría estado vinculado a alguna fuerza policial.

El misterioso Sandero negro

Algunos días después de la denuncia de Sastre en la Fiscalía de Madryn, el vicegobernador amplió la denuncia porque un nuevo suceso lo puso en alerta. Fue la semana pasada, cuando regresaba a su domicilio y divisó un auto Renault Sandero de color negro sin patente. Cuando Sastre sacó su celular para tomarle una foto, el vehículo partió raudo del lugar.

El hecho agregó más condimentos a la investigación pero este diario pudo confirmar de fuentes judiciales que pocos días después se habría confirmado que el vehículo en cuestión estaba siendo utilizado por personal del área de Drogas de la Policía del Chubut y estaba participando de un seguimiento pero a otra persona de Puerto Madryn que no era el vicegobernador, sino a alguien sospechado de vender drogas.

Desde la Justicia federal, en cambio, reativizan esa información y aseguran que no está confirmado que el Sandero negro haya estado participando de la persecusión de otro vehículo en el marco de una causa federal por drogas.

Lo que sí se pudo confirmar es que el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, se contactó en las últimas horas con el fiscal Báez para ponerse a disposición de la investigación judicial.

La causa por las presuntas amenazas se sigue sustanciando y ahora se espera que la declaración del segundo policía pueda aportar más datos sobre el origen de estos mensajes de advertencia al vicegobernador Sastre.

 

Luego de las recientes notas publicadas sobre el Diputado Manuel Pagliaroni, quien con sus comportamientos e historias ha dejado en manifiesto su Doble Moral, el día de hoy optó por amenazar a los hijos del propietario de Cholila Online por intermedio de su ex amante pensando que así nos van a silenciar.

“vos tenés hijos también, hijo de p…, algún día lo vas a pagar” expresó la mujer a través de un audio.

Una de las últimas alternativas que se estaba negociando es que se haga un dictamen a favor de este último proyecto y otro dictamen para aprobar el aumento anterior enviado por el Ejecutivo hace dos meses, que es de 50 mil pesos menos y no está enganchado a los salarios judiciales

El proyecto de la nueva Ley de Ministerios enviado por el gobierno es lo que sigue demorando aún la última sesión de la actual gestión de la Cámara de Diputados. A las 17 aún no se había convocado a Labor Parlamentaria porque no hay dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, debido a la falta de acuerdo de los diputados de la oposición en dar el voto al anexo 2 que estipula una suba salarial para la planta política, que además la engancha con los sueldos del Poder Judicial.

Una de las últimas alternativas que se estaba negociando es que se haga un dictamen a favor de este último proyecto y otro dictamen para aprobar el aumento anterior enviado por el Ejecutivo hace dos meses, que es de 50 mil pesos menos y no está enganchado a los salarios judiciales.

El poroteo previo indica que el gobierno reúne apenas 10 diputados, ya que hay tres oficialistas que estás ausentes por distintas cuestiones, por lo que corre el riesgo de que pongan ese punto en el último lugar del Orden del Día y la sesión quedé sin quórum, para sea tratada la nueva ley por la próxima Legislatura.

El momento más caliente de la tarde fue cuando un diputado del PJ que ahora sintoniza con el arcionismo, ingresó al bloque peronista y manifestó de parte del Ejecutivo que debía aprobar el proyecto completo o nada. Según las versiones de los espectadores, la situación se puso muy tensa cuando otro legislador le reclamó que no podía venir al bloque a «bajar línea» del gobierno de esa manera, generando una discusión que subió de tono y que casi deriva en enfrentamiento a trompadas que fue evitado por sus colegas.

Entre las muchas versiones de pasillo, algunas indican que en el fondo está la famosa discusión por la creación de cargos en la Oficina Anticorrupción y la falta de otros 12 cargos en la Defensoría del Pueblo, para la designación de personal por fuera del Convenio Colectivo, versión imposible de comprobar por el momento.

La cuestión a las 17,30 aún seguía trabada y sin horario probable de sesión, con incertidumbres sobre qué camino seguirá el tema de la Ley de Ministerios, que es uno de los 17 puntos del Orden del Día para una sesión que comenzará muy tarde. Cómo ya informó ADNSUR, el gobierno tiene preparado un DNU para que sea firmado mañana mismo si es que la ley no es aprobada, para que el nuevo organigrama sea puesto en vigencia de manera inmediata el próximo lunes, con la nueva escala salarial.

Uno de los empleados de la Unidad Gobernador que conducía el entonces subsecretario Diego Correa, dio cuenta de las intimidaciones y las tareas bajo amenazas que sufrían los empleados de esa dependencia por orden de quien es el jefe de la asociación ilícita que ahora está sometida a juicio oral por la llamada causa “Embrujo”. También albañiles que trabajaban en Casa de Gobierno pero que recibían horas extras a cambio de trabajar en la casa particular de Correa, manifestaron sentirse amenazados.

Las declaraciones de los testigos se realizaron cerca del mediodía de este jueves en la tercera jornada del juicio oral que se realiza en la sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson.

Alexis Gabra formó la empresa Sepat SRL siendo empleado del Banco Río. Lo hizo para poder facturar la venta de ladrillos que realizaba por la tarde. Al comenzar a trabajar en la Unidad Gobernador que conducía Diego Correa, decidió vender la empresa a su compañero de trabajo en ese lugar, Diego Luters. Lo hizo a través de su contador Diego Gatica. Se pactaron 90.000  pesos. “Antes de la venta de la empresa le vendí 3.600 ladrillos a Diego Correa. Los ladrillos fueron llevados a Playa Unión”, detalló.

Pero también Gabra dio cuenta de que en algunas oportunidades se sintió “intimidado” por sus superiores para la firma en especial de expedientes puntuales. Se refería a las presiones que recibía de Luters para elevar expedientes vinculados con la necesidad de determinados contrataciones para reparar las viviendas oficiales. Dio cuenta de que las presiones eran de Luters pero se originaban en Correa. “El trato en el día a día cambiaba. Sentí que si no firmaba me quedaba sin trabajo”, dijo al Tribunal del Juicio. “Todos los empleados vivíamos bajo esa amenaza. Nos iban a echar y lo escuché de boca de Diego Correa desde una oficina continua”, detalló ante una pregunta puntual del querellante Eduardo Hualpa. “Luters no se negaba a cumplir las tareas que pedía Correa, pero si nosotros nos negábamos, podíamos perder el trabajo”, agregó.

Militancia

Sin que las partes le pregunten, el testigo Andrés López contó que para trabajar en casa de Gobierno “tuve cinco años realizando tareas de militancia para Mario Das Neves. A Chito Alarcón le dije que necesitaba trabajo porque me cagué de frío militando. A Luters le agradezco porque me dio el trabajo”, indicó.

Trabaja en la Unidad Gobernador en tareas de mantenimiento desde hace tres años. Por orden de Luters, realizó tareas de pintura en la casa particular de Diego Correa en Playa Unión. Dijo que le advirtió a Luters que no correspondía  trabajar en una casa particular. “Como te pusimos te sacamos, me dijo Luters y yo con una nena de tres meses, tuve miedo de quedarme sin trabajo. Lo tomé como una amenaza”, dijo. Agregó que “nos pagaron con horas extras mediante el cajero automático”.

La madre de Pablo Báez era empleada en la casa de Diego Correa. A través de ella el ex funcionario ahora imputado, hizo ingresar al joven que se hallaba desocupado. Las tareas serían las de mantenimiento en la Casa de Gobierno, bajo las órdenes de otro de los imputados, Diego Luters, secretario de Correa. Trabajaba por la tarde especialmente en tareas de pintura. No recordó con claridad donde quedaba la casa de dos plantas donde también le encomendaron que realice tareas de pintura. Jorge Hugues fue otro testigo de la jornada que declaró para dar cuenta de sus trabajos de albañilería, en este caso,  bajo las órdenes de otro de los imputados “Tato” Ramón.

Por su parte Juan Luden dio cuenta de haber comprado a Diego Correa una camioneta Toyota Hilux por la que pagó 600 mil pesos al contado. Fue en enero del año 2018 cuando la investigación ya estaba avanzada y según los fiscales el grupo había comenzado a deshacerse de sus bienes.

En una audiencia desarrollada en la sala de la cámara penal, sexto piso de los tribunales en Trelew, se acordó imponer el instituto de juicio abreviado para cinco acusados por robo y estafas con automóviles, tres de ellos ex integrantes de la fuerza policial. El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general jefa Silvia Pereira solicitó la pena de tres años de prisión en suspenso, la que finalmente fue impuesta en su resolución por el Juez Marcelo Nieto Di Biasse.

Celeridad y renuncia a impugnaciones

Se destaca la celeridad con la que se llevó adelante el proceso ya que en prácticamente veinte días se realizaron los procedimientos, se procedió a la apertura de investigación y la correspondiente elevación de la acusación, dando precisión y certeza de todo lo sucedido, de tal manera que los condenados reconocieron los hechos y renunciaron a cualquier posibilidad de impugnar la resolución del Juez Marcelo Nieto Di Biasse, quien observó las condiciones y dictó sentencia el mismo día de la audiencia, sin necesidad de utilizar los plazos fijados, por lo que la pena se ejecuta en forma inmediata

Hechos

De acuerdo a lo relatado por la doctora Pereira, se resalta el trabajo de investigación realizado por la Dirección Policial de investigaciones en coordinación con la fiscalía y surge de las actuaciones que Nahuel Ezequiel Bidera Arevalo, Barragan Desiree Celeste, Bertini Salinas Williams Javier Eduardo, Bertini Rivas Eduardo Jesus y Carlos Maria Arevalo, entre otros, tomaron parte de una asociación que se dedico a la comisión de ilícitos contra la propiedad: en su mayoría estafas, encubrimientos, hurto de automotores y amenazas, todo en relación a vehículos automotores .

Se indica que la actividad de la asociación se inicio al menos en el mes de enero y hasta el mes de mayo en que fueron detenidos, lapso en el cual cometieron un numero indeterminado de delitos, que constituían el objetivo de la asociación. Dichos ilícitos fueron perpetrados en las ciudades de Trelew, Puerto Madryn y Tecka. En ese interìn existió permanencia, planificación y acuerdo entre los miembros a los efectos de la comisión de los distintos hechos, cumpliendo cada uno un rol determinado con miras a la asociación. En esta estructura consolidada a efectos de lograr los fines criminales, cada uno de los integrantes contribuyó para que puedan apoderarse ilegítimamente de distintos vehículos, sacarlos de las ciudades donde se encontraban los damnificados en algunos casos, encargarse de la comercialización, todo destinado a efectuar transacciones y otros negocios fraudulentos con los vehículos.

Con respecto a los roles de cada uno de los integrantes, Nahuel Ezequiel Bidera Arevalo, vendía o permutaba vehículos sustraídos por otros automotores con documentación de origen legal, siempre negociando a menor precio que en el mercado legal y ofreciendo facilidades de pago, para ello, engañaba a las víctimas refiriendo su estado policial. Posteriormente, a través de la red social Facebook junto a los demás integrantes de la organización, utilizando perfiles de los miembros y de sus teléfonos celulares, llevaban adelante operaciones espureas. Su pareja Barragan Desiree Celeste, aportaba el rodado donde se conducían a contactar a las víctimas, y amenazaba posteriormente a las mismas manifestándole que era policía, y que le iba a pedir el secuestro del rodado en caso que no hicieran lo que la asociación quisiera.

Por su parte, Eduardo Javier Bertini Williams, junto a su padre Eduardo Jesus Bertini Rivas, ocultaban los vehículos sustraídos en el patio de su propiedad sita en Santa Fe Norte de Trelew, y en el caso de Bertini (h) se encontraron tres llaves de dichos vehículos en su poder; mientras Bertini Jesus, vendio la casilla propiedad de Carlos Vera, la que también oculto en el patio de su casa, sin conocimiento de su titular, publicando la misma en la red social Facebok. En tanto Carlos Maria Arevalo, participaba de las estafas de al menos en cinco de los seis hechos, haciéndose pasar por nombres supuestos del vehiculo sustraído y comercializado en la localidad de Tecka, y a su vez engañaba a las mismas a través de las transacciones que realizaba, y en algunos casos amenazaba a la víctima, al igual que Eduardo Jesus Bertini Rivas y Pamela Barragan. Aportaba también el teléfono celular, para que Nahuel Ezequiel Bidera, concretara las estafas y luego cuando las víctimas llamaban, decía desconocerlas, facilitando asi el ocultamiento de Nahuel Ezequiel Bidera, como vendedor. Esta forma de actuar de los integrantes de la banda se ha constatado en al menos seis hechos.

Condenas

De esta manera, el Juez Marcelo Nieto Di Biase, teniendo en cuenta el reconocimiento de los hechos y el acuerdo de partes hizo lugar a la solicitud fiscal y determinó la pena de tres años de prisión en suspenso mas el pago de costas consistente en 42 JUS, lo que implica un importe de cerca de 75 mil pesos que deberán abonar en el término de diez días. También la pena implica la prohibición de acercamiento y cualquier tipo de contacto con las víctimas y la firma en la oficina de ejecución cada tres meses, dejándose aclarado que cualquier violación a los requisitos impuestos significará la inmediata detención y cumplimiento de la pena en forma efectiva.

Calificaciones

Así, Nahuel Bidera fue condenado por ser miembro de asociación ilícita en concurso real con estafas reiteradas, tres hechos, en concurso real con encubrimiento, dos hechos; Bertini Salinas Williams como miembro de asociación ilícita en concurso real con encubrimiento, dos hechos en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego, en concurso real con estafa, un hecho; Eduardo Bertini Rivas, miembro de asociación ilícita en concurso real con amenazas, en concurso real con estafa, un hecho; Pamela Desiree Barragán, miembra de asociación ilícita en concurso real con amenazas y en concurso real con estafa, un hecho y Carlos Arévalo, miembro de asociación ilícita en concurso real con estafa, un hecho, en concurso real con amenazas. Cabe destacar que todos fueron defendidos por el abogado Abdón Manyauik.

Esta tarde debieron cerrar Constitución y Retiro durante más de una hora por tres llamadas recibidas al 911. Este lunes fue detenido un hombre acusado de realizar al menos nueve amenazas telefónicas en el Sarmiento.

Las amenazas de bomba en estaciones de trenes se convirtieron en algo dramáticamente habitual. Este lunes por tres llamados al 911 tuvieron cerrar la estaciones Constitución y Retiro durante algo más una hora.

Entre las 16.20 y las 17.40 los cinco ramales eléctricos de la línea Roca fueron interrumpidos. En la línea Mitre, los ramales Bartolomé Mitre y José León Suárez circularon con recorrido reducido hasta la estación 3 de febrero y el ramal Tigre, hasta Belgrano C. Hubo más de 150 mil pasajeros afectados.

De acuerdo a un comunicado de Trenes Argentinos Operaciones, los avisos fueron recibidos por un llamado a la línea 911 a las 16.20 y estas amenazas se suman a las 27 que se produjeron durante los últimos 60 días en distintas estaciones de las líneas Roca, Mitre, San Martín y Sarmiento.

Como en los anteriores episodios, debió llevarse a cabo el protocolo especial de investigación a cargo de la División de Investigaciones de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal. Luego de recibida la amenaza, la justicia determina los pasos a seguir y establece el cierre total o parcial de la estación en cuestión. Mientras que, el juzgado correspondiente toma intervención con el objetivo de identificar a los autores de los llamados.

El 7 de mayo se identificó al autor de las amenazas de bomba en los trenes Roca y Mitre del último 30 de abril, siendo este un detenido por robo agravado. Anteriormente, el 25 de abril, se había detenido a un adolescente acusado de haber sido el autor de las llamadas intimidantes a la estación de Constitución el día 23 en 2 oportunidades.

Además, este lunes un hombre acusado de realizar al menos nueve amenazas telefónicas de bomba el mes pasado en el ferrocarril Sarmiento fue detenido por la Policía Federal. De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Seguridad, se trata de un hombre de 28 años que reside en Merlo y, al realizar un allanamiento a su vivienda, se encontró el teléfono celular desde donde se realizaron las amenazas.

Detuvimos en #Merlo al autor de las amenazas de bomba en el Ferrocarril Sarmiento. Llamó más de 9 veces. No vamos a permitir que alguien crea que puede asustar a la gente sin tener consecuencias. Ningún acto de este tipo va a quedar impune. Así lo trasladaba la @PFAOficial.

Las tareas de investigación determinaron que el hombre, para no ser detectado, extraía el chip y realizaba llamados desde distintos sitios. El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal 1 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez.

Además de las amenazas de bomba en las estaciones d trenes, esta mañana se habían recibido también amenazas en la Casa Rosada y en el edificio Anexo del Congreso de la Nación.

 

Clarin

Por pedido del Ministerio Publico Fiscal, el juez Daniel Pérez, dispuso la apertura de investigación preparatoria de juicio contra Damián Enrique Ludden (28) como presunto autor de los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas, lesiones agravadas por haber sido cometidas contra una persona con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja y privación ilegal de la libertad, agravadas por haber  sido cometidas con amenazas.  El joven fue denunciado por su ex pareja a raíz de un hecho ocurrido en octubre del año pasado. La fiscalía obtuvo un plazo de seis meses para concluir la etapa de investigación.

En la sala de audiencias de la oficina judicial se realizo una audiencia de apertura de la investigación. El acto fue presidido por el juez  Daniel Pérez. En representación de la fiscalía asistió el funcionario Julio Herrera. El imputado tuvo la asistencia legal del abogado de la defensa Publica, Marcelo Catalano.

En la ocasión, Herrera relato que los hechos que investigara ocurrieron el 19 de octubre del 2018 a las 21:00, en un domicilio ubicado sobre la calle Eladio Martin.

Según consta en la denuncia en esa oportunidad, Ludden mantuvo un altercado con su ex pareja. En consecuencia,  la mujer fue agredida mediante golpes y patadas que recibió en distintas partes del cuerpo.

Asimismo, se indico que en un momento la victima logro liberarse del ataque  e intento irse de esa vivienda. En este contexto, el imputado habría exhibido un arma de fuego y le habría manifestado «Te voy a matar, a mi nena no te la vas a llevar, si vos no te venís conmigo, te vuelo la cabeza».

El investigador, señalo que  Ludden  golpeo nuevamente a su ex pareja. Esta vez, la tomo del cabello, la arrastro a un vehículo, la obligo a subir y dieron vueltas por las calles  de la zona céntrica.

En esa circunstancia, la víctima le pidió al agresor que la lleve a la casa de su madre. Ludden le respondió » Yo te llevo, pero si llega a salir tu mama, le voy a volar la cabeza de una piña a tu mama y te voy a cagar a tiros la casa».

Ante este panorama, la mujer desistió de su pedido y se dirigieron a la vivienda de la hermana del procesado. Asimismo, decidieron que  la madre del sospechoso acudiera al lugar. Allí el imputado decidido llevarse a su hija. En tanto,  la victima quedo encerrada durante una hora y media, en la casa del atacante.

Cuando Ludden regreso, lo hizo en compañía de sus padres. Ellos intervinieron para evitar que el joven,  continuara golpeando a la madre de su hija.

En este orden, la parte acusadora señalo que la victima logro dirigirse a la comisaria en compañía de una amiga,  y radicar la denuncia. En ese momento, la madre de la denunciante, recibió un llamado telefónico de Ludden. Según  el relato de la mujer, el procesado le realizo nuevas amenazas, concluyendo » te voy a reventar la casa».

Finalmente, el funcionario de Fiscalía, indicio que las lesiones que sufrió la victima fueron certificadas por un médico  del Hospital local.

Con respecto a la calificación legal, Herrera planteo que se debe investigar a Ludden como presunto autor de  el delito de amenazas agravadas por el uso de armas, lesiones agravadas por haber sido cometidas contra una persona con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja y privación ilegal de la libertad, agravadas por haber  sido cometidas con amenazas, en calidad de autor (Artículos 149 bis, 89 en función de lo previsto en el art. 80 inciso 1° y 92 y 142 inciso 1° y 45 del Código Penal).

Asimismo requirió un plazo de investigación de seis meses. También peticiono que el imputado se traslade a las oficinas del área de criminalística, a los fines de su correcta identificación.

A su turno,  el imputado utilizo su derecho a declarar en esta etapa del proceso. En este sentido, manifestó que «tuvimos una relación de cuatro años y en ese periodo nació nuestra hija. Luego dejamos de coincidir y decidimos separarnos».

En este orden, agrego que en la ocasión del hecho investigado,  su ex pareja había ingresado a su domicilio y lo había agredido físicamente. En este sentido, describió situaciones conflictivas vinculadas con la actitud de su ex pareja, en el marco de la crianza de su hija.

El abogado defensor Catalano,  se expidió sobre la pieza de apertura, señalando que la misma adolece de muchos vicios. En función de esta definición, se opuso a la formalización de la apertura.

Después de escuchar las versiones  y pedidos de las partes, el magistrado resolvió: tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra Damián Ludden,  en orden a los hechos descriptos por el funcionario Herrera.

También hizo lugar a la  calificación legal provisoria escogida por los investigadores y el plazo de seis meses de investigación. Por último, dispuso que el imputado se presente en el área de criminalística para que se le aplique el protocolo único de identificación de personal.

En el día de ayer la Brigada de Investigaciones concretó tres allanamientos en distintos barrios de la zona sur por amenazas con armas de fuego ocurridas el pasado 12 de marzo. El resultado del operativo fue el retiro de circulación de una escopeta.

Ayer de manera simultánea la Brigada de Investigaciones desplegó tres allanamientos en el barrio Máximo Abásolo. Los mismos se concentraron en las calles: Anibal Troilo y Luís Sandrini del barrio Maximo Abasolo, allí se requiso la vivienda de la familia Cerroria. El segundo procedimiento ocurrió en la calle Gansos Verdes al 4000 donde reside la familia Maldonado y el último procedimiento se dio en la intersección de las calles Malvinas y Sarmiento.

Cabe señalar que los tres procedimientos fueron autorizados por funcionario de Fiscalia Dr. Cristian Olazábal y autorizadas por el Juez Penal Dr. Jorge Odorisio, todos estaban vinculados a una denuncia radicada el pasado 12 de marzo por amenazas con armas de fuego.

El resultado de los allanamientos fueron el secuestro de un arma, una escopeta calibre 26 y municiones de diferentes calibres.

El Patagónico

Dijo que en una marcha realizada en enero una persona se la acercó y le dijo «que no siga con las marchas y con los papeles porque iba a terminar igual que él».

Con el acompañamiento de la APDH, la Multisectorial contra la represión y los gremios de la CTA, la madre de Rafael Nahuel denunció este viernes que fue amenazada de de muerte por un desconocido durante la última marcha para pedir justicia por la muerte de su hijo.

Graciela Salvo contó entre sollozos que vive un dolor muy grande por el crimen de Rafael, ocurrido en noviembre de 2017 en Mascardi y que a esa angustia se sumaron ahora las amenazas.

Dijo que el pasado 25 de enero al llegar a la esquina de Moreno y Beschtedt «un hombre mayor, morocho y de baja estatura” se le acercó mientras portaba una bandera y le advirtió «que no siga con las marchas y con los papeles porque iba a terminar igual que él».

Rafael fue baleado por la espalda el 25 de noviembre de 2017 durante un operativo de represión de Prefectura, por el cual hay varios efectivos procesados con una acusación por homicidio en legítima defensa. Ninguno está detenido.

La Justicia también procesó a Fausto Horacio Jones Huala (hermano de Facundo Jones Huala condenado en Chile) y a Lautaro Alejandro González como coautores penalmente responsables de los delitos de usurpación y atentado contra la autoridad agravado por haberse cometido a mano armada.

Salvo aseguró que no van a retroceder con su reclamo. «Rafita era un chico joven y no podían arrebatarle la vida así -afirmó-. Yo no voy a bajar los brazos hasta conseguir justicia».

La mujer se presentó acompañada de su marido, la abogada de la APDH Natalia Araya, y varios referentes de las organizaciones que apoyan su reclamo.

La letrada dijo que todavía no presentaron denuncia a la fiscalía, confió en poder identificar al sujeto que realizó las amenazas y pidió a los medios de prensa que, si las tienen, les faciliten imágenes de la marcha.

 

Diario Río Negro